La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, a petición del Ministerio Fiscal, ha dejado en libertad provisional tras la reforma del delito de sedición a los 22 inmigrantes procesados tras obligar a aterrizar de emergencia en Palma a un avión de la compañía Air Arabia en noviembre de 2021.

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha informado de esta decisión judicial después de que la Fiscalía haya argumentado que el delito de sedición ha desaparecido.

El ministerio público sostiene que, de acuerdo con los pronunciamientos recientes del Tribunal Supremo, los hechos "no encajarían en el delito de desórdenes públicos por lo que el procedimiento continuaría por los delitos de coacciones".

Un aterrizaje forzoso y una fuga en la pista

La Fiscalía reclamaba una pena de cinco años de prisión para cada uno de los 22 inmigrantes que fueron detenidos en noviembre de 2021 tras el aterrizaje forzoso en el aeropuerto de Palma de un avión que cubría la Casablanca-Estambul, a causa de una supuesta emergencia sanitaria.

Tras el aterrizaje de emergencia, presuntamente planificado en un grupo de Facebook, se dieron a la fuga veintiún pasajeros por la pista.

La acusación pública sostuvo en su escrito que este grupo de inmigrantes que protagonizaron la fuga del 5 de noviembre de 2021 en Palma eran autores de un delito de sedición, previsto en la Ley de Navegación Aérea de 1964.

Pero la modificación de ese delito supone que la pena sea más leve, en concreto, de tres años de cárcel.

A los 22 inmigrantes se les ha aplicado la medida cautelar de retirada de pasaporte y prohibición de salir de Mallorca. Además, se ha solicitado su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Para el ministerio público, estos pasajeros, de forma planificada, causaron una "situación sin precedentes en el espacio aéreo europea" y actuaron de forma coordinada, según marcaban las directrices que se publicaron en el grupo de Facebook "Brooklyn".

El desvío de este vuelo entre Marruecos y Turquía para la entrada ilegal de parte de su pasaje en España puso en peligro la seguridad aérea, causó el desvío y retraso de unos 60 vuelos, afectó a un total de 81 vuelos, 41 de ellos cancelados, y obligó a cerrar esta instalación del aeropuerto de Palma durante casi cuatro horas.