El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, va a echar toda la jornada del próximo lunes en la sede nacional del PP en dos reuniones destinadas a avanzar en el reparto asimétrico del déficit y en la pendiente reforma de las Administraciones Públicas. El primer asunto ha provocado un incendio entre los barones territoriales populares, mientras que la comprometida reforma, que el Ejecutivo quiere presentar en el mes de junio, depende en buena medida del espíritu de colaboración de unas comunidades que temen ver conculcadas sus competencias. Parece así Montoro destinado a entrar prácticamente en todos los charcos, sin contar con que se convirtió en la diana preferida de José María Aznar en su enmienda a la totalidad a la política del Gobierno durante su entrevista del pasado martes en Antena3.
Por la mañana, Montoro se reunirá con los consejeros de Presidencia de las comunidades autónomas donde gobiernan para explicarles la futura reforma de las Administraciones Públicas. A la reunión, que estará presidida por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acudirá la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el vicesecretario de política autonómica y local, Javier Arenas; el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta; el subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, y el secretario de política autonómica popular, Juan José Matarí. Pérez Renovales preside la comisión para la reforma de las Administraciones Públicas, que está adscrita al departamento de Montoro.
El Gobierno no las tiene todas consigo vistas las dificultades que se han encontrado con la reforma local. Las resistencias de los alcaldes del PP y de la FEMP, presidida por el popular Íñigo de la Serna, han 'aguado' las expectativas creadas en torno a una simplificación del mapa municipal español. La disminución del 30 por ciento de los concejales, la fusión de ayuntamientos o el traslado automático de competencias de los pequeños ayuntamientos a las diputaciones son propuestas que se han ido quedando por el camino ante el amago de rebelión interna. Que otro tanto pueda pasar con las comunidades por la reforma de las Administraciones Públicas y con unos sondeos sobre intención de voto nada halagüeños, es más que probable.
A fin de cuentas el grueso de las comunidades populares ya andan en pie de guerra con el reparto asimétrico del déficit. Y de eso se va a hablar, y mucho, en la segunda cita que tiene el ministro en la sede nacional del partido el lunes. Tras la reunión con los consejeros de Presidencia se suma al almuerzo de Mariano Rajoy con los presidentes autonómicos y los tres vicesecretarios del partido, esto es, Carlos Floriano, Esteban González Pons y Javier Arenas, que vuelve a repetir al igual que Cospedal, en su doble calidad de secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, una comunidad que ha tenido que recortar seis puntos de déficit para cumplir el 1,5.
Génova advierte: "Aquí estamos todos en el mismo barco. No se trata de que a una comunidad le vaya bien y a otra mal"
Sin embargo, fuentes populares matizan que no está previsto que se cierre el reparto del déficit dado que todavía Bruselas debe oficializar esa flexibilización que todos dan por hecha. Eso sí, de Génova se irán los presidentes de comunidad con el mensaje de que hay que mantener la unidad en torno a este asunto y ellos, por su parte, intentarán arrancar de Montoro la confirmación que, de algún modo u otro, se verán 'recompensadas' las comunidades cumplidoras, para lo que Hacienda estudia distintas vías que le permitan satisfacer a Cataluña y dar respuesta a los suyos.
Rajoy ya les reclamó grandeza y altura de miras, “pero cuando te están escatimando para dependencia es muy difícil explicar que otros se lo gastan en embajadas”, dice uno de los barones en alusión a la flexibilización del déficit que va a experimentar, con toda probabilidad, Cataluña, aunque no sólo, puesto que Valencia o Murcia están mucho más lejos de haber cumplido el techo de este año, que era de un 1,5. Madrid, Galicia, Castilla y León, Cantabria o Aragón son algunas de las comunidades que se han declarado en rebeldía y muy especialmente Extremadura, cuyo presidente, José Manuel Monago, puede ser uno de los más críticos durante el almuerzo junto al madrileño Ignacio González.
Desde Génova insisten en que se trata de una reunión “ordinaria” que se celebra cada tres o cuatro meses, aunque de inmediato señalan que “aquí estamos todos en el mismo barco. No es cuestión de que a una comunidad le vaya bien y a otra mal. De aquí salimos todos juntos”, mensaje con el que se intentará convencer a las comunidades para que acepten un déficit asimétrico, que éstas no están dispuestas a aceptar a cambio de nada.
