El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha solicitado a los servicios jurídicos del ejecutivo regional un informe sobre las posibilidades de frenar la adjudicación de la Ciudad de la Justicia. El ejecutivo de Cristina Cifuentes no quiere adjudicar este proyecto porque no lo ha visto claro en ningún momento. Pero temen que dejarlo desierto suponga alguna reclamación judicial millonaria.
El Gobierno de Ignacio González tenía previsto otorgar el concurso en uno de sus últimos consejos de Gobierno. Sin embargo, una reclamación de una empresa, Isolux, que resultó vencedora de una parte del anterior concurso, y la dimisión de Salvador Victoria retrasó el fallo. El proyecto nació tarde y contrarreloj. En seis meses se redactó, se tramitó en la administración autonómica, y se convocó el concurso que tuvo dos reclamaciones una del Colegio de Arquitectos y otra de Isolux.
La Ciudad de la Justicia era el mayor proyecto de concentración de sedes judiciales de España
La Ciudad de la Justicia era el mayor proyecto de concentración de sedes judiciales de España. El Gobierno mantenía que el coste para los ciudadanos iba a ser cero euros. Los 483 millones que costaba la construcción los iba a pagar la empresa adjudicataria (el suelo era de la Comunidad). El Gobierno regional iba a pagar un canon de 45 millones al año por 30 años, que viene a coincidir con lo que abona en la actualidad por los alquileres de las sedes dispersadas por varios lugares de la ciudad. El montante total de la operación era de 1.350 millones de euros. Al final de los 30 años de concesión los edificios iban a revertir al patrimonio público.
Se presentaron dos ofertas. Una de ellas es una UTE formada por Acciona y OHL, que sacó 87 puntos en la valoración tras la apertura de plicas. En segunda posición quedó Ferrovial-ACS. La propuesta de Acciona/OHL era mucho mejor económicamente, y esta cuestión pesaba el 50% del total de la puntuación.
OHL incumplió su última gran obra en la Comunidad de Madrid. Resultó adjudicatario de la obra del tren de Móstoles a Navalcarnero y dejó paradas las obras. El Gobierno regional no exigió que se cumpliera la Ley y que terminara la línea. El Gobierno regional contaba que en la Ciudad de la Justicia crearía 2.200 puestos de trabajo director e indirectos, incrementaría un 0,4% el PIB y agilizaría un 20% los procedimientos judiciales. Se calcula que iban a trabajar en la zona unas 25.000 personas.
