El ex coordinador del Equipo Legal de Podemos José Manuel Calvente incluyó en su denuncia 40 documentos con los que trata de apoyar sus acusaciones, que han convencido al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, para imputar a la formación de Pablo Iglesias como persona jurídica por un delito de malversación de caudales públicos.
En concreto, la denuncia tiene nueve anexos sobre los supuestos contratos irregulares otorgados a las empresas Neurona Comunidad y la portuguesa ABD Europa Unipessoal LDA, este última propiedad de ciudadanos brasileños. El más relevante de todos ellos, y que ha convencido al instructor para imputar al responsable de finanzas de Podemos y al jefe de Comunicación, Daniel de Frutos y Juan Manuel del Olmo, respectivamente, es un borrador de 27 de febrero de 2019 de un contrato entre la sociedad Neurona Comunidad y el partido de izquierda.
El letrado suministra para completar esta parte del dossier un certificado registral en el que se pone de manifiesto que Neurona Comunidad fue creada casi un mes después de su contrato con Podemos, el 19 de marzo. Asimismo, Calvente anexa el requerimiento a Unidas Podemos del 20 de septiembre de 2019 del Tribunal de Cuentas sobre el mencionado convenio de 363.000 euros.
Tribunal de Cuentas
Precisamente, el último informe de este organismo fiscalizador ha aportado todavía más interrogantes sobre este acuerdo, ya que asegura que la formación de Iglesias remitió "un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habiendo sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019".
Hay otros tres documentos, que son informaciones registrales de Neurona Comunidad y de la portuguesa ABD Europa Unipessoal LDA, que Calvente incluyó con la intención de identificar a sus directivos, entre los que se encuentra el ciudadano mexicano César Hernández Paredes, a quien Calvente vincula con Juan Carlos Monedero.
Otros cuatro escritos aportan información sobre la empresa ABD Europa LDA. En concreto sobre la identidad de los empleados que trabajaron para Podemos. Por eso, el juez Escalonilla ha podido reclamar a la Policía Judicial que compruebe si estos ciudadanos con residencia en Brasil, que aparecen identificados en los contratos de prestación de servicios suscritos con Podemos el 25 de febrero y 12 de abril de 2019, y que fueron aportados por Calvente, estuvieron en España en 2019.
El Tribunal de Cuentas ha declarado que el objeto social de la empresa Neurona no coincide con los servicios contratados por Podemos para las elecciones del 28A y que no ha quedado acreditada la prestación de algunos de los servicios contratados. https://t.co/irEtGfclEp pic.twitter.com/yOMPLGy2nA
— José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 7, 2020
La denuncia interpuesta por Calvente añade once anexos vinculados a sus sospechas del cobro de sobresueldos por parte del jefe de finanzas, Daniel de Frutos, y la gerente, Rocío Val. Son nóminas de los denunciados, hojas de gastos, así como la tabla salarial de los trabajadores de Unidas Podemos.
Pago de 50.000 euros
La documentación sobre el pago de 50.000 euros desde la caja de solidaridad a la empresa #404 Comunicación Popular incluye la petición anónima del dinero, pero también una copia del pago de dos viajes a Brasil de Christian Luis Navarro Marrero y el propio Rafael Mayoral, a quien Calvente acusa de estar detrás del trasvase de fondos. El dossier esta apartado se completa con documentación sobre las labores que realiza Navarro Marrero en Podemos y el reglamento sobre el funcionamiento de la caja de solidaridad.
Las explicaciones de los gastos de rehabilitación de la sede de Podemos en Madrid también incluyen otros documentos, como por ejemplos seis chats con sus compañeros, en los que Calvente aludía a las presuntas irregularidades cometidas por la cúpula del partido en el expediente para iniciar las obras; noticias periodísticas sobre estos hechos, pero también la concesión de licencia y otros acuerdos para iniciar los trabajos de rehabilitación, así como el proyecto de reforma.
Todos estos anexos han permitido al juez Escalonilla citar a declarar como testigo al arquitecto que realizó el proyecto de ejecución de reforma y acondicionamiento de edificio con cambio de uso a dotacional de la sede de Podemos.
Y por último el ex coordinador del Equipo Legal de Podemos incluyó como anexo número 19 una factura del peritaje de un ordenador, que según la denuncia era el que utilizaba la abogada Marta Flor Núñez García, quien presentó contra Calvente una denuncia por acoso sexual, que fue archivada por la juez de Madrid Rosa María Freire.
Según José Manuel Calvente, esa factura demostraría "el presunto acceso no autorizado" de la cúpula del partido al ordenador de la abogada, "y la sustracción del contenido del disco duro".
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