El Gobierno quiere evitar a toda costa la imagen de decenas de presos de ETA saliendo en tromba de las cárceles por la aplicación del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que tumbó la 'doctrina Parot'. Para ello, estudia la posibilidad de aplicar el mismo sistema que en febrero de 2005 frenó la puesta en libertad del integrante del 'comando Madrid' Ignacio de Juan Chaos: revisar todas las redenciones de penas que se han aplicado a estos presos en un intento de detectar supuestas "irregularidades" en la concesión de beneficios penitenciarios que permitan aplazar, aunque sea unos meses, su salida de prisión.
La Audiencia de Valencia ya pidió ayer información detallada de los trabajos realizados por el asesino de Alcàsser en prisión para reducir parte de su condena
Así lo han confirmado a este diario fuentes jurídicas, que señalan que, aunque la iniciativa corresponde a Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y a la Fiscalía, la última palabra en el caso de los terroristas la tendrá finalmente la Audiencia Nacional. No obstante, la primera actuación en este sentido la ha tomado una Audiencia Provincial, en este caso la de Valencia, que ha solicitado información sobre la liquidación de la pena de Miguel Ricart, condenado por el secuestro, violación y asesinato de las tres niñas de Alcàsser en 1992 y que también se va a beneficiar del fallo de Estrasburgo. Los jueces valencianos quieren conocer al detalle los trabajos efectuados por el recluso en prisión y que fuerton tenidos en cuenta a los efectos de la aplicación de dichas redenciones.
La primera vez que se revisaron las redenciones de un preso de ETA para evitar 'in extremis' una puesta en libertad fue en octubre de 2004, cuando trascendió que De Juana Chaos, condenado a más de 3.000 años de cárcel por veinte asesinatos, estaba a punto de conseguir la libertad tras pasar sólo 18 años entre rejas gracias a estos beneficios penitenciarios. Entonces, la Audiencia Nacional paralizó la excarcelación tras anular una redención de 107 días por estudios que ya había sido aprobada. En marzo del año siguiente, se le restaron otros 175 días al considerarse que había descontado dos veces por un mismo hecho: escribir un libro sobre su estancia en prisión.
Instrucciones de la Fiscalía
Sin embargo, el preso mantuvo otros 4.000 días que había acumulado por matricularse en Ciencias Políticas, por participar en actividades deportivas organizadas en su cárcel o por asistir a dos cursos sobre "redacción y arte de escribir". No obstante, la eliminación de los 482 días alargaron en un primer momento su estancia en prisión hasta agosto de 2005. Finalmente no saldría hasta el verano de 2008, huelga de hambre incluida, porque para entonces ya había sido condenado por un delito de amenazas cometido cuando estaba entre rejas. La medida se aplicó ya entonces a algún otro preso.
Torres-Dulce remitió el jueves una circular a los fiscales para unificar los criterios que esgrimirán para negarse a la aplicación automática del fallo del TEDH
Lo que prentende ahora el Gobierno es, precisamente, repetir ese mecanismo, para lo que cuenta con el apoyo de la Fiscalía General del Estado y de un sector importante de magistrados de la Audiencia Nacional. La primera remitió el pasado jueves un escrito a todos los fiscales de sala, fiscales superiores y fiscales jefes para unificar los criterios "de actuación y asegurar la necesaria coordinación". Su máximo responsable, Eduardo Torres-Dulce, ya anunció que pretende analizar caso por caso para evitar una aplicación generalizada del fallo de Estrasburgo y, con ello, la salida masiva de reclusos afectados por la 'doctrina Parot' que tanto ha irritado a las víctimas. En ese estudio pormenorizado de los expedientes se incluirá, según fuentes jurídicas, la revisión a conciencia de las redenciones de condena que esgriman los presos para salir.
No obstante, el primer paso para convertir esa tromba de excarcelaciones en un goteo más digerible para la opinión pública lo dio ayer el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Los 16 magistrados que participaron en el mismo (una de las integrantes estaba de baja por motivos médicos) acordaron sólo la excarcelación de un preso, Juan Manuel Píriz, que ya había pasado 29 años y medio en prisión y que, por tanto, el fallo de Estrasburgo sólo le ha beneficiado en seis meses. Para el resto de recursos presentados por presos etarras, 51, los magistrados han fijado un calendario que escalona a lo largo de las próximas semanas las salidas.
El Supremo y el Constitucional
En primer lugar, han decidido que sean sus colegas del Tribunal Supremo y el Constitucional los que se ocupen de resolver aquellos casos de reclusos de la banda armada que tienen presentados sus recursos ante estos órganos judiciales. En la actualidad, el primero de estos órganos judiciales tiene pendiente seis recursos y el segundo, 23. Ninguno de los dos tiene, además, previsto reunirse en breve para analizarlos. El Supremo celebrará un pleno el 12 de noviembre para analizar el fallo de Estrasburgo que ha tumbado la doctrina que este tribunal fijó en 2006. Sólo después analizarán los casos pendientes. Además, el primero que verá será el de un preso ya en libertad, Ignacio Pujana, cuya excarcelación recurrió la Fiscalía, que será lo que se dirima. Por su parte, el Constitucional aún no ha decidido cuándo abordará los que tiene pendientes.
Los jueces de la Audiencia Nacional han pasado parte de la 'patata caliente' de la excarcelaciones a sus colegas del Supremo y el Constitucional
Para el resto de casos de peticiones de excarcelación de miembros de ETA y de otras organizaciones terroristas, la pelota seguirá en el tejado de la Audiencia Nacional, que ha fijado reuniones todos los viernes a partir del próximo 8 de noviembre para ir analizando cada caso individualmente. Ayer, por ejemplo, iba a analizar el caso de una segunda etarra, Mercedes Ernaga, y decidió aplazar su decisión ya que ésta no saldrá de prisión aún sin doctrina Parot hasta diciembre de 2014. Para todos los casos, ha dado un plazo de tres días a la Fiscalía para que exponga su criterio en cada supuesto y donde, según las fuentes jurídicas consultadas, los representantes del Ministerio Público utilizarán la 'doctrina De Juana' para intentar retrasar las excarcelaciones el mayor tiempo posible.
Estas mismas fuentes auguran que este argumento tiene asegurado cierto respaldo entre los integrantes de la Sala de lo Penal que, como se vio ayer, no tiene un criterio único sobre cómo aplicar el fallo de Estrasburgo. De hecho, aunque tanto en el caso de Inés del Río como en el del etarra liberado ayer todos coincidieron que procedía la excarcelación inmediata, en la decisión que tomaron ayer varios jueces realizaron un voto particular concurrente a la decisión, es decir, de acuerdo con la resolución pero con discrepancias en los razonamientos jurídicos de la misma. Estas fuentes señalan al propio presidente de la Sala, Fernando Grande-Marlaska, como uno de los magistrados que más reparos está poniendo a la aplicación automática de la sentencia del TEDH.
