Los empresarios que se vieron afectados por los cierres decretados por el Gobierno en el sector de la restauración y del ocio presentarán esta semana un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para reclamar las pérdidas millonarias sufridas y señalan a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, como el responsable de “dar la puntilla del hundimiento del sector turístico” por varias de sus declaraciones en los medios.
En la extensa demanda, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se han adherido centenares de empresas, agrupadas en la plataforma PEACovid-19, y aunque no han querido especificar la cuantía como muestra de respeto a sus clientes, esta es superior a los 300 millones de euros. Confían, además, que la recién sentencia del Tribunal Constitucional que posiblemente cierra la puerta a las indemnizaciones no se aplique en su caso, ya que durante el periodo que tuvieron que tener la persiana bajada no recibieron ayudas directas del Gobierno, mientras que en países como Alemania o Francia el Estado sufragó el 80% de los costes generados por los cierres.
Esta reclamación llega una vez agotada la vía administrativa. Hace más de seis meses se presentó ante la Administración General del Estado y dentro de ese plazo legal, la administración no contestó, por lo que al amparo del artículo 91.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha operado el silencio administrativo y se entiende desestimada.
Es decir, a partir de ahora serán los tribunales quienes deberán dirimir esta cuestión. El equipo legal de la defensa, en conversación con este medio, se muestra optimista con las posibilidades de que el recurso prospere. Reclaman responsabilidades patrimoniales por el retraso en la declaración del primer Estado de Alarma y por la “gestión caótica del mismo”, tanto en el aspecto normativo como en el técnico.
Cabe destacar que su demanda es posterior al auto del Tribunal Constitucional, y que su estrategia no pasa por lograr la “declaración de inconstitucionalidad o de nulidad de pleno derecho de ninguna norma correspondientes a dichos períodos”, pero sí en poner de manifiesto “la responsabilidad por actuaciones del Gobierno Central del Estado, el Ministerio de Sanidad y demás organismos intervinientes” y “los daños ocasionados al reclamante” derivados de la responsabilidad patrimonial del Estado.
"Tarde y mal"
Los empresarios cargan contra la improvisación del Ejecutivo, que consideran que actuó tarde y mal pese a las “alertas difundidas por organismos internacionales”. Entre estas alertas, citan las realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), del 10 y 30 de enero de 2020, del 27 de febrero del mismo año y del 7 y 11 de marzo de 2020; las del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, del 7 y 13 de febrero y del 2 de marzo de 2020; así como las cinco alarmas del Consejo Europeo, del 28 de enero, del 7, 13 y 27 de febrero y del 2 de marzo de 2020.
También recibieron avisos de la Guardia Civil del “riesgo del coronavirus (el 23 y 27 de enero), del Instituto Carlos III (el 23 de enero) o del Departamento de Seguridad Nacional (28 de enero). En esta lista, también refieren el informe elaborado por el propio Simón el 10 de febrero y que se “eliminó por parte del Gobierno central del Estado del portal donde se había colgado”.
Para reforzar los argumentos de que el Gobierno tenía constancia de lo que estaba pasando, citan unas declaraciones de Simón en el programa ‘Planeta Calleja’, en Cuatro, que irían a demostrar que pese a empezar a “trabajar 16 horas diarias” en la pandemia no se tomó ninguna medida: “El 16 de enero empezamos a trabajar 16 horas diarias”.
El primer Estado de Alarma, no obstante, no se declaró hasta el 14 de marzo de 2020. Y anteriormente a esta fecha solo se había presentado un protocolo de actuación frente al coronavirus por parte del Ministerio de Salud.
Informes periciales
Para facilitar la labor del tribunal enjuiciador, los demandantes también aportan como medios de prueba informes periciales de distintos catedráticos en medicina, doctores o microbiólogos, donde concluyen que “la estrategia adoptada por el gobierno fue incredulidad, desconcierto, no aceptación de los informes y mensajes de la OMS y demás organismos oficiales”. Comparan dicha actuación con la de “otras epidemias”, como la del Ébola, donde no hubo “problemas por la prontitud de reacción”.
En la misma línea, otro experto razona que la estrategia “estuvo equivocada desde un inicio”, que “las decisiones se adoptaron tarde y mal” y, además, “con interferencia en su aplicación de criterios políticos en temas médicos”. Los demandantes también especifican que “no se pide responsabilidad por la pandemia como fenómeno de la naturaleza, sino por la gestión de la misma”.
De la pasividad al caos
La demanda, de más de 100 páginas, abunda en todos los aspectos que se vivieron en este año y medio de pandemia. Consideran que si “la primera fase se caracterizó por la pasividad del Gobierno Central del Estado, la segunda fase estuvo caracterizada por el caos de la gestión, normativa y técnica, tanto de derecho, como de hecho”.
Por lo que respecta a la normativa, señalan la falta de “unidad de criterio”: “se iba dictando según se iba considerando, con contradicciones, omisiones, imprecisiones y rectificaciones significativas”.
También se hace mención a las residencias de ancianos, cuando afirman que “se los dejó totalmente abandonados a su suerte, con el resultado de un gran número de fallecidos correspondientes a la tercera edad; aunque ello no es objeto de la presente reclamación, sí es muy significativo”.
La responsabilidad de Simón
La demanda dedica especial mención a Fernando Simón, cuyas declaraciones ante los medios califican de “irresponsables y nefastas” y de haber dado la “puntilla al hundimiento del sector turístico”.
En fecha del 27 de julio de 2020, se público que “Simón agradece a Reino Unido y Bélgica que desincentiven los viajes a España”. A juicio de los demandantes, estas declaraciones “supusieron la pérdida de la temporada turística del año en curso y, presumiblemente, el hundimiento definitivo del sector turístico (lo que ha sido aprovechado por otros países)”.
Dichas declaraciones se hicieron en plena temporada turística, cuando el Gobierno ya había hecho devolución de las competencias de gestión de la pandemia a las Comunidades Autónomas.
