Braulio Medel, presidente de Unicaja, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en el caso de los ERE y las acusaciones que ejercen el PP y Manos Limpias han pedido que se le imponga una fianza de responsabilidad civil.
Medel ha permanecido apenas media hora ante la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, quien le ha imputado por las ayudas aprobadas por el Consejo Rector de las agencias IFA e IDEA cuando él formaba parte del mismo en representación de las cajas de ahorro.
Ni el fiscal ni la abogada de la Junta han pedido para él medidas de responsabilidad civil, el PP lo ha dejado a criterio de la juez y Manos Limpias no ha fijado ninguna cantidad pero ha afirmado que el perjuicio para las arcas públicas por las ayudas aprobadas bajo su mandato equivale a 117 millones de euros.
Recurrida su imputación
Fuentes del caso han recordado a los periodistas que Medel tiene recurrida su imputación por los ERE porque formaba parte del Consejo Rector de manera representativa, no ejecutiva, y se trataba de un cargo no remunerado, y además las ayudas investigadas fueron finalmente aprobadas en la Ley de Presupuestos de la Junta.
Además, la defensa ha recordado que la propia Fiscalía Anticorrupción ha pedido suspender esta y otras declaraciones hasta que se resuelva su recurso para separar la causa en piezas, una por cada ayuda investigada, y aún no se ha incorporado un informe de la Guardia Civil sobre estas subvenciones.
Una acción popular no puede instar una medida de responsabilidad civil y, a su juicio, "solamente buscan un titular"
Sobre las fianzas pedidas por las acusaciones, la defensa ha afirmado que se trata de una medida "carente de legitimidad", ya que una acción popular no puede instar una medida de responsabilidad civil y, a su juicio, "solamente buscan un titular".
Según el auto de imputación, Medel fue viceconsejero de Economía y Hacienda desde 1986 y presidente de Unicaja desde 1991, y solo asistió a tres sesiones del Consejo Rector en los siete años en los que formó parte de dicho órgano, pues en 29 ocasiones se ausentó y en 27 de ellas delegó su voto en el presidente.
Según Alaya, "llama la atención que se le mantuviera en el cargo tanto tiempo, no asistiendo habitualmente a las sesiones, de lo que cabe inferir que su actuación por delegación sería cómoda y buscada a propósito".
La juez considera que el IFA y su sucesora, la agencia IDEA, falsearon sus presupuestos de forma que clasificaron como "otros gastos de explotación" las transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas investigadas.
Hoy también han comparecido ante Alaya otros tres exmiembros del Consejo Rector de IFA/IDEA: Felipe Romera, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía; Isabel de Haro, ex secretaria general de Desarrollo Industrial, y Pilar Rodríguez López, ex secretaria general de Telecomunicaciones, que también se han acogido a su derecho a no declarar.
