La Policía Municipal ha detenido en Lavapiés al mayor distribuidor de productos falsificados en Madrid, en una operación conjunta de la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial (UICJ) y de la Unidad de Distrito de Centro Sur contra la venta de productos falsificados de las marcas más importantes a nivel internacional y que ha concluido con la incautación de más de 11.600 productos.
Según ha explicado en un comunicado, la operación se inició en el mes de marzo como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por la UICJ, a raíz de observar un gran aumento en la distribución y venta de productos falsificados tanto en la vía pública como en mercadillos y establecimientos.
Tras dos meses de investigación se pudo comprobar cómo en la zona de Lavapiés se estaba distribuyendo a gran escala, a través de un piso, numerosos productos falsificados que tenían como destino mercadillos, establecimientos comerciales y venta ambulante callejera no solo en Madrid, sino incluso en otros puntos de la geografía española.
En este domicilio, que escondía en su interior la mayor y más variada cantidad de productos falsificados de Madrid, los compradores contactaban con la persona ahora detenida, que les suministraba los productos a diario tanto a pequeña escala como a distribuidores no oficiales.
Delito contra la propiedad industrial
El detenido fue puesto a disposición judicial y otras dos personas han sido investigadas por su implicación en un delito contra la propiedad industrial. Además, se han incautado 11.635 productos falsificados de importantes marcas (bolsos, camisetas, pantalones, gafas, gorras, equipaciones de fútbol, colonias, relojes) así como dinero en metálico.
En el registro se localizaron 3.000 etiquetas falsificadas de un "importante y conocido" centro comercial preparadas para ser adheridas a las colonias falsificadas "para dar mayor credibilidad de ser original y aumentar su valor de venta", han señalado desde la Policía Municipal.
El beneficio del género incautado que podría haber obtenido el detenido por la venta de los mismos alcanzaría unos 70.000 euros, y si se hubieran comercializado en el circuito legal podría haber tenido un valor de unos 400.000 euros, si bien el daño efectuado a las marcas afectadas es "incalculable así como el perjuicio ocasionado a la Hacienda Pública española", han añadido.
