Los juzgados de Plaza Castilla no encuentran la denuncia contra Dina Bousselham por el asunto relativo al robo de su teléfono móvil. La Audiencia Nacional ha vuelto a enviar las actuaciones a los juzgados ordinarios al constatarse que la denuncia inicial, que remitió en septiembre del año pasado, ha desaparecido y que no hay rastro de ella. La insólita situación ha provocado que el juzgado que dirige el caso Villarejo haya vuelto a pedir que se le investigue por presunto falso testimonio.

Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que el movimiento se produce tras meses de extraño silencio. El pasado 1 de septiembre el magistrado Manuel García Castellón dedujo testimonio a los juzgados ordinarios para que, al margen del caso Villarejo, se investigase si la antigua asesora de Pablo Iglesias mintió en relación al robo de su teléfono móvil y posterior filtración de su contenido.

Por ello actuó en dos sentidos: de un lado pidió al Decanato de los juzgados de Madrid que indagase si Dina Bousselham y su expareja, Ricardo Sá Ferreira, cometieron falso testimonio y, de otro, se remitió a los juzgados de Alcorcón para que, en idéntico sentido, investigara a estos protagonistas de una de las piezas del caso Villarejo por simulación del delito y denuncia falsa.

Sin rastro de la denuncia

El juez remitió el asunto a los juzgados de Alcorcón porque fueron los que tramitaron en 2015 una primera denuncia de Dina y su pareja en la que ambos apuntaron que el 1 de noviembre le sustrajeron la chaqueta de Ferreira con el móvil de Bousselham dentro. El juzgado de Alcorcón respondió declinando abrir diligencias y lo envió de vuelta a la Audiencia Nacional.

El magistrado Agustín Carretero explicó que las dos actuaciones solicitadas por la Audiencia se tenían que investigar de manera conjunta puesto que se trata de esclarecer si esto responde a una "estrategia fraudulenta ideada por la entonces dirección de Podemos". "Si se faltó a la verdad y se mintió en las declaraciones prestadas ante el juez instructor lo fue siguiendo el hilo o en coherencia con dicha estrategia", expuso el juez.

Así pues, al aterrizar el asunto de vuelta a la Audiencia Nacional, el magistrado del caso Villarejo decidió remitirlo a Plaza Castilla, de manera que fueran los juzgados ordinarios los encargados de investigar tanto la falsedad de testimonio como la simulación de delito. El paso siguiente consistía en el reparto entre los juzgados de instrucción y la posterior decisión de si se admitía a trámite la denuncia o, por el contrario, se archivaba.

Sin embargo, no ha habido movimiento de ningún tipo dado que la denuncia ha desaparecido. Las fuentes consultadas por este medio explican que no hay ni rastro de la documental en Decanato y que, por tanto, se desconoce si esto llegó a manos de algún juez. Del mismo modo en la Audiencia Nacional no han vuelto a tener conocimiento de este tema desde que lo derivaran a Plaza Castilla, por lo que, tras meses de silencio, se ha decidido enviar de nuevo toda la documental en aras a que, ahora sí, se reparta y se mueva ficha al respecto.

Las versiones de Dina

Esta pieza décima del caso Villarejo es una de las que más giros ha dado desde su apertura en marzo de 2019. Entonces la Audiencia Nacional abrió la vía para investigar por qué parte del contenido del móvil sustraído a Bousselham se encontró en los registros del comisario Villarejo. El agente encubierto descartó haber filtrado este material a la prensa y negó categóricamente que la bautizada como policía patriótica le hubiera robado el teléfono para chantajear a Podemos.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción entendió que había que citarla como perjudicada del comisario jubilado al igual que al entonces líder del partido, Pablo Iglesias. El motivo residía en que el dispositivo contenía información privada del expolítico al tratarse Bousselham de su asesora en el Parlamento Europeo. En sus comparecencias en la Audiencia Nacional ambos situaron a Villarejo detrás de lo ocurrido y denunciaron haber sido víctimas de una campaña de chantaje.

