El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y exdiputado Álvaro Cuesta, designado a propuesta del PSOE, considera "una injerencia política intolerable" lo que denomina el "boicot" a la renovación de este órgano, y considera que esta situación, que atribuye al PP, se mantiene "a propósito" para conseguir un resultado determinado en su funcionamiento".
Cuesta realiza este planteamiento en un voto particular, al que ha tenido acceso Europa Press, tras proponer sin éxito que el Pleno de este miércoles suprimiera del orden del día los nombramientos de seis puestos claves en el Tribunal Supremo, tres de ellos de presidentes de Sala y el resto en la Sala de lo Penal de este órgano.
En su escrito, el vocal recuerda que en los pasados meses de enero, junio y julio de este año se aplazaron los nombramientos "por prudencia institucional", en aras a propiciar los posibles acuerdos de renovación que parecía que iban a producirse.
Injerencia política
En este punto, apunta al voto particular redactado en el Pleno de julio por las vocales del sector conservador Carmen Llombart, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona, en el que se tildaba de injerencia política la retirada de los nombramientos discrecionales en dicha ocasión.
"Yo no lo creí ni lo creo así, sobre todo cuando se trata de un CGPJ caducado, cuya renovación se bloquea de propósito para conseguir un resultado en su funcionamiento -subraya Cuesta-. Ese boicot a la renovación constitucional del CGPJ sí es una injerencia política intolerable que se debería denunciar".
Añade que en 2018, una vez rotos los acuerdos de renovación "después de aquel célebre Whatsapp del Portavoz del PP en el Senado, de que controlaremos el TS por la puerta de atrás", continuó una tramitación parlamentaria iniciada de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de la que destaca que no hizo previsión ni tuvo en cuenta los escenarios de ruptura, bloqueo y transcurso por agotamiento del mandato del órgano de gobierno de los jueces.
Añade también que existe el precedentes de nombramientos en la cúpula judicial por parte de "un CGPJ en un superlativo grado de "descomposición", como fue el elegido en 2001 y que no se renovó, "también por bloqueo del Grupo Popular, "hasta el año 2008", lo que supuso "un gran escándalo institucional a juicio de la mayoría del Parlamento y de su Comisión de Justicia" que él estaba entonces presidiendo.
No obstante, considera que ahora las circunstancias han cambiado y no puede desconocerse "la estupefacción de la ciudadanía, el descrédito en que algunos pretenden convertir una digna Institución constitucional fruto de la elección parlamentaria, y coherente con el principio de que la Justicia emana del pueblo", como es el CGPJ.
Añade que "una mayoría de los diputados, en número de 185, hoy y ahora piden, con toda razón", la renovación del órgano cuyo mandato caducó en diciembre de 2018.
Chivo expiatorio de manejos y disputas
El incumplimiento de esta obligación de renovar los Órganos constitucionales en plazo afecta a la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y deteriora los estándares democráticos, abunda Cuesta en su voto particular. "Esta situación supone un grave desprestigio institucional, y un intento de colocar al CGPJ como chivo expiatorio de manejos y disputas", añade
Por ello, concluye que su petición de retirar las votaciones y nombramientos discrecionales del Orden del día trataba de contribuir "al prestigio institucional ya la credibilidad de un CGPJ, como nunca modélico en su gestión, y que nunca ha pretendido controlar al Tribunal Supremo ni a la justicia "por la puerta de atrás".
