La consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, vicepresidida por Alberto López Viejo pagó 178.000 euros públicos a una empresa de Gürtel para que financiara actos electorales del Partido Popular. Así lo confirma un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por parte de la Unidad de Auxilio Judicial de la Audiencia Tributaria. La trama utilizó una sociedad pantalla para disimular su elevada facturación con el gobierno autonómico. La presidenta de la Comunidad de Madrid era en ese momento Esperanza Aguirre, que se ha mostrado recientemente "abochornada" por la corrupción del PP en los casos Bárcenas y Gürtel.
Con este dinero se financiaron actos electorales en las elecciones autonómicas y municipales de 2007. En las facturas se reflejan como "gastos por seguimiento electoral". Según informa el diario 'El Mundo', la empresa que habría realizado esos trabajos teóricamente fue MQM (Marketing Quality Management), aunque el trabajo en realidad lo ejecutó Diseño Asimétrico, una sociedad vinculada con la trama Gürtel.
En las facturas que pagó la CAM a MQM aparecen dos tipos de conceptos: "Toma de posesion" (que según fuentes de la investigación correspondería a actos institucionales) y "seguimiento electoral", que según fuentes de la investigación sí corresponderían a actos del PP. Estas siete facturas de seguimiento electoral suman los citados 178.000 euros. Según la Agencia Tributaria, Diseño Asimétrico y MQM firmaron un acuerdo de subcontrata el 27 de abril de 2007 por el cual uno subcontrataba el 100% de sus actividades al otro a cambio de una asignación por el simple hecho de poner su nombre. Según la AT, el motivo es que MQM era "un mero velo".
Respuesta de la Comunidad
El PP de Madrid ha desmentido mediante un comunicado el uso de este dinero público para los actos de campaña del partido. La consejería justifica la financiación utilizada para el desarrollo de “actos institucionales” como el “seguimiento de las elecciones” y posterior “acto de toma de posesión”. El comunicado se ampara en el artículo 130 de la Ley Electoral que describe los gastos vinculados al desarrollo de las elecciones. Esta normativa no reconoce al “seguimiento del recuento de votos” como parte de los actos de un partido. El PP ha declarado que el Tribunal de Cuentas, encargado de auditar sus cuentas, no “admitiría dichos gastos como gastos electorales”.
También la propia Esperanza Aguirre ha querido salir al paso de las informaciones publicadas por El Mundo para desmentirlas.
