El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha pagado el pasado mes de febrero el último plazo de una sentencia que le obligó a abonar 44 millones de euros tras la expropiación de unos terrenos de Las Rozas que iban a destinarse a uso terciario y finalmente se utilizó para construir viviendas. El origen de este conflicto se inició en el año 1996 cuando estaba en el Gobierno como presidente Alberto Ruiz-Gallardón. El fallo del Supremo fue en el pasado mes de mayo.
El Tribunal Supremo desestimó recientemente los recursos que la empresa Arpegio y la Comunidad de Madrid había interpuesto contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras la sentencia que condenaba a la Administración autonómica de Madrid a pagar 44 millones de euros por incumplir con el objetivo de unas expropiaciones en suelo de Las Rozas.
4,4 millones de euros
Arpegio, que es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, señalaba en su recurso la falta de motivación e incongruencia del auto del TSJM "al incurrir en errores manifiestos sobre el resultado de la prueba pericial practicada". Pedía una indemnización de 4,4 millones de euros. La Comunidad de Madrid utilizó los mismos argumentos y solicitaba la misma cantidad para resarcir los daños a la empresa a la que se expropió el terreno.
El Gobierno regional había realizado esta operación para construir un espacio conocido como Parque Empresarial de Las Rozas
La empresa propietaria llegó a solicitar la reversión de los terrenos a su propiedad debido a que Arpegio y la Comunidad de Madrid habían expropiado el suelo para la construcción de terciario (oficinas) y finalmente se construyeron viviendas. El Gobierno regional había realizado esta operación para construir un espacio conocido como Parque Empresarial de Las Rozas. La sentencia del TSJM reconocía el derecho de reversión y en caso de no ser posible obligaba al pago de una indemnización.
En la sentencia se reconocía el incumplimiento del uso específico asignado a los terrenos para expropiarlos y que se prescindía finalmente del destino específico que se asignó a las fincas propiedad de la empresa. El fallo decía que la existencia de la urbanización hacía imposible la reversión por lo que era partidaria del pago del correspondiente justiprecio.
La empresa solicitó una cantidad de 98 millones de euros, mientras que el tribunal sentenció que la cantidad debería ser de 44 millones de euros. Se abonó en dos plazos: el primero en septiembre y el segundo en el pasado mes de febrero. El asunto termina después de casi veinte años de pleitos con esta sentencia del Tribunal Supremo y cuando muchos de sus responsables están ya fuera de la política.
