"La culpa es de Madrid, es evidente. Por eso queremos ser independientes". Es lo que expresó el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sobre los nuevos brotes de coronavirus registrados en los últimos días en Cataluña. Después de pasar meses asegurando que si el Govern tuviese plena autonomía para tomar medidas la extensión de la pandemia hubiese sido menor, el Ejecutivo catalán se enfrenta ahora a una escalada de contagios que avanza sin control y que pone contra las cuerdas la coalición de JxCat con ERC, con unas elecciones ya en el horizonte.
Cerca de 200.000 personas permanecen confinadas en una comarca de Lérida, convertida en uno de los principales focos de contagio de todo el país. Este viernes se notificaron más de 700 nuevos casos en la Comunidad, que ha terminado por imponer el uso obligatorio de la mascarilla en todos los lugares y circunstancias. No en vano, Cataluña que lleva desde el pasado mes de mayo sin un responsable al frente de la secretaría de Salud Pública de la Generalitat, tras la dimisión de Joan Guix.
La diferencia es que tras la finalización del estado de alarma, todas las competencias han vuelto a manos del Ejecutivo regional. Sin embargo, las cifras de contagios son alarmantes y toda la oposición echa en cara al Govern su falta de previsión. Las autoridades catalanas no tomaron medidas de prevención y planificación ante la campaña de la fruta, donde más incidencia ha tenido el repunte de casos.
La gestión y la transparencia también ha sido muy cuestionada y ha puesto en la picota a la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergès (ERC). Sólo 24 horas después de descartar el aislamiento de la comarca del Segriá y apelar a la responsabilidad de los ciudadanos, acabó teniendo que aceptar la decisión de Torra de confinar el territorio.
En el ámbito sanitario, está tratando de paliar el déficit de personal de las plantillas con voluntarios del resto del territorio. Se necesitan sobre todo especialistas en neumología o en medicina intensiva y personal de enfermería.
Asimismo, el rastreo de contactos también ha sido una operación fallida. El Govern decidió inicialmente externalizar el servicio en un call-center gestionado por la empresa Ferrovial por importe de 18 millones de euros. Finalmente, intentó dar marcha atrás y delegar el control en Atención Primaria.
La gestión de las residencias es el otro gran foco de crítica al Govern. Aunque el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, se ha librado de ser reprobado por el Parlament, una comisión investigará la gestión de los centros sanitarios.
Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez permanece a la espera. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, conoce bien el terreno, aunque de momento ha evitado tomar cualquier medida que pueda abrir un nuevo frente político con el independentismo catalán. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, afeó en rueda de prensa que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, dijese que habría preferido que la Generalitat "confinara antes".
