La detención de José Luis Aneri, el presunto organizador de la trama de la estafa con los cursos de formación, pone en marcha la segunda fase de la operación. Ahora, la Policía quiere saber si el consultor tenía cómplices dentro de alguna o algunas de las asociaciones empresariales donde trabajaba.
Aneri aumentó su volumen de negocio cuando entre las organizaciones empresariales se corrió la voz de que daba más comisiones que nadie. Del montante total de la subvención para dar los cursos, una parte -una comisión- se quedaba en la patronal para hacer frente al gasto de material o funcionamiento. Parece que Aneri era el que ofrecía mayor porcentaje.
La Policía ya tiene material para empezar a trabajar, pues se hicieron en sus oficinas y en su casa los primeros registros. Este viernes comenzaron con el análisis de estos documentos. No se descarta que se puedan ampliar estos registros a otras dependencias.
El presidente de CEIM, Arturo Fernández, acudió el viernes a un acto y dijo una frase que ha sido un mazazo entre las organizaciones afectadas. “Las asociaciones que representa CEIM no pueden pagar justas por pecadoras”. Luego insistió en que quieren una investigación de todas y cada una de las partidas que se han hecho en formación.
La postura oficiosa es más radical. Las sospechas que había sobre los cursos eran conocidas. De hecho, el propio Arturo Fernández dijo hace más de un año que había que cambiar el sistema de la formación y se lo pidió a la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. Ya se tenían las primeras sospechas del fraude generalizado.
Desde CEIM se dice que esa situación se veía venir y son partidarios de “que salga toda la porquería” aunque se lleve por delante a compañeros de patronales. El asunto es que a Arturo Fernández le ha estallado la cuestión cuando falta menos de un mes para las elecciones en las que luchará contra Hilario Alfaro.
La Comunidad no controló
La Comunidad de Madrid ha anunciado que se personará en la causa contra José Luis Aneri. Pero desde muchos puntos se recrimina que la Consejería de Empleo, que preside Ana Isabel Mariño, no se hubiera dado cuenta antes del fraude. Argumentan desde el Gobierno regional que sólo es obligatorio inspeccionar el 5% de los cursos.
Desde hace varios días la Comunidad viene recordando que al Gobierno regional le han estafado 4,5 millones de euros, pero al Gobierno de la nación 11 millones de euros. El propio presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, lanzó un dardo al Gobierno, al que recordó que presuntamente le han estafado 11 millones de euros y le pidió iniciativas.
Por otra parte, fuentes de alguna de las organizaciones desmintieron que se hayan producido despidos de personas de sus patronales por ser considerados personas cercanas al presunto autor de la estafa.
