El pleno del Congreso vota mañana la única y escueta enmienda que se incorporó en el Senado a la nueva Ley de la Ciencia, un cambio que puede alterar uno de los objetivos principales de esta iniciativa legislativa, el de propiciar la contratación indefinida y la estabilidad laboral de los investigadores.
Uno de los objetivos que se propuso el Gobierno con esta ley es reducir la precariedad laboral en este sector, y la enmienda que se incorporó en la cámara alta a propuesta del PP afecta de una forma directa a la contratación de miles de investigadores cuando sus contratos estén ligados a fondos europeos, en cuyo caso podrán ser temporales.
El texto ha registrado varios vaivenes desde que el Gobierno lo aprobó y remitió a las Cortes hace seis meses; el último y más importante cuando el pasado mes de julio el pleno del Senado aprobó la ley, pero incorporó la enmienda que obliga al proyecto legislativo a regresar al Congreso para su ratificación definitiva.
Durante su tramitación anterior en el Congreso, el grupo de Unidas Podemos ya había conseguido incluir una enmienda en el texto (que había sido respaldada por el PSOE y por ERC) para limitar entre los científicos los efectos de la reforma laboral que había aprobado el Gobierno.
La reforma laboral que impulsó el Ejecutivo sí permite la contratación temporal en el sector público cuando los contratos están asociados de una forma directa a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE, o cuando la financiación de esos contratos proviene de otros fondos europeos, como los que obtienen los grupos del programa marco de investigación de la UE o los del programa Horizonte Europa.
Hay riesgo en la supervivencia de centros de investigación
Pero la Ley de Ciencia establecía inicialmente que todos los investigadores contratados con financiación pública tienen que ser contratados de forma indefinida; la discrepancia fue detectada durante la tramitación de la iniciativa en el Congreso, y Unidas Podemos advirtió de que se pueden producir diferencias importantes en la contratación sujeta a fondos europeos incluso entre los miembros de un mismo equipo de investigación.
Este grupo planteó una enmienda, que se aprobó e incorporó al texto, para limitar la contratación temporal de investigadores a aquellos contratos asociados de una forma estricta a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y "solo" por el tiempo necesario para la ejecución de esos proyectos, además de para contratos necesarios para llevar a cabo proyectos cuya financiación dependa de determinados fondos europeos.
Así quedó plasmado en el texto aprobado por el Congreso y que se remitió para su aprobación en el Senado, donde prosperó la enmienda del PP que recogía las sugerencias de varios centros de excelencia y de las universidades, que habían advertido que la contratación indefinida de todos los investigadores ligados a proyectos sufragados con fondos europeos podría poner en riesgo la propia supervivencia de muchos de esos centros de investigación.
La propuesta del PP en el Senado fue respaldada también por Vox, PNV, Junts y ERC -que en el Congreso había votado en sentido contrario-. El PP justificó la importancia de ese cambio en la necesidad de equiparar todas las contrataciones y de evitar cualquier forma de discriminación en ese sentido según el origen de los fondos con los que se financia una contratación, siempre y cuando esos fondos sean europeos.
Desde el Gobierno, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha insistido en que este cambio "empeora" la Ley y va a propiciar que se perpetúe la temporalidad de muchos contratos de investigación cuando estén asociados a determinados fondos europeos.
La enmienda del PP "perjudica al personal investigador; su estabilidad laboral, la que tanto se merecen, depende de que esta enmienda no salga adelante", escribió la ministra en su cuenta de Twitter, donde ha utilizado además la etiqueta #NoaEnmienda76.
Este "hashtag", junto al de #LeyDeLaCienciaConDerechos, está siendo utilizado desde hace varias semanas en las redes sociales por numerosos científicos, asociaciones de investigadores y sindicatos (como la Coordinadora Marea Roja de la Investigación; la Federación de Jóvenes Investigadores-Precarios; o CCOO) para reclamar al Congreso que descarte el cambio incorporado en el Senado y rechazar la precariedad laboral en el sector.
