La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría rehuyó el viernes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, dar una brizna de información sobre la finca La Angorrilla, donde durante cinco años ha estado viviendo, se supone que de gorra o gorrilla, la amante del Rey de España, la tal Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Un día antes supimos que Patrimonio Nacional (organismo público que custodia los bienes propiedad del Estado afectos al uso y servicio del Rey y su familia), propietario de la finca sita en el monte de El Pardo, ciervos y encinas, zona vigilada de acceso restringido, a un kilómetro de La Zarzuela, había invertido más de dos millones de euros en las obras de mejora necesarias para dejar casa y jardín al gusto de tan exuberante “princesa”. Escándalo sobre escándalo, no es que el Rey haya tenido a su “fraternal amistad” prácticamente en la cocina de Palacio durante esos cinco años, no; es que el Gobierno, de común acuerdo con la oposición, ha decidido cubrir con un manto de silencio los tejemanejes reales, las novias reales y, lo que es peor, los dineros reales, aunque esas obras se hayan sufragado con dinero público.
¿Qué hace el Gobierno empeñado en sacar adelante una Ley de Transparencia –que por cierto debería incluir también a la Casa del Rey, y naturalmente a Patrimonio Nacional–, cuando muestra tal olímpico desprecio por el derecho de los ciudadanos a saber? Teatro, puro teatro. La cuestión, con todo, no debería extrañar cuando asistimos al diario espectáculo de impudicia que supone ver al Ejecutivo y al partido que lo sostiene con sus partes pudendas en el puño de un señor, su extesorero, que los tiene en un sinvivir, y se ríe de ellos, y se mofa, y les presenta denuncia tras denuncia y, mientras tanto, el partido y el Gobierno callan, incapaces siquiera de nombrar a Bárcenas por su nombre y de escapar a la trampa mortal que les ha tendido. El extesorero guarda la lista de los donantes “anónimos” que han soltado la pasta, cuándo y cuánto han pagado, y al mismo tiempo conserva el listado de las buenas gentes del partido que “sobrecogieron”, con los correspondientes recibís. El cotejo temporal de aquellos donantes podría aclarar fácilmente qué favor, en forma de recalificación u otro, recibió el donante de turno a cambio del parné. Un escándalo sin otro arreglo posible que el pacto secreto en las sentinas del Estado.
¿Qué hace el Gobierno empeñado una Ley de Transparencia, cuando muestra tal desprecio por el derecho de los ciudadanos a saber?
Lo extraordinario del asunto es que este mismo Gobierno, que vive de sobresalto en sobresalto víctima de sus miserias, anunció también el viernes, por boca de Soraya, la creación de un grupo de trabajo presidido por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, para agilizar las reformas anticorrupción anunciadas por Rajoy –quien, por cierto, lleva un mes sin hacer una declaración– en el debate sobre el estado de la nación. Más que llamativo, el intento es enternecedor. Viene todo ello a cuento de algo que preocupa sobremanera a los pocos españoles con capacidad de discernir en los días de furia y ruido que vivimos: la incapacidad del Ejecutivo para afrontar con alguna determinación la crisis institucional –con la corrupción, empezando por la de la propia Corona y siguiendo por la de los partidos, como gran responsable, sin olvidar el problema catalán– puede poner en peligro los síntomas de recuperación que a duras penas se van abriendo paso en el invierno de este durísimo 2013, recuperación que podría mostrar sus primeras señales a finales de año. Poner en peligro la recuperación, cierto, e incluso hacerla fracasar, dilatando en el tiempo la salida de la crisis. Un problema de hondas repercusiones no solo políticas, sino sociales.
Una de las mejores semanas del Gobierno Rajoy
Si no fuera por el efecto devastador que semana tras semana produce ver al Gobierno enfangado hasta las orejas en la mierda de su propia corrupción, la semana que concluye podría haber sido una de las mejores de los casi quince meses de Gobierno Rajoy. Como este mismo sábado decía en este diario Manuel L. Torrents, los inversores han decidido ignorar por completo a los políticos, comenzando a descontar la recuperación. Superado el trauma del resultado de las elecciones italianas, la prima de riesgo española no solo no se ha disparado, sino que está a punto de situarse por debajo de la italiana; la bolsa, por su parte, sube de forma sostenida y las subastas de deuda –que han colocado ya el 40% de las necesidades financieras para este año– van viento en popa. Son parte de esos datos positivos que hacen prever un cambio de tendencia a finales de año, entre los que figura el conocido buen comportamiento de las exportaciones –en gran parte debida a las fuertes ganancias de competitividad y no solo a la caída de la demanda interna–; la creación de pymes –que, sin financiación bancaria, se orientan a sectores que nada tienen que ver con lo público–; la reestructuración del sistema financiero –con la laguna de la ausencia de crédito–; el saneamiento del sector privado –que no solo no destruye ya empleo, sino que está en disposición de crearlo con la ayuda de una Reforma Laboral que ha bajado el umbral de crecimiento necesario para ello– y algunas cosas más. Todas pueden hacer posible esa recuperación a finales de año –naturalmente con caída del PIB anual en el entorno del 1,2%– que inevitablemente será muy débil mientras no se normalice el flujo de crédito.
