El Gobierno coló en el Congreso de los Diputados una propuesta que supondría la reducción de una cuarentena de presos de ETA, algunos de ellos con delitos de sangre, al computar el tiempo que pasaron en cárceles francesas. Una decisión cargada de polémica y que ha suscitado un terremoto de gran magnitud en el espectro político, toda vez que la oposición de Partido Popular y Vox también dieron luz verde a la iniciativa.
La crisis ha alcanzado de pleno también a las asociaciones de víctimas del terrorismo. Este martes, en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo celebrada en el Palacio de Congresos de Vitoria-Gasteiz, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, plantó cara al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: “Le he dicho que estamos hartos de que nos mientan y que no tienen vergüenza”.
Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), asevera que se está cumpliendo con la “hoja de ruta” y las exigencias de ETA de “vaciar las cárceles”: “Todo se resume siempre en impunidad con los presos de ETA y un ataque más al derecho a la justicia de las víctimas”, apuntó su presidenta, Consuelo Ordóñez, en el marco del mismo acto institucional.
La indignación de las víctimas no sólo se sostiene en el movimiento político -que recoge una reivindicación histórica de EH Bildu- que beneficiaría a una cuarentena de presos de ETA; entre otros, los sanguinarios Xabier García Gaztelu, alias Txapote, José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, o Juan Carlos Iglesias Chuzas, alias Gadafi.
La carta a las víctimas
El malestar también apunta a las “mentiras” del ministro del Interior. En el año 2022, la AVT presentó un informe en el que alertaba que una maniobra política como la que ya se ha ejecutado permitiría las reducciones de condena a decenas de presos de ETA. El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska remitió entonces un correo electrónico a las asociaciones de víctimas negando la mayor, asegurando que nunca se adoptaría una decisión en este sentido, que este mismo miércoles ha presentado desde la tribuna el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Vozpópuli ha tenido acceso al original.
La remitente de dicho correo fue un alto cargo de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, departamento que depende del Ministerio del Interior, y está fechado el 1 de febrero de 2022, a las 14.31 horas. “Estimados/as Presidentes/as y Gerentes de las Asociaciones y Fundaciones de Víctimas del Terrorismo”, rezaba el encabezado del correo, que tiene el membrete del Ministerio.
El Ministerio del Interior señalaba que, “a raíz de lo publicado en algunos medios de comunicación, sobre la inclusión en el Plan Anual Normativo del Anteproyecto de Ley para modificar la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea”, había trasladado una consulta al Ministerio de Justicia para medir “el alcance del citado anteproyecto”.
A renglón seguido, el Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, aseguraba que la propuesta respondía “al cumplimiento de la obligación de transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/884, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en el que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la Decisión 2009/316/JAI del Consejo (Directiva ECRIS)”.
Así, el Ministerio del Interior desvelaba que Justicia estaba trabajando un Anteproyecto de Ley que modificaba la LO 7/2014, de 12 de noviembre, en cuestiones relacionadas con el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS): “Es decir, solo en cuestiones que afectan al intercambio de información sobre antecedentes penales entre el Registro Central de Penados y las autoridades responsables de los registros nacionales de los Estados miembros”.
El Ministerio aseguraba a las víctimas del terrorismo que no existía “ninguna iniciativa” para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea.
Y limitaba la transposición de la directiva europea a “avanzar” en la interoperabilidad de bases de datos con otros países de la UE, particularmente en lo que se refiere a los registros de antecedentes penales, con el objetivo de “promover y agilizar” la cooperación jurídica entre los países en la lucha contra la delincuencia.
