El portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha anunciado este domingo a través de su página de Facebook la ocupación del Peñón de Gibraltar el próximo 29 de agosto a partir de las 11 de la mañana para denunciar la existencia de paraísos fiscales, reclamar "el desmantelamiento de la base militar" tradicionalmente usada por Reino Unido y "defender a los pescadores de la zona".
Además, en su breve comunicado publicado en redes sociales, alude una cuarta razón: reivindicar la nacionalidad andaluza del peñón. Y así lo manifiesta: "¡Fuera de la frontera, el peñón andaluz!".
Ocupación del peñon de Gibraltar pic.twitter.com/bFxHk4yyVx
— Diego Cañamero Valle (@DcaValle) July 27, 2014
Se trata de la última acción prevista por el sindicato andaluz y fue acordada en una asamblea nacional que celebraron en la localidad sevillana de Osuna el pasado 13 de julio.
El peñon de Gibraltar es uno de los nidos donde guardan los ricos "su dinero" más de 30.000 sociedades anónimas. El 29 d agosto nos vemos.
— Diego Cañamero Valle (@DcaValle) July 28, 2014
La burocracia En el paso fronterizo del peñon de Gibraltar esta siendo utilizado por ambos gobiernos perjudicando a los ciudadanos de ambos.
— Diego Cañamero Valle (@DcaValle) July 28, 2014
Cañamero, mano derecha del alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, es uno de los cabecillas que promovieron la ocupación de parcelas de terratenientes andaluces y encabezaron numerosas protestas en las que han reclamado el fin del "régimen latifundista" en Andalucía.
Tanto es así que la duquesa de Alba le denunció por injurias y calumnias y pedía un año de cárcel y multas de hasta 7.050 euros por acusarla de pagar en B y contratar irregularmente a inmigrantes.
Además, Cañamero se hizo popular en el verano de 2012 tras protagonizar un incidente con carros de la compra en un supermercado de Mercadona en la localidad de Écija, donde varios jornaleros del SAT, capitaneados por él y por Sánchez Gordillo afanaron varios carros de comida para después repartirlos entre familias necesitadas.
Finalmente, el pasado mes de noviembre, ambos fueron condenados a siete meses de cárcel y una multa de 1.200 euros por ocupar una finca militar. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les consideró autores de un delito de usurpación de inmueble y de otro de desobediencia grave a la autoridad.
