Se llama Steve Russell y, hasta ahora, era un empresario irlandés de éxito asentado en España. Hace unos años copó las portadas de los periódicos andaluces porque desde una pequeña empresa de importación y exportación y con un plantilla de sólo tres trabajadores había sido capaz de facturar en un año más de 1.000 millones de euros. Hoy, sin embargo, se encuentra detenido. La Guardia Civil le ha arrestado como presunto líder de una de las mayores redes de contrabando de tabaco desmantelada nunca en Europa. Hay otros doce detenidos, todos ellos empresarios. La 'Operación Cumpai' ha permitido incautar 2,6 millones de cajetillas, en su totalidad de segundas marcas de los grandes fabricantes, que acababan de entrar en el continente por distintos puertos en contenedores que ocultaban su verdadero contenido como si en su interior se transportase tierra para campos de tenis.
La 'Operación Cumpai' se inició en agosto del año pasado, cuando los agentes del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibió información sobre la existencia de una red de contrabando asentada en el sur de España que surtía de tabaco tanto a la península como a otros países europeos, principalmente Reino Unido. Las pesquisas permitieron identificar como presunto cabecilla de la trama a Russell, quien se había asentado hace años en Marbella tras hacer fortuna con la introducción en nuestro país de los célebres 'buscas'. El irlandés, que actualmente tenía una mercantil de importación/exportación con domicilio en un polígono industrial de la localidad malagueña, había montado, sin embargo, una amplia trama que le permitía importar desde países asiáticos, principalmente India y Dubai, diez contenedores mensuales repletos de tabaco. Los hacía pasar por la frontera como si fueran otros productos para no pagar aranceles.
Para ello, contaba con la colaboración de un ciudadano jordano que, en su país, facilitaba a la organización la documentación falsa que le permitía presentar el contenido de los envíos como si fueran otras mercancías, entre ellos fresas congeladas y tierra para campos de tenis. Una vez falsificados los papeles del cargamento, este partía rumbo a varios puertos de Europa, entre ellos los de Algeciras, Valencia, Lisboa (Portugal) y Amberes (Holanda), así como el de Tánger, en el norte de Marruecos. Con la mercancía ya en España, la red ocultaba las cajetillas en naves que alquilaba por cortos espacios de tiempo por toda la península antes de su venta a distribuidores al por mayor tanto en nuestro país como en otros lugares de Europa. Por cada contenedor, que en origen les costaba entre 110.000 y 130.000 euros, Russell y sus hombres obtenían un beneficio de 600.000 euros. Cuando sus clientes los colocaban entre los consumidores, el valor final había ascendido a 1,1 millones. Cada mes, la red era capaz de introducir un mínimo de diez. Un volumen que convierte a la red ahora desarticulada por la Guardia Civil en una de las mayores que operaba en Europa.
Otros doce detenidos
Junto al empresario irlandés, los agentes de la UCO han arrestado al británico Dennis O'Brien, considerado por los investigadores como su mano derecha, un ciudadano belga y otros diez españoles, todos ellos empresarios, en Cádiz, Málaga, Córdoba, Sevilla, Valencia y Santa Cruz de Tenerife. Además, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, que dirige las pesquisas, ha emitido cuatro órdenes internacionales de detención contra otros tantos integrantes de la trama asentados en distintos países. Según fuentes de la investigación, los miembros de la red adoptaban grandes medidas de seguridad cuando negociaban tanto la compra de los contenedores como su posterior venta. De hecho, nunca contactaban por teléfono. Eran capaces de desplazarse por toda España y Europa, incluso hasta Chipre, para mantener reuniones, siempre en cafeterías y centros comerciales, donde concretaban los detalles de los envíos. Durante el almacenaje del tabaco en España, la red también adoptaba grandes medidas de seguridad que incluían numerosas contra vigilancias en los recorridos de los camiones para detectar si éstos eran seguidos por las Fuerzas de Seguridad en su camino a las naves. La red había montado también una amplia estructura de empresas fantasmas a nombres de testaferros a cuyo nombre ponían los envíos y que, además, les servían para blanquear los ingentes beneficios que obtenían. A veces, incluso utilizaban datos de mercantiles legales sin conocimiento de sus verdaderos dueños para evitar ser detectados. Gran parte de los beneficios partía luego rumbo a paraísos fiscales, entre ellos Suiza.
