Son más de un centenar y pensaban que lo peor que les podía ocurrir al ser cesados sería cobrar cantidades millonarias como consecuencia de lo estipulado en sus contratos. Pero llegó la reforma laboral y se llevaron la gran sorpresa: “La extinción de los contratos mercantiles, cualquiera que sea la fecha de su celebración, del personal que presta servicios en el sector público estatal, únicamente dará lugar a una indemnización no superior a siete días por año de servicio de la retribución anual en metálico, con un máximo de seis mensualidades”. Así reza la literalidad de la disposición adicional del decreto que introduce este tajo inesperado en las indemnizaciones de los directivos.
Este recorte ha pillado desprevenidos a todos los que durante la etapa de Zapatero vivieron, en muchos casos, sin desvelar sus sueldos y con remuneraciones muy por encima de las que recibía el propio presidente del Gobierno. Muchos de ellos se han puesto en contacto, personalmente o por vía telefónica, para analizar la posibilidad de acudir en una demanda conjunta a los tribunales por lo que consideran es una clara vulneración de sus derechos. Pero la mayoría ha desechado tal posibilidad porque cada contrato tiene sus peculiaridades y, además, desde el PSOE se les ha indicado que no es conveniente que se presenten ante la opinión pública como un lobby defensor de unos intereses que a todas luces parecen privilegiados en un país que pasa de los cinco millones de parados. No habrá, pues, lobby de exdirectivos agraviados.
Unos hablan de “expropiación de las condiciones laborales y contractuales”, otros de “represalias políticas”. Y la mayoría opina que este tijeretazo a las indemnizaciones fue una maniobra de distracción del Gobierno para disfrazar la dureza de la reforma laboral. El caso es que ninguno está dispuesto a decir adiós al cargo con solo siete días de indemnización por año trabajado, pues creen que, como mínimo, les corresponden los 45 días que reconoce el derecho laboral bajo algunas condiciones.
Mientras que el PSOE prefiere guardar silencio, pese a que no han sido pocos los ex presidentes de empresas públicas que han contactado con este partido para intentar comprometerle en su cruzada, en el PP se recuerda que las elevadas remuneraciones que tenían algunos de los expresidentes y exconsejeros hace que con solo siete días de compensación se vayan a llevar también cantidades elevadas, un buen pellizco.
En concreto, se citan los casos de los expresidentes de Enagas, de Red Eléctrica, de Aena o de Renfe, cuyos ingresos oscilaban entre los 800.000 y los 365.000 euros. Buena parte de los expresidentes que han cesado o estar a punto de hacerlo llevaban en el cargo desde 2004, por lo que con 45 días hubieran percibido entre el millón y el medio millón de euros y con siete días van a poder decir adiós con compensaciones de entre 180.000 y 90.000. La mayoría de los que han hecho sus cálculos sin tener contrato blindado han concluido que se les ha evaporado el 90% de la indemnización a la que creían tenían derecho.
Durante la etapa de Zapatero, la opacidad fue la regla más común en las retribuciones del sector público. Nunca se pudo conocer con exactitud, por ejemplo, cuanto cobraba anualmente el presidente de EFE, agencia que el año pasado cerró con unas pérdidas superiores a cuatro millones de euros.
