"Limitaciones". "Operatividad notablemente inferior". "Obsolescencias". El control de la frontera sur de Europa no es, ni mucho, perfecto, y el Ministerio del Interior ha decidido hacer una fuerte inversión para 'tapar' los agujeros que ha detectado en la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas en las costas de Huelva y Almería. Para ello ha licitado sendos contratos en los que invertirá algo más de 5 millones de euros para "actualizar y modernizar" las instalaciones y medios electrónicos del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que opera la Guardia Civil para la localización de pateras y narcobarcos. El plan prevé la instalación de "nuevas estaciones sensoras" en dos zonas de las costa Sur en la que se ha detectado "un alto nivel de actividades" relacionadas con todo tipo de tráficos ilegales. Hace sólo unos meses ya tuvo que desembolsar otro millón de euros para reparar una de estas estaciones de la provincia de Granada, totalmente inutilizada tras un sabotaje.
El Gobierno reconoce que las "limitaciones" y "obsolescencias" de los equipos actuales del SIVE en Huelva y Almeria han provocado una pérdida "notable" de eficacia
La licitación, que se hará bajo el sistema de "no difusión" de los pliegos técnicos ya que afecta a "los ámbitos de la defensa y de la seguridad", prevé, en concreto, gastar 2.813.250 euros en el SIVE de Almería y otros 2.208.250 euros en el de Huelva. Un desembolso en el que el Gobierno espera contar con la cofinanciación de la Unión Europea dentro del Fondo Europeo para las Fronteras Exteriores, según se recoge en la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En la misma se detalla que la previsión es que, tras la adjudicación de los dos contratos, se empiecen las labores de mejora en octubre de 2015 y que las mismas se prolonguen durante 24 meses. Por tanto, las nuevas instalaciones no estarían plenamente operativas hasta el otoño de 2017.
Interior justifica la fuerte inversión en la antigüedad de las instalaciones del SIVE en Huelva y Almería, que han provocado "limitaciones en la operatividad del mismo". Los responsables del departamento de Jorge Fernández Díaz destacan que en gran parte esas carencias son fruto del "desgaste" de los propios equipos, pero también del "cambio en las telecnologías" y de "las nuevas necesidades surgidas con la propia evolución del sistema". Ello ha llevado a que en las costas de ambas provincias, la capacidad de detección preventiva de embarcaciones sea "notablemente inferior" a otras zonas de la costa donde recientemente se han realizado labores de mantenimiento y mejora.
Por ello, plantea una "actualización y modernización" del sistema, pero también "un replanteamiento de parte de su concepción operativa y tecnológica inicial". Para ello, plantea la necesidad de modificar y adaptar los nuevos equipos, pero también la adquisición "de nuevos sensores más modernos que suplan la obsolescencia de los actualmente instalados". De hecho, está prevista también la instalación de "nuevas estaciones sensores" en lugares donde hasta ahora no se había desplegado esta tecnología. El objetivo: hacer frente a lo que reconoce como "un alto nivel de actividades relacionadas con la inmigración ilegal y con la actuación de redes dedicadas a tráficos ilegales" en referencia a los 'narcobarcos'. Para ello, plantea la adquisición y renovación de "radares, sistemas optrónicos y redes de transmisión de datos por microondas", así como la renovación del "centro integrado de gestión o de mando y control" en las dos provincias para que desde el mismo se tenga información sobre lo que ocurre en el Estrecho "en tiempo real".
El sabotaje de Granada
Estos contratos no son, sin embargo, los únicos que ha tenido que afrontar Interior en los últimos meses para mantener operativo el SIVE. El pasado mes de noviembre se vio obligado a licitar por un importe cercano al millón de euros la adquisición del material necesario para poner de nuevo en funcionamiento una de las tres estaciones sensoras que tiene en la provincia de Granada. La culpa la tuvo el incendio que el 13 de junio de 2013, hace ahora dos años, había arrasado las instalaciones y las dejó totalmente inutilizables. La investigación sobre aquel suceso arrojó que el mismo fue "presumiblemente provocado" y que también provocó un importante 'agujero' de seguridad en la lucha contra la inmigración y el narcotráfico en esta zona del Mediterráneo.
Interior licitó en noviembre el contrato para subsanar las "carencias" que había provocado en el SIVE un sabotaje en una estación sensora de Granada
Entonces, Interior justificó el elevado gasto en que "la reposición de esta estación sensora es totalmente necesaria para el mantenimiento de la operatividad del sistema en una zona en la que se registra un alto nivel de actividades relacionadas con la inmigración ilegal y con la actuación de redes dedicadas a tráfico ilegales", un argumento idéntico al que ahora esgrime para renovar el sistema en Huelva y Granada. De hecho, entonces recalcaba que desde la destrucción de la misma el "despliegue del SIVE en esta zona presenta importantes disfunciones y carencias que deben subsanarse a la mayor urgencia posible". "Por ello -continúaba el pliego- se considera que existen razones de interés público que aconsejan la tramitación del expediente de contratación por el procedimiento de urgencia". Así se hizo.
