"Hola Maite, siguiendo las instrucciones de Carlos te envío algunos productos que tenemos disponibles y listos para enviar por avión a terminal cargo Barajas". Con esta presentación, el empresario Luis Medina se dirigió al consistorio madrileño para ofrecer el suministro de mascarillas y demás material sanitario en pleno arranque de la pandemia. El consistorio ha aportado al juzgado las comunicaciones intercambiadas antes de cerrar este contrato que probarían que Luis Medina se dirigió a ellos a través del correo electrónico genérico y no por terceras personas.
Esta documental que se incorpora ahora al sumario del caso mascarillas recoge una serie de correos que Luis Medina envió a la Coordinación General el miércoles 18 de marzo de 2021. Tal y como han explicado algunos testigos que han declarado en la causa, el empresario contactó directamente con el correo cgalcaldia@madrid.es; dirección que se facilitó para canalizar las ofertas que llegaran de suministro de material sanitario. En su primera toma de contacto informó de que trabajaban directamente con fábricas y que vendían a Europa.
"Vendemos al Gobierno alemán y belga"
"Actualmente le estamos vendiendo al gobierno alemán y belga aquí en Europa. Sí quiero que tengas en cuenta el desinfectante. Viene de unas fábricas de US. Ellos están produciendo ahora exclusivamente para el ejército americano y hemos conseguido que su planta de Ohio nos sirva. Es el que se ha usado estos meses para la contención en Wuhan. Dime si hubiera otros productos que necesites. Trabajo directamente con las fabricas", reza el correo.
La comunicación iba dirigida a Matilde García, la coordinadora general de la Alcaldía de Madrid, cuyo nombre salió a relucir en la declaración en sede judicial del primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida Morales. Este abogado, citado en calidad de testigo para que aclarase si hubo trato de favor a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, dijo que él habló con el hijo de Naty Abascal y que le dio el correo genérico destinado a las ofertas de material sanitario. De esta forma trató de disipar cualquier sospecha de duda sobre la mediación en este asunto del alcalde José Luis Martínez-Almeida.
Medina vendió experiencia en el sector
Por ese motivo el magistrado Adolfo Carretero, que investiga si hubo delito con este contrato que costó al consistorio 11 millones de dólares así como el reparto de seis millones de dólares en comisiones entre Medina y Luceño, ya ha avanzado que citará a declarar como testigo a Matilde García, mano derecha del alcalde. Al respecto, la alto cargo del Ayuntamiento se podrá pronunciar acerca de estos correos que arrojan luz sobre cómo fue el inicio de este acuerdo comercial.
En el primero de ellos, enviado el 18 de marzo a las 13.39, Medina le aportaba también su teléfono personal para que le contactara directamente en aras a discutir esta oferta. Un día después, el 19 de marzo, volvió a contactar con Matilde García. En un correo que llevaba por asunto 'medical supplies', Medina trasladó a su interlocutora información sobre el material disponible. En este caso los empresarios facilitaron al Ayuntamiento el contacto con la empresa asiática Leno, que suministró mascarillas, guantes de nitrilo y test por 11 millones de dólares. De ellos, cinco fueron para Luceño y uno para Medina en concepto de comisiones.
Acto seguido, una de las empleadas del departamento de Coordinación General del Ayuntamiento de Madrid envió otro mail a una dirección interna dedicada a canalizar "ayuda para la covid" y puso en copia a la Coordinación General de Seguridad y Emergencias, según se desprende de toda esta documental que avanza La Razón y Ok Diario la que ha tenido acceso Vozpópuli. "Buenas tardes, Os paso esta propuesta de venta de material sanitario de Luis Medina Abascal. Un saludo", escribió.
De esta forma el consistorio, que está personado como acusación particular, defiende su tesis de que no hubo trato de favor a estos dos empresarios para que fueran ellos los que suministraran material sanitario en el arranque de la pandemia del coronavirus. Aunque las acusaciones populares que integran los partidos del Ayuntamiento insisten en que se investigue si Almedia medió para facilitar esta adjudicación, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el magistrado Adolfo Carretero ven indicios contra altos cargos del Ayuntamiento ni el primo de Martínez-Almeida por su gestión.
