La pieza décima del caso Villarejo, conocida como ‘caso Dina’, encara su recta final en la Audiencia Nacional sin que se hayan podido esclarecer las principales incógnitas que se han investigado en sus 35 meses de vida. El magistrado Manuel García Castellón ha decidido no prolongar más esta causa sobre el presunto robo y posterior difusión en prensa del teléfono de la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, ante la imposibilidad de la Policía Científica de acceder a su contenido. De esta forma se cierra la puerta a indagar las circunstancias sobre el destrozo del dispositivo, así como los autores del mismo.
A falta de citar como testigos a Dina Bousselham, su pareja Ricardo Sá Ferreira, y al exDAO Eugenio Pino, el instructor ultima ya el fin de esta pieza que es la que más giros ha protagonizado de la treintena que integra el caso Tándem. La investigación por la que han sido procesados José Manuel Villarejo y los dos periodistas que le facilitaron una copia de la SD, no solo deja en el aire las incógnitas sobre la inutilización del dispositivo. También van a quedar sin resolver otros interrogantes que no permiten aclarar la condición de víctima o verdugo de los protagonistas de esta historia. Estos son los principales:
1.- El robo de la tarjeta
La que fuera asesora de Pablo Iglesias denunció que la sustracción se produjo el 1 de noviembre de 2015 cuando se encontraba con su pareja, Ricardo Sá Ferreira, en unos grandes almacenes. Según explicó, robaron el abrigo en cuyo interior se encontraba su teléfono móvil; hecho que denunció en los juzgados de Alcobendas. Tres años después, mientras se analizaba todo el material intervenido a Villarejo con motivo del estallido de esta causa, la Policía Judicial encontró varias carpetas con el nombre de DINA 2 y DINA 3 que contenían archivos procedentes de la tarjeta sustraída.
Los documentos que ocultaba el comisario jubilado se habían copiado en sus dispositivos entre abril y julio de 2016, es decir, medio año después del robo. La difusión en prensa de pantallazos y fotografías del teléfono de Dina Bousselham llevaron a Pablo Iglesias a denunciar ante el juzgado una conexión directa entre el robo y la publicación del contenido. El líder de Podemos apuntó entonces a la mano negra de Villarejo y señaló a la policía patriótica como la artífice de este asunto para linchar en los medios a Podemos en plena campaña electoral.
El avance de las diligencias en las que tanto Iglesias como su exasesora se personaron como perjudicados desvelaron que el exlíder de Podemos tuvo en su poder la tarjeta sustraída mientras denunciaba públicamente el robo. Por ello, el juez Manuel García Castellón cambió de criterio y le acusó de 'fabricar' su teoría contra las cloacas del Estado a pesar de que había recibido el dispositivo de manos del presidente Grupo Zeta, Antonio Asensio. A la postre José Manuel Calvente, exabogado de Podemos, confirmó en sede judicial que el partido tuvo acceso a la tarjeta dos meses después del supuesto robo y no dijo nada al juzgado hasta que no se publicó su contenido en los medios.
2.- La filtración
Tampoco se ha arrojado luz sobre la filtración de este material en prensa. Mientras Podemos señala directamente a Villarejo, el comisario defendió una teoría muy diferente en su cita ante el juez. Según dijo, no existió operativo alguno para robar el móvil ni difundir los archivos. Preguntado por los motivos por los que tenía en su casa información de dicho teléfono dijo que le llegó en el marco de su investigación al partido por presunta financiación irregular. Lo que sí se ha acreditado es que los periodistas implicados en estos hechos le dieron una copia del contenido de la tarjeta en 2016 después de entregar el dispositivo a Iglesias.
