Dignidad y Justicia llevará al límite su acusación por terrorismo contra Tsunami para evitar la amnistía

La maquinaria de la ley de amnistía sigue su curso. A la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si la norma impulsada por los socialistas es aplicable a los delitos de terrorismo, el fiscal a cargo de la causa de Tsunami Democràtic que se sigue en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, se posicionó el pasado 20 junio a favor de amnistiar a todos los investigados. Ahora, la Asociación Dignidad y Justicia remite al juez sus alegaciones en contra de aplicar la ley.

En un escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la acusación popular insiste en llevar al banquillo a los responsables de la plataforma independentista por terrorismo, entre otros delitos. Defienden que los actos cometidos durante las protestas de Cataluña en el año 2019 no tienen encaje en la ley de amnistía diseñada por el Ejecutivo. A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios para distinguir entre tipos de terrorismo, la asociación insiste en que dichos tipos penales pertenecen, además, al Derecho de la Unión Europea.

No obstante, centrándose en las excepciones incluidas en el artículo 2 de la norma, en el que se detallan aquellos casos en el que el terrorismo no es amnistiable, la acusación pide al instructor la elaboración de un examen forense para determinar el alcance de las lesiones sufridas por los policías heridos. En concreto, creen necesario -antes de que el juez se pronuncie sobre si amnistiar o no a los investigados- comprobar la gravedad de las lesiones sufridas por los dos agentes jubilados del Cuerpo Nacional de Policía, y comprobar si estas son "compatibles con la pérdida, la inutilidad de un órgano o miembro o una grave deformidad, como consecuencia de las acciones realizadas por la masa movilizada por Tsunami Democràtic".

Esta circunstancia tiene especial relevancia en la investigación, ya que la ley de amnistía excluye de su protección aquellos actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo y que, a su vez, hayan causado de forma intencionada "graves violaciones de derechos humanos", como pueden ser los actos dolosos contra las personas que hubieran producido la "pérdida, la inutilidad de un órgano o miembro o una grave deformidad". Por ello, Dignidad y Justicia solicita un examen forense de las lesiones sufridas por los policías antes de determinar si la amnistía es o no aplicable en este caso.

La exclusión de la amnistía, según su propio texto, solo tendría lugar si los actos delictivos se hubieran cometido "de forma intencionada". Sobre esto, la acusación popular entiende que la intención de los acciones cometidas por los miembros de Tsunami "solo puede determinarse una vez celebrado el juicio oral con todas las garantías", tras escuchar la declaración de testigos, acusados y peritos forenses. Por tanto, defienden que no debe impedirse la continuidad de la tramitación de la causa y sentar a los investigados en el banquillo.

Rechazan la distinción entre tipos de terrorismo

A pesar de describir las razones de por qué los hechos investigados en esta causa no tienen cabida en la ley de amnistía. Desde Dignidad y Justicia no distinguen entre tipos de terrorismo: "Todo terrorismo supone una violación de los derechos humanos, sin que quepa distinguir entre un terrorismo grave o menos grave. Por ello, todas las conductas tipificadas como delitos de terrorismo, aunque lleven aparejados distinto resultados punitivos... supone una violación grave de derechos humanos". Rechazan, en consecuencia, las distinciones diseñadas a la medida de los líderes catalanes por el Gobierno de coalición.

Además, la asociación pide al juez que continúe la investigación a fin de determinar la relación que existe entre el fallecimiento de un turista francés tras sufrir un infarto y las actividades desarrolladas ese día por la plataforma con la que se hizo imposible que el equipo sanitario llegase a tiempo. Sobre este extremo, el fiscal Miguel Ángel Carballo excluye a los imputados de cualquier responsabilidad penal, ya que entiende que esta "no tiene relación de causalidad con la concentración convocada por Tsunami y desde luego no podría atribuirse en ningún caso con carácter doloso, dada la absoluta imprevisibilidad del fallecimiento".

Sobre los actos objeto de investigación, la acusación popular recoge un auto del juez Manuel García-Castellón para apuntar a la comisión por parte de los miembros de Tsunami de delitos de detención ilegal y las lesiones de especial gravedad provocadas a miembros, entre otros actos ilícitos, con la finalidad de "subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado". Entre estas acciones, destaca el bloqueo de las puertas de entrada y salida del Aeropuerto del Prat, lo que provocó la suspensión de vuelos nacionales e internacionales. Una situación de "absoluto caos y violencia", según mantienen, y que fue perpetrada por un grupo perfectamente organizando.

Lanzamiento de elementos peligrosos

Sobre la violencia desatada durante las protestas, Dignidad y Justicia subraya el empleo de elementos peligrosos y artefactos explosivos tales como extintores de incendios, vidrios, láminas de aluminio, vallas, carritos metálicos o portaequipajes, que lanzaron contra los agentes de la autoridad. Asimismo, aprecian delitos graves de daños patrimoniales continuados sobre bienes de dominio o uso público de especial gravedad, destacando la utilización de sustancias pirotécnicas inflamables, causados en el aeropuerto y en otros puntos de la ciudad condal.

Ahora, se espera que el dictamen del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tarde en llegar, y es que, el juez de la Audiencia Nacional planea seguir el criterio que marque el Tribunal Supremo con Tsunami. La respuesta de Susana Polo se hará esperar, después de que el alto tribunal se pronunciase esta semana sobre los delitos de desobediencia y malversación, existen varias vías para abordar el delito de terrorismo, entre ellas, no aplicar la amnistía al entender que el delito de terrorismo no tiene encaje en la norma o plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que retrasaría el proceso durante años.