La cruzada contra el 'fango mediático' no se atiene a compromisos de Sánchez dentro y fuera de España

Pocos días después de que el presidente del Gobierno lanzara su admoniciones contra los propaladores en prensa de bulos y falsedades, el ministro de Exteriores firmaba con el secretario de Estado de los EE.UU. un Memorándum contra la Desinformación. También a primeros de mayo la Comisión Europea ha presentado una campaña contra la manipulación informativa. Desde círculos gubernamentales se destaca la sintonía de ambas iniciativas con el combate al `fango mediático´ anunciado por Pedro Sánchez, pero no es tal. Lo que mueve a Washington y a Bruselas son las `fakes´ en procesos electorales lanzadas desde el exterior, asegurando el pluralismo informativo y la transparencia en la financiación de los medios, mientras que lo que preocupa en Moncloa son las informaciones sobre actividades equívocas de familiares del presidente. Y respecto a la financiación de empresas periodísticas el Ejecutivo español incumple la transparencia en la parte que le toca, la publicidad institucional.

Por esa divergencia con los compromisos internacionales adquiridos, la Presidencia del Gobierno ha puesto sordina al enérgico y difuso mensaje presidencial del “punto y aparte” contra la máquina de fango hasta que pasen las elecciones al Parlamento de la UE. En las cancillerías europeas también importan las intenciones y decisiones de la llamada `regeneración democrática´ para salir al paso de procesos judiciales y contenidos periodísticos adversos.

Los círculos periodísticos y académicos próximos al sanchismo se han adherido al propósito impreciso del jefe del Ejecutivo de implantar controles o autocontroles sobre los contenidos periodísticos, llegando en algún caso el ardor gubernamental a aplaudir el combate a las `manipulaciones periodísticas y judiciales´ como una “cruzada” por la “regeneración pendiente” (elDiario.es, 29/04/2024), una terminología que evoca los tiempos sórdidos del franquismo cuando Falange Española y de las JONS apelaba a la `Cruzada de Liberación Nacional´ y a la `Revolución pendiente´ del nacionalsindicalismo.

A tenor de la presentación oficial del Memorándum de Entendimiento contra la Desinformación rubricado el 10 de mayo por el ministro José M. Albares y el secretario de Estado Antony Blinken y de los contenidos de la nueva campaña de la Comisión Europea con su `Código de Buenas Prácticas en materia de desinformación´, la versión oficialista de la coincidencia estadounidense y comunitaria con la cruzada sanchista resulta, paradójicamente, una muestra de desinformación por no ajustarse a la realidad de los documentos que cita.

El comunicado del Departamento de Estado de EE.UU. titula que el memorándum versa sobre la “manipulación de información por estados extranjeros”, reiterando en el texto que se trata de “un entendimiento común sobre la amenaza que representa la manipulación extranjera de información”. Al tener un sentido tan alejado de los lamentos de Sánchez sobre noticias que le afectan política y familiarmente, se explica que el Ministerio de Asuntos Exteriores aludiera de la siguiente forma pacata al tema más destacado de la reunión Albares/Blinken: “(…) las dos administraciones comparten enfoques y valores, como la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ en el mundo, la defensa del multilateralismo y la lucha contra la desinformación. Sobre este asunto, ambos ministros han firmado un memorando de entendimiento”.

La omisión del sentido del documento firmado con la Secretaría de Estado sobre la autoría de las fakes por estados extranjeros se ha extendido por las versiones informales del Ministerio de Exteriores sobre el acuerdo. Incluso en una entrevista de la CNN al ministro Albares éste, en su minuto y medio de respuesta a la pregunta sobre el memorándum, silencia que se trata de responder a intromisiones de estados extranjeros.

Por su parte, la campaña presentada por la Comisión Europea de cara a los próximos comicios para sensibilizar ante las manipulaciones informativas viene derivada del código en esa materia vigente desde 2022 y del `Acta Europea sobre libertad, pluralismo e independencia en los medios´ que, lejos de recoger los temores y admoniciones del Jefe del Gobierno, tiene como objetivo “evitar injerencias políticas en las decisiones editoriales y garantizar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación”, estableciendo “requisitos para una asignación transparente de la publicidad estatal”.

