España tiene un "aprobado raspado" en la lucha contra la corrupción. En concreto, ha obtenido tan solo una puntuación de 60/100 en el último estudio sobre la materia realizado por la ONG Transparencia Internacional en España.
Esta organización es conocida mundialmente por su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en el cual España obtiene este año una puntuación de 60/100, una posición intermedia en la tabla, lejos de los primeros puestos de los países escandinavos.
El director ejecutivo de la ONG, David Martínez, asegura que el país tiene demasiados "agujeros negros" en el combate a la corrupción, una lacra que en escándalos como el caso Koldo se habría quizás podido prevenir con instrumentos como los pactos de integridad que impulsa la organización en todo el mundo.
"España tiene muchísimos deberes por hacer. El país aprueba muy justo, consigue un aprobado raspado" en muchos aspectos del combate contra la corrupción, según afirma Martínez en declaraciones a EFE.
Martínez cita un largo listado de deberes para que España sea homologable a otros de su entorno en materia de lucha anticorrupción.
"España no tiene una ley de 'lobbies' -no hay un registro como el de la UE de los grupos de interés ante las instituciones comunitarias-, y se siguen concediendo 'golden visas' (visados dorados). Se han eliminado órganos independientes autonómicos de supervisión y control, entre ellos la oficina (anticorrupción) de Baleares", enumera como ejemplo.
Pactos de integridad contra la corrupción
Según Martínez, los pactos de integridad son "una especie de contrato voluntario donde tres partes -administraciones públicas, empresas que licitan y fiscalizadores externos- se comprometen a cumplir una serie de obligaciones y requisitos más allá de los controles ordinarios" que contempla la Administración.
"Es un documento que firma la parte contratante -un ministerio, por ejemplo-, las empresas que compiten por hacerse con una licitación pública y una organización de la sociedad civil, que ejerce como monitora independiente", subraya el responsable de la ONG.
En esos pactos, la ONG observadora, en coordinación con Transparencia Internacional, ejerce un control sobre todas las fases contractuales: desde que se redacta y lanza la licitación hasta su ejecución, para vigilar que todas las fases se cumplen correctamente.
"La contratación pública es el área más vulnerable a la corrupción en todo el mundo, y el mayor problema es que, muchas veces, los controles se producen una vez que ya está todo decidido. Si hay una contratación definida o predefinida y se sabe quién va a ser seleccionado para determinado contrato, los controles 'ex post' no van a detectar nada o casi nada de irregular. A posteriori no sirven", subraya.
Si hubiesen estado activados los pactos de integridad -o instrumentos parecidos de control y transparencia-, la probabilidad de que se produjeran situaciones como el caso Koldo u otros similares habría sido muchísimo menor, apunta Martínez.
Hasta la fecha, la rama española de la ONG ha firmado pactos de este tipo con el Ayuntamiento de Madrid, con la Generalitat valenciana y dos con la comunidad de Castilla la Mancha, y aspira a aumentar el número de estos contratos de cumplimiento voluntario.
Los diputados y senadores, en la mira de la ONG
La ONG pone el foco en la muy limitada, a su juicio, fiscalización de las declaraciones de bienes de diputados y senadores.
"La transparencia parlamentaria en España tiene un déficit enorme. Las declaraciones de bienes y de la renta de diputados y senadores no cumplen unos requisitos mínimos. Las declaraciones de los diputados se publican en formato PDF escaneado, lejos de cualquier estándar de datos abiertos e interoperables", advierte.
"Se ha creado la Oficina de Conflictos de Interés en las Cortes Generales, pero no está dotada de capacidad sancionadora ni tiene poder de control ni de verificación de la información. Se ha dejado como un simple órgano decorativo, consultivo", lamenta Martínez.
