Las Comunidades autónomas han podido pagar a sus proveedores gracias a la línea de crédito que abrió el ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, aunque la realidad es que no han saldado todas sus deudas. En el "debe" hay mil millones de euros que no han abonado a otros proveedores, los entes locales, que han llamado a todas las puertas posibles para que se hagan efectivos estos pagos.
Según un informe técnico de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en base al análisis del 75 por ciento de las capitales de provincia, las Comunidades deben unos 800 millones, que se elevan a 1.000 en el conjunto de los municipios de España.
El origen de la deuda radica en servicios que prestan los ayuntamientos por delegación de las autonomías pero para lo que no existe ningún tipo de financiación adicional, corriendo ellos con los gastos. Son las llamadas "competencias impropias" que la nueva ley de bases de régimen local quiere liquidar salvo que haya una dotación económica correspondiente. En el articulado del anteproyecto de dicha Ley puede leerse que "excepcionalmente, las entidades locales podrán ejercer competencias no previstas en la ley, así como otras actividades económicas siempre que no se ponga en riesgo financiero el ejercicio de las competencias propias y se garantice la sostenibilidad financiera del ejercicio de las nuevas competencias o actividades económicas, respetando el cumplimiento del principio de eficiencia y el resto de los requerimientos de la legislación de estabilidad".
Asimismo, señala en otro punto, que la delegación de competencias "habrá de ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación”
La Ley de Bases de Régimen Local se retrasa por disconformidad de los ayuntamientos, del PP y del PSOE con la reduccíón del 30 por ciento de concejales y el criterio de retribución de los alcaldes
El órgano de presentación de los ayuntamientos ha llamado a todas las puertas posibles. El anterior presidente de la FEMP, el alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, remitió una misiva a los presidentes de comunidad reclamando los pagos pendientes y llegó a reunirse con los de Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Madrid para tratar este tema. También elevó esta queja al ministro Cristóbal Montoro en el seno del Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), porque si bien la línea de crédito establecida por Hacienda para que Comunidades y ayuntamientos pudieran pagar las facturas que tenían acumuladas en el cajón ha servido para saldar cuentas con proveedores privados, no lo ha sido así con los públicos. La FEMP se queja de la paradoja de que son algunos ayuntamientos los que sostienen financieramente a sus Comunidades, y todo ello cumpliendo con los criterios de déficit que los entes locales tienen para este año, del 0,3 por ciento, siendo la administración menos endeudada de todas.
Se retrasa no obstante la ley de bases de régimen local por disconformidad de la FEMP con el anteproyecto que ha presentado el Gobierno, sobre todo en el capítulo referido a la delegación de competencias municipales a las Diputaciones provinciales. La Federación también se ha mostrado muy critica con la pretensión de Administraciones Públicas de rebajar en un 30 por ciento el número de concejales, postura que comparte con PP y PSOE, y con el bareno de retribución de alcaldes.