La legislación comunitaria sobre medios de comunicación alude a la publicidad institucional por su papel destacado en la financiación de empresas periodísticas, particularmente en España. También en este punto la praxis de Moncloa diverge de las directrices y recomendaciones de la UE, como muestra el hecho de que el Ministerio de la Presidencia se niega a hacer público el reparto de la publicidad oficial entre los diferentes medios, pese a que hace más de un año fue instado a hacerlo por el Consejo de Transparencia.

Se da la circunstancia de que la `regeneración democrática´ que prepara Sánchez Pérez-Castejón incluye hacer la luz sobre la financiación que sostiene a los medios que divulgan bulos dañinos para la convivencia y para ello tendría que empezar cumpliendo la citada Acta Europea y clarificar cuáles son los medios de comunicación destinatarios de la publicidad institucional y en qué cuantía cada uno.

Hace ahora un año que el Consejo de Ministros aprobó un Acuerdo Marco para las campañas de publicidad institucional de 2024 y 2025 por valor máximo de 440 millones de euros, el cuádruple que el anterior. Llama la atención que con las recientes descalificaciones gubernamentales de los medios digitales, estos sean los que reciban mayor ponderación (82%) al adjudicar publicidad en el lote que no incluye canales de TV y estén en segundo lugar (24%) cuando se trata del grupo que incluye televisiones. Los veintidós ministerios del gobierno PSOE-Sumar van a distribuir 138,30 millones de euros durante 2024 en un conjunto de medios de comunicación de los que se oculta el número, identidad y cantidad que corresponde a cada uno. Aparte están las partidas en el mismo tipo de campañas de otros organismos de la Administración General del Estado.

Por gasto en publicidad institucional figura en primer término el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (21,5 millones), seguido de Igualdad (17,5 millones) y Transformación Digital y de la Función Pública (13,6 millones). Si en el primer caso destaca el gasto previsible en campañas de promoción de alimentos de España, lo que publicita el departamento Igualdad son programas doctrinales de concienciación y de sensibilización social en torno a la violencia, la discriminación, la educación sexual, etc. con importes iguales o superiores a las campañas sobre alimentación. Las incoherencias se extienden en la comparación de contenidos e importes de las campañas publicitarias de diferentes ministerios, como refleja el cuadro junto a estas líneas.

A la contradicción sanchista de desvelar los canales de financiación de los medios a la vez que se ocultan los recursos que les llegan desde el propio Gobierno, se suma que la llamada cruzada contra la manipulación informativa tampoco se corresponde con el ambicioso operativo puesto en marcha con una Orden ministerial de Presidencia en noviembre de 2020 bajo el nombre de Procedimiento de actuación contra la desinformación. Siguiendo pautas de la UE y partiendo de la libertad de expresión, esa iniciativa, encomendada al Consejo de Seguridad Nacional, tenía que asegurar la integridad de los procesos electorales y la libertad y pluralidad de los medios de comunicación según se describe en sus siete objetivos.

Posteriormente, en mayo de 2022, el Consejo de Ministros aprobó la creación del Foro contra las campañas de desinformación de composición multidisciplinar que, coordinado desde el Consejo de Seguridad Nacional, ha dado a luz dos informes de 300 páginas cada uno, el segundo en 2023, con múltiples aportaciones sobre los riesgos y amenazas que pueden suponer para la Seguridad Nacional campañas de desinformación mediante tecnologías sofisticadas con referencias exteriores como la invasión rusa de Ucrania.

El contenido de ese último informe no deja lugar a dudas sobre la disparidad entre los cometidos del Foro contra la desinformación y los planes que ahora tenga el presidente Sánchez de control y regulación contra lo que llama `fango mediático´, como se desprende de lo que firma en la presentación del exhaustivo trabajo el entonces director del Departamento de Seguridad Nacional, general Miguel Ángel Ballesteros: “ (…) la comunicación pública, la labor de medios de comunicación y de los periodistas juegan un papel fundamental en los sistemas democráticos, que se sustentan en que los ciudadanos tengan acceso a la información veraz para poder tomar sus decisiones en libertad (…). Además, la comunicación y la transparencia son herramientas esenciales para limitar los efectos de la desinformación”.