Con todo, hay una fecha que supuso un antes y un después en la causa: el 18 de mayo de 2020. Ese día Bousselham compareció por segunda vez como testigo. Aunque acudía como perjudicada, los investigadores sospechaban que no era tan ajena a lo ocurrido a raíz de un informe policial que le señalaba como la autora de los pantallazos con las conversaciones de los líderes de Podemos que se filtraron en prensa.

La cita fue especialmente tensa para la exasesora de Podemos, hasta el punto que corrigió su versión, admitió que hizo ella los pantallazos que se publicaron en prensa y dijo que nunca pudo acceder al contenido de la tarjeta cuando se la devolvió Pablo Iglesias. Tiempo después el magistrado García Castellón sentenció que "con conocimiento de su falsedad, faltó a la verdad en sus manifestaciones".

En los meses siguientes la causa se encaminó a investigar qué pasó exactamente con la tarjeta. Lo que habría quedado acreditado de estos años de pesquisas es que llegó a manos de los entonces periodistas de Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles. Éstos se la facilitaron al presidente del Grupo Z, Antonio Asensio, el cual contactó en enero de 2016 con Pablo Iglesias para darle dispositivo.

Una tarjeta ilegible

Ambos visualizaron con un lector de tarjetas el contenido que almacenaba Dina y, tras ello, Iglesias se la llevó. Meses después, se la devolvió a Bousselham pero para entonces el contenido era ilegible. La propia afectada así lo manifestó ante el magistrado en mayo de 2020, pero rápidamente rectificó y remitió varios escritos a la Audiencia Nacional exculpando completamente a Iglesias de cualquier responsabilidad. Por aquel entonces, ambos compartían la misma defensa letrada.

El avance de las pesquisas llevó al juez García Castellón a retirarle a Iglesias la condición de perjudicado y a enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo, dada su condición de aforado. Pedía que se le investigara por los delitos de denuncia falsa, daños informáticos y revelación de secretos. El alto tribunal tumbó el requerimiento y devolvió las actuaciones a la Audiencia Nacional alegando que había que recabar más pruebas antes de actuar contra el exvicepresidente tercero del Gobierno.

Entonces el juzgado puso el foco en Recuperación Express, la empresa a la que Sa Ferreira llevó la tarjeta para acceder a su contenido. La firma dijo que era "irrecuperable" debido al mal estado que presentaba. Del mismo modo se volvió a requerir a la Policía Científica para tratar de resolver los principales interrogantes del caso: quién, cuándo y cómo se rompió. Tuvo que pasar un año para acceder al resultado del informe, el cual no aportó nada nuevo.

¿Y ahora qué?

Los agentes explicaron que les había sido imposible acceder al contenido. Tampoco esclarecieron cuando fue la última vez que se visualizó. Ello alejó cualquier posibilidad de imputar a Pablo Iglesias a quien, mientras tanto, la Sala le había dado la razón para litigar como perjudicado. El magistrado dio carpetazo así al asunto y decidió dar el primer paso para enviar al banquillo a los periodistas del caso y a José Manuel Villarejo por revelación de secretos.

Prácticamente todas las partes del procedimiento recurrieron esta decisión. La Fiscalía Anticorrupción solicitó su reapertura para acordar más diligencias, al igual que hicieron Dina y Pablo Iglesias. Así, en septiembre del año pasado se produjo un nuevo giro en la causa cuando la Sala ordenó la reapertura de la pieza para investigar el papel de la policía patriótica.

Pero para entonces el magistrado ya había abierto una vía paralela en aras a investigar a Dina y a su pareja en los juzgados ordinarios. Lo hizo apoyándose principalmente en la declaración que prestó como testigo el exabogado del partido José Manuel Calvente, el cual dijo que los pantallazos los envió Dina y que todo respondía a una estrategia de la formación para sacar rédito político.

Los intentos de la Audiencia Nacional de investigar a Dina Bousselham y a Sá Ferreira se han quedado, de momento, en punto muerto, al constatarse que esas denuncias no aparecen en Decanato de Plaza Castilla. Por ese motivo, se ha ordenado ya la remisión íntegra de las actuaciones acordadas en septiembre.

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