Dos antiguos directivos de Iberdrola han pedido al juez del caso Villarejo el archivo de su causa tras declarar en la Audiencia Nacional. El que fuera consejero general de Negocios Francisco Martínez-Córcoles y el exdirector de Iberdrola España Fernando Becker han remitido dos escritos al magistrado Manuel García Castellón en los que se desligan de las contrataciones al comisario jubilado. De este modo reiteran lo que expusieron hace apenas unas semanas tras la ronda de declaraciones en la que también participó el presidente Ignacio Sánchez Galán.
Según confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli, el primero en pedir el archivo de su causa fue Becker. Este antiguo alto cargo -que en el momento de los hechos era director de Recursos Humanos- niega irregularidad alguna y asegura que visó cuatro facturas giradas al entramado empresarial de Villarejo en un solo acto porque se pidió que se pagaran a la vez y de forma inmediata. Con todo, ya en su declaración ante los investigadores se desligó por completo del famoso informe redactado por el exdirectivo José Antonio del Olmo y que le implicaba en un sistema irregular de pagos al comisario.
Este antiguo jefe de Funciones Corporativas apuntó igualmente al propio presidente de Iberdrola (que también ha solicitado el archivo de su causa), al exdirector de Seguridad Antonio Asenjo y a Francisco Martínez-Córcoles. Dijo que todos ellos estaban al tanto de operaciones triangulares para costear los espionajes de Villarejo. Ellos, por su parte, no solo no dan veracidad alguna a esta acusación y a su informe que redactó en diciembre de 2004, sino que le reprochan no haberlo denunciado en su momento, en caso de ser verdad.
"Ningún testigo"
Martínez-Córcoles, por su parte, expuso en sede judicial que entonces era director de Generación y, por lo tanto, no tenía responsabilidad alguna en el visado de facturas. Ahora, en el escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, precisa que "no ha tenido absolutamente ninguna participación" en estos supuestos pagos relativos al primer encargo al Grupo Cenyt (proyecto Arrow). "Ningún testigo o invitado ha situado al Sr. Martínez Córcoles en los hechos investigados, más allá del 'testimonio' de referencia de un coinvestigado, don José Antonio del Olmo", reza el escrito al que ha tenido acceso este medio.
Además, la defensa del exnúmero dos de Iberdrola explica en su escrito que tampoco tuvo "absolutamente ninguna relación" con el entonces director de Seguridad, Antonio Asenjo, tal y como él mismo sostuvo en su cita ante el juez. De igual manera reitera que no ha aparecido en ninguna de las agendas personales del comisario jubilado y que tampoco tuvo papel alguno en los pagos que habrían salido de la empresa proveedora de la seguridad de Iberdrola (Casesa) para costear este trabajo.
Mi representado explicó con total rotundidad que no conoce al Sr. Villarejo, ni a la empresa Cenyt, ni a Casesa ni el proyecto Arrow
Para dejar constancia de que no tuvo nada que ver con el contenido del proyecto Arrow, Córcoles defiende que en calidad de director de Generación (puesto que ocupó entre 2001 y 2014) se encargaba de las cuestiones técnicas de centrales ya construidas. El proyecto Arrow, por contra, se centró en espiar movimientos vecinales, medioambientales y políticos de Arcos de la Frontera (Cádiz) que se opusieron a la instalación de una central de ciclo combinado que habría adquirido a Enron y que, según explicó Asenjo ante el juez, contaba con todos los permisos necesarios.
"En el momento de los hechos, Generación era la unidad de Iberdrola relativa al negocio de las centrales de producción de energía eléctrica y el Sr. Martínez Córcoles, en su calidad de Director de Generación, era el responsable de los servicios de operación y mantenimiento de estas centrales una vez construidas. Es decir, no era el responsable de las centrales en construcción, como era Arcos de la Frontera en aquel momento (año 2004). La responsabilidad de las centrales en construcción era de la unidad de Construcción", precisa su defensa.
Del Olmo, en el foco
Por todo ello, este exdirectivo sostiene que no se le puede mantener imputado en esta macrocausa de espionaje solo por aparecer en el documento que redactó Del Olmo en 2004 y de cuya existencia no se había tenido noticia hasta el estallido de esta causa. Al respecto incluso añade que este informe -que se llevó ante el notario Luis Ramallo en Madrid- es presuntamente constitutivo de falsedad documental, teniendo en cuenta que Iberdrola sostiene que no es cierto. Tanto es así que recuerda que este enemigo número 1 de la eléctrica dijo en sede judicial que él personalmente desconocía por completo si lo que escribió en esa nota correspondía o no con la realidad.
Precisamente su papel en la causa está ahora mismo en el foco de los investigadores ya que el magistrado Manuel García Castellón ha pedido a las partes que se pronuncien sobre si se debería aplicar la normativa europea para protegerle como denunciante de esta causa. Se da la circunstancia de que Del Olmo comenzó siendo citado como testigo para que arrojase luz en relación a sus denuncias pero terminó imputado porque él mismo visó las facturas que reportó como falsas. Ese mismo hecho se encargó de recordarlo el representante legal de Iberdrola Renovables en sede judicial el pasado 20 de enero.
La multinacional vasca sostiene que él autorizó las facturas en calidad de responsable de Control de todo el grupo, incluidas las filiales. Del Olmo, por contra, respondió que él solo había trabajado para la matriz. Con este escenario el instructor decidió retirar la condición de perjudicada de Iberdrola y estudia ahora si protegerle por su condición de informante. Del mismo modo, el magistrado ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si cabría imputar a Iberdrola S.A en el procedimiento (tal y como solicita Florentino Pérez) pese a que el pago de las últimas facturas (que es el que sería constitutivo de delito) lo costeó Iberdrola Renovables.
