El Ministerio de Defensa subcontratará las labores de vigilancia y seguridad hasta finales del mes de noviembre a las sociedades Servicios Tecnológicos Ibercra y Garda Servicios de Seguridad -aliadas en una unión temporal de empresas (UTE)-. Las compañías prestarán sus servicios al departamento dirigido por Margarita Robles por un plazo próximo a los cinco meses por 2,3 millones de euros. La titular de la cartera prometió recientemente que estudiaría la viabilidad de prescindir de estas licitaciones para emplear a los militares que se desvinculan de las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años.
La Plataforma de Contrataciones del Sector Público publicó este martes los detalles del contrato. El Ministerio de Defensa, a través de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este, contrata a la UTE para desempeñar sus servicios entre el 19 de junio y el 30 de noviembre -"o hasta agotar el crédito asignado"-. El importe total es de 1.911.423,9 euros, sin IVA; 2.296.191,41 euros con los impuestos añadidos.
De acuerdo a la resolución de la adjudicación, las dos sociedades se encargarán de la seguridad del "Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos". Para ello dispondrán de "vigilantes con y sin armas". No se descarta que el plazo de duración se prolongue hasta el 31 de diciembre de este año y que, más allá de esa fecha, se establezcan nuevas prórrogas.
De hecho, las dos empresas son viejas conocidas por Defensa, tras haber prestado sus servicios anteriormente al Ministerio. El acuerdo fue rubricado entre ambas partes el pasado 3 de junio y la UTE de las empresas de vigilancia comenzarán a desempeñar sus servicios este mismo viernes. Defensa justifica la adjudicación a estas compañías por "obtener la mayor puntuación en aplicación de los criterios de valoración y cumplir los requisitos exigidos en los pliegos que rigen este expediente".
La promesa de Robles
Las asociaciones representativas de las Fuerzas Armadas han pedido en varias ocasiones al Ministerio de Defensa que desista de estas subcontrataciones y que, en su lugar, emplee a los militares de tropa y marinería. Estos últimos, al cumplir los 45 años, se desvinculan de los cuerpos militares con una pensión próxima a los 600 euros mensuales compatible con otra actividad laboral. La reivindicación es recurrente en las reuniones periódicas que celebra el Consejo de Personal (COPERFAS).
La ministra Margarita Robles admitió en Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados del pasado 20 de febrero que su departamento estudiaba esa posibilidad: "Estamos viendo su viabilidad y escuchamos sus sugerencias". Poco después de esa afirmación estalló la crisis del coronavirus, lo que ha obligado a aparcar buena parte de los proyectos del Ministerio.
Robles también anunció un plan para impulsar convenios con administraciones públicas y empresas del sector privado para dar la salida a los militares, así como un programa de becas para dotar a los efectivos de titulaciones oficiales.