Luis Rendueles y Alberto Pozas no desvelaron quién les dio la tarjeta (aludieron a una fuente anónima) pero sí explicaron en sede judicial que cuando la recibieron decidieron no publicar nada y se la dieron a Asensio, el cual, a su vez, se la entregó a Iglesias en enero de aquel año. No obstante, sí visualizaron su contenido y posteriormente se lo dieron a Villarejo al considerar que, en calidad de policía, lo necesitaría por su investigación a la formación morada. Ello demostraría que la tarjeta, a fecha de enero de 2016, estaba en perfecto estado.
José Manuel Calvente también ofreció su propia versión sobre la historia. En su declaración como testigo en esta pieza aseguró que fue la propia Dina la que hizo los pantallazos de las conversaciones de los chats de Podemos. Según dijo, sectores del partido se encargaron de enviar algunos extractos a los medios en plena batalla interna. La exasesora de la formación reconoció en su segunda declaración en sede judicial que ella hizo los pantallazos de estas conversaciones, pero negó rotundamente que las enviara a los medios.
3.- La tarjeta en poder de Iglesias
Uno de los principales vuelcos en este caso se produjo el 18 de mayo de 2020. Ese día, Dina Bousselham volvió a la Audiencia Nacional a declarar como perjudicada de Villarejo a tenor de los últimos avances de la causa. Los investigadores querían saber por qué no informó al juzgado de que a mediados de 2016 ya había recuperado su tarjeta de vuelta. Sus declaraciones terminaron por perjudicarle tanto a ella como a Iglesias. "No pude comprobar lo que había dentro de la tarjeta. La intenté recuperar enviándola a una empresa y nunca he tenido acceso al contenido", explicó entonces Bousselham.
Tampoco concretó el momento exacto en que la recuperó o por qué la tuvo Iglesias tanto tiempo. Se limitó a decir que su pareja contactó con Recuperación Express a mediados de 2016 para tratar de acceder el contenido. Ello evidenciaría que Iglesias la retuvo, al menos, seis meses. También dijo que no avisó al juzgado de que la había encontrado porque no tenía muy claro que la SD que le entregó su exjefe fuera la misma que le robaron. Apuntó también un dato relevante ante el juez: dijo que el material que tenía Villarejo de su móvil y que visualizó porque estaba en el sumario de la causa había sido "manipulado".
En su exposición razonada enviada al Tribunal Supremo para que investigasen a Iglesias, el juez dijo que no se había podido determinar el periodo que la tuvo en su poder, pero que en todo caso fue hasta el 23 de agosto de 2017 porque para entonces la pareja de Dina ya estaba intentando arreglarla. La empresa a la que recurrió, por su parte, reconoció su imposibilidad de acceder al contenido. Explicó que la tarjeta estaba intacta cuando la recibió y que incluso ellos mismo pudieron haberla dañado al intentar recuperarla. Iglesias, en dos entrevistas concedidas en prensa, se limitó a decir que la tuvo ese tiempo para no someter a Dina a más presión.
4.- El destrozo de la tarjeta
Tras recabar todas estas pruebas, García Castellón pidió al Tribunal Supremo que investigase a Iglesias, entonces aforado. El alto tribunal consideró que no había indicios suficientes y le devolvió la causa para que practicase más diligencias. También aconsejó tomar declaración a Bousselham de nuevo para que ofreciera su perdón al exlíder de Podemos. El juez retomó las diligencias y pidió a la Policía Científica que volviera a examinar la SD para saber exactamente las causas que les impedían acceder a los datos. Once meses después, los agentes han aportado su oficio policial sin despejar la X del asunto.
En su informe han enumerado todas las técnicas empleadas para intentar recuperar la SD (procedieron a la conexión de los pines correspondientes a señales de la interfaz) pero fueron inválidas. Según expusieron, la información que sí pudieron leer de la tarjeta estaba codificada, motivo por el cual tampoco logran esclarecer cuándo se produjeron los daños ni tampoco la última fecha de acceso; dato este último determinante, ya que permitiría averiguar cuándo se rompió. Con este escenario, el juez ha decidido no prorrogar más las diligencias y zanjar definitivamente el conocido como caso Dina.
