El macrojuicio por el caso Pallerols, que debía comenzar este lunes en la Audiencia de Barcelona, se ha aplazado hasta mañana mientras las partes negocian un acuerdo que evite la celebración del proceso, en el que la Fiscalía reclama a UDC casi 200.000 euros como partícipe de la trama a título lucrativo.
Según han informado fuentes judiciales, la vista del caso Pallerols debía iniciarse a las 10:30 de hoy en la Audiencia de Barcelona, pero, antes de comenzar, los letrados de los procesados, acusaciones y defensas se han reunido para intentar alcanzar un acuerdo que evite la celebración del macrojuicio, que podría alargarse durante varios meses.
Fraude de 8,8 millones
Este entramado de supuesta corrupción está vinculado a un fraude en cursos de formación en la década de los noventa, en el que el fiscal reclama a Unió Democràtica (UDC) casi 200.000 euros como partícipe a título lucrativo. El caso Pallerols, que estalló al final de los años de gobierno de Jordi Pujol, sentará en el banquillo de los acusados -si no hay un acuerdo de última hora entre las partes- a seis procesados, entre ellos dos ex altos cargos de la consellería de Trabajo y a militantes de Unió, acusados de urdir una trama para desviar el 10% de las partidas para cursos de formación subvencionados por la Unión Europea, informa Efe.
La trama adjudicó supuestamente cursos de formación por 8,8 millones al empresario Pallerols a cambio de que les devolviera un 10% del importe, que iba a Unió
En su escrito de acusación provisional, el fiscal apunta que la trama adjudicó entre 1994 y 1999 cursos de formación por un total de 8,8 millones de euros desde el departamento de Trabajo, dirigido por UDC, a tres sociedades del empresario andorrano Fidel Pallerols, a cambio de que les devolviera un 10% del importe, que en buena parte acabó en las arcas de Unió.
Según el fiscal, el caso vino propiciado por una "confluencia de intereses" entre Fidel Pallerols, ex altos cargos del departamento de Trabajo y exdirigentes de Unió acusados, ya que el empresario andorrano pudo incrementar la actividad de sus empresas, mientras que los políticos vieron la oportunidad de obtener de las subvenciones una vía para sufragar gastos del partido, de los responsables del departamento y también personales.
Se pide cárcel para el miembro de Unió Gavaldá
El fiscal considera que el entonces director general de Ocupación Lluis Gavaldá, para quien pide 9 años de cárcel, jugó un papel "determinante" en la trama junto con la ex directora general de Ocupación Dolors Llorens, para quien también reclama 9 años, ya que ambos intervinieron "de forma decisiva" en la concesión de las subvenciones y se lucraron con la operación. Por el contrario, el fiscal exculpa al entonces conseller de Trabajo Ignasi Farreras porque considera que, si bien era quien firmaba la concesión de las subvenciones, lo hacía fruto de una "mera revisión formal del expediente" que le llegaba "directamente condicionada y determinada" por los informes previos tramitados y gestionados por la dirección general dirigida por Lluis Gavaldá.
El hermano de elxdirigente de Unió Lluis Gavaldá jugó un "papel decisivo" como intermediario, según el fiscal
El fiscal considera además que el exdirigente de Unió Vicenç Gavaldá, hermano del exdirector de Trabajo, jugó un "papel decisivo" en la trama, ya que medió para que dicho departamento adjudicara los cursos a las empresas de Pallerols y urdió entre ambas partes el desvío de fondos, por lo que le pide 11 años de cárcel. El ministerio público también pide 11 años de cárcel para Fidel Pallerols, un empresario que mantenía una estrecha relación personal con Lluis Gavaldá, ya que ambos compartían celebraciones familiares, vacaciones e inversiones empresariales.
"Conjunción de intereses"
En su escrito, el fiscal detalla que la "conjunción de intereses" entre los implicados fraguó en un acuerdo con la "última finalidad" de conseguir que una cifra cercana al 10 % del importe anual de los fondos públicos para cursos de formación que recibían las empresas de Pallarols de parte del departamento de Trabajo fueran desviados a fines ajenos a las actividades formativas. Para lograr un margen económico que facilitara el desvío, Pallerols sobrevaloró, según el fiscal, los costes reales de las tres empresas que impartían los cursos -Teosa, Andsa y Ceifsa- y en ocasiones cobró por cursos que no impartió o consignó un mayor número de alumnos de los que realmente asistían a clase.
En su pormenorizado escrito de acusación, el fiscal detalla que del 10% del dinero de las subvenciones desviadas, Unió Democrática de Cataluña se benefició al menos de 197.284 euros, de los que ahora pide que responda como responsable civil a título lucrativo. Según el fiscal, el dinero que fue a parar a las arcas de Unió se derivó para la compra de material de oficina y componentes informáticos para sedes de la formación democristiana -un total de 38.978 euros- y para pagar nóminas de trabajadores -158.306 euros-.
Se da la circunstancia de que el juicio por este caso que salpica a Unió Democràtica de Catalunya se inicia a los pocos meses de que un juez de instrucción de Barcelona impusiera a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) -los socios de Unió en CiU-, una fianza de 3,2 millones de euros al entender que el partido se ha lucrado con el expolio confeso del Palau de la Música cometido por Fèlix Millet.
