Lunes, 21 de octubre. Ese día la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hará público su fallo definitivo sobre la 'doctrina Parot', según han confirmado a este diario fuentes jurídicas. Aunque no se conoce el sentido final del mismo, desde el Gobierno de Mariano Rajoy llevan semanas mostrando públicamente su convencimiento de que lo hará en contra del instrumento jurídico que ha permitido alargar la estancia en prisión de decenas de miembros de ETA y otros delincuentes peligrosos, como el asesino de las niñas de Alcaçer. Estrasburgo ya condenó a España en julio de 2012 por vulnerar con dicha norma dos artículos del Convenio de Derechos Humanos -el que recoge el principio de legalidad y de irretroactividad de la ley penal desfavorable, y el que consagra los derechos a la libertad y seguridad-. Entonces, el órgano judicial internacional había analizado el caso de la etarra Inés del Río, condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos, para quien ordenaba su puesta en libertad y el pago de un indemnización de 30.000 euros.
El Fiscal General del Estado ya ha reconocido que España debe aplicar la sentencia ya que es firmante del convenio que rige el tribunal de Estrasburgo. El falló puede liberar en los próximos meses a un cuarto de los 600 presos de ETA
El Gobierno español presentó entonces un recurso a dicho fallo y es éste sobre el que se pronunciará en los próximos días la Gran Sala. En los últimos días, desde el Ejecutivo español se han lanzado mensajes de que se acatará la sentencia, aunque también se ha hecho hincapié en la consecuencias de la derogación de dicho instrumento legal: la excarcelación de decenas de presos. La "doctrina Parot" se basa en una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2006 a un recurso presentado por el etarra francés Henri Parot. Dicha decisión del alto tribunal estableció desde entonces que los beneficios penitenciarios se apliquen individualmente para cada una de las penas a las que haya sido condenado el reo, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión. De este modo, una vez cumplida la pena más grave, se debe cumplir la siguiente, y así sucesivamente, hasta el límite legal, lo que alarga la estancia en la cárcel.
Un tercio, a la calle
Si finalmente el fallo se decanta en el sentido en el que el propio Ejecutivo de Madrid augura, es decir, por la anulación de la 'doctrina Parot', este supondría la puesta en libertad en un breve espacio de tiempo de 61 veteranos presos de la organización terrorista, así como de una treintena de reclusos de otros grupos terroristas y delincuentes con graves delitos a sus espaldas, como violaciones y asesinato de menores. Sin embargo, las consecuencias no se pararán ahí y a lo largo de los próximos meses el número de etarras que saldrá de prisión antes de lo que preveía la Justicia española se incrementará en cerca de otros ochenta, lo que supone dejar a una cuarta parte de los casi 600 presos de la banda a las puertas de la libertad definitiva.
No obstante, desde el Gobierno se ha insistido públicamente que el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no significa la inmediata derogación del instrumento jurídico y recalcan que sólo afecta a la miembro de ETA que recurrió a Estrasbrugo, Inés del Río. El propio Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce insistía este lunes en una entrevista radiofónica que habrá que "examinar en cada caso concreto" los efectos que el fallo puede tener. No obstante, ha reconocido que España, como firmante del convenio internacional del TEDH, "lo lógico" es que aplique "la doctrina que emane de esa sentencia".
