Daniel Rivera, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, ha asegurado en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que se siente "injustamente imputado", al tiempo que ha querido dejar claro que fue "el primero" en denunciar ante la Justicia las "irregularidades" de las que tuvo conocimiento.
Rivera estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo desde el 2010 y hasta el pasado mes de junio, sucediendo en el cargo a Juan Márquez, que a su vez había relevado a Francisco Javier Guerrero, que sigue en prisión. Está imputado por la juez Mercedes Alaya, encargada de la instrucción del caso, de los presuntos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación y malversación.
La juez le señala como responsable de haber otorgado 42,94 millones de euros en ayudas pese a los informes jurídicos que cuestionaban la legalidad del sistema de ayudas ideado en el año 2001 y regulado por medio de un convenio-marco, así como no haber aportado todos los expedientes requeridos por el Juzgado y que se encontraban bajo su responsabilidad directa y la "desaparición" de algunos documentos de los expedientes de las ayudas.
Durante una breve intervención ante la comisión, en la que ha comenzado asegurando que se acoge a su derecho a no responder preguntas, Rivera ha dicho sentirse "satisfecho" del trabajo realizado durante su etapa en la Dirección General de Trabajo, una labor que, según ha apuntado, ha desempeñado de "la manera más honesta" y que no le hace "merecedor" de las imputaciones de la justicia, ni tampoco del "atropello" de su derecho constitucional a la presunción de inocencia por parte de los medios de comunicación.
El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, sostuvo el día anterior ante la comisión de investigación que hay "muchos no imputados que pueden resolver las dudas" sobre las ayudas públicas de 647 millones de euros que él calificó de "fondo de reptiles".
Comparecencia de Márquez
Juan Márquez, el ex director general de Trabajo de la Junta que sustituyó a Francisco Javier Guerrero, también ha rechazado hoy responder a las preguntas de la comisión parlamentaria que investiga los ERE irregulares y ha asegurado que no supo que se cometieran ilegalidades con las ayudas concedidas.
Márquez, imputado por la juez que investiga el caso, ha dicho que se acogería a su derecho a no responder a las preguntas de los diputados por consejo de su abogado y para evitar que cualquier afirmación que hiciera pudiera perjudicarle en la causa penal.
Antes de anunciar que no contestaría a las preguntas, lo que ha ocurrido hasta ahora con los cinco comparecientes llamados a la comisión, Márquez ha dicho que en sus dos años como director general de Trabajo no cometió ninguna ilegalidad en la concesión de ayudas sociolaborales ni tuvo conciencia de que nadie las cometiera.