Es preciso meterle mano a las grandes partidas del gasto, con Pensiones y Desempleo a la cabeza
El punto negro de este Gobierno sigue siendo la política fiscal, que continúa mereciendo las críticas de una mayoría de expertos, en razón a su incapacidad técnica, falta de voluntad política o simple cobardía para recortar de verdad las partidas estructurales del gasto. A Cristóbal Montoro se lo recordaban esta misma semana desde Bruselas: no cabe hacerse trampas en el solitario y es preciso meterle mano a las grandes partidas del gasto, con Pensiones y Desempleo a la cabeza. Estamos ante una obviedad: si la Hacienda pública no puede hacer crecer los ingresos fiscales, tendrá que intervenir por el lado del gasto. Hay un dato revelador, que ayer exponía en este diario Antonio Maqueda: a pesar de que el gasto (bienes y personal) de las Administraciones Públicas se redujo en 2012 en 11.339 millones (un 5,1% interanual, dato sin precedentes en España, y récord histórico a nivel OCDE para un país desarrollado y en recesión), la Seguridad Social registró al cierre del ejercicio y en términos de contabilidad nacional un déficit de 10.131 millones, equivalente al 0,96% del PIB. Lo que quiere decir que el déficit generado en 2012 por la Seguridad Social se comió casi el 90% del ahorro (obtenido con sangre, sudor y lágrimas) logrado en el gasto de las Administraciones Públicas. El corolario es sencillo: o bien somos capaces de lograr el milagro de ahorrar esos 11.000 millones largos en consumo público de forma recurrente, o no habrá más remedio que meter la tijera en los costes crecientes de la Seguridad Social. Así de simple.
Condenado al ajuste sin fin
En el sexto año de una crisis económica sin precedentes, este Gobierno sigue siendo incapaz de hacer el trabajo de forma integral y definitiva, de manera que todas sus iniciativas llevan el sello de lo tarde, mal y nunca, y ello sin que esos miedos le liberen del desgaste que soporta en términos electorales, y del sufrimiento social que esas dilaciones ocasionan. Cual moderno Sísifo (“No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible”) Rajoy parece condenado a empujar eternamente montaña arriba el peñasco del colosal ajuste que requiere la economía española solo para, a punto de alcanzar la cima, verlo de nuevo rodar cuesta abajo hasta el valle. Condenado por su incapacidad para culminar el ajuste de una vez por todas. Después de haber invertido ingentes sumas en el saneamiento de las Cajas, el Ejecutivo tiene ahora la posibilidad –como esta semana escribía aquí Manuel Muela- de crear un grupo bancario público, Bankia, CatalunyaCaixa y demás, capaz de irrumpir de forma decisiva en el mercado del crédito para reactivar la economía, ello antes de proceder, en el momento oportuno, a su venta en pública subasta. No lo hará: se lo prohíbe esa fe liberal que nunca ha profesado y, sobre todo, los Botines y compañía, esos banqueros privados que generosamente financian a los partidos sin exigir nunca la devolución de los créditos.
Volvemos al principio: Es la corrupción, con todo, el ingrediente básico del drama español que con mayor fuerza amenaza ahora la posibilidad de una pronta salida de la crisis. “Los mercados parecen fiarlo todo a la mayoría absoluta del PP como elemento estabilizador de la situación española, y de momento en Londres muy pocos preguntan por Bárcenas y por las correrías del Monarca, pero qué duda cabe de que la corrupción podría convertirse en una seria rémora para la recuperación económica española”, asegura un gran empresario que acaba de visitar algunas grandes plazas financieras. Y es que la economía española necesita crédito y confianza para empezar a crecer, cierto, pero, por encima de todo, lo que los españoles necesitan es un rearme ético, cívico y moral que les haga volver a creer en sí mismos y les muestre el camino de un futuro mejor.
