El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha calificado de "repugnante" y "deleznable" el acto convocado este sábado por el colectivo de expresos de ETA que han salido de la cárcel tras la anulación de la 'doctrina Parot', pero ha recalcado que es el juez el que tiene la "última palabra" en relación con la prohibición o no de esta reunión que se celebrará en un matadero de la localidad vizcaína de Durango. "El lugar donde se ha convocado el aquelarre es un antiguo matadero. No sé si lo eligieron con ese conocimiento previo pero va muy buen para el caso", ha declarado Fernández Díaz en una rueda de prensa en la sede de su departamento para hacer balance de los datos sobre seguridad vial.
El titular de Interior ha señalado que el juez Santiago Pedraz ha solicitado informes a la Policía y la Guardia Civil antes de decidir si toma alguna medida en relación con esa reunión en Durango y ha añadido que los Cuerpos de Seguridad del Estado "darán la información" que se les solicite "en la medida de sus posibilidades". Eso sí, ha insistido en que es un asunto que está "judicializado" y residenciado en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. "El juez es el que tiene la última palabra", ha dicho, para añadir que acatarán lo que éste decida.
En cualquier caso, ha manifestado que la Guardia Civil y la Policía estarán "muy pendientes" de lo que suceda por si tiene lugar alguna conducta que pueda ser constitutiva de delito. "Estarán muy atentos y si hay alguna conducta susceptible de delito, inmediatamente se pondrá en conocimiento de la Audiencia Nacional", ha abundado.
Dicho esto, ha querido hacer una "valoración política" para asegurar que esa reunión es "absolutamente deleznable" y "repugnante" porque las personas convocadas están "libres", pero en ningún momento se han arrepentido de sus "crímenes horribles", no han pedido perdón a las víctimas, no se han "desvinculado" de ETA ni han pedido a la organización terrorista que se disuelva.
Por eso, el titular de Interior ha recalcado que si ese acto de los excarcelados por la derogación de la doctrina Parot se produce finalmente les "merecerá un profundo dolor y una profunda repugnancia".
Posible ilegalización de Sortu
Al ser preguntado si se puede instar la ilegalización de Sortu y Bildu si apoyan ese acto, Fernández Díaz ha advertido de que hay que ser "muy escrupulosos" porque si se toma una iniciativa de esas características es "para ganar", ya que "si no sería peor el remedio que la enfermedad". "Pero que tengan muy claro Bildu y Sortu que lo que dijo el Tribunal Constitucional y la Ley de Partidos Políticos, que están muy vigentes. Legalidad no significa impunidad", ha recalcado el ministro del Interior.
En este sentido, ha subrayado que conductas de enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas o "equiparación" de víctimas y verdugos" de una manera reiterada incurrirían en los supuestos fijados por el Tribunal Constitucional que podrían dar lugar al "incidente de ilegalización sobrevenida". "El contador hace tiempo que dejó de estar a cero", ha avisado.
Investigación abierta por la defensora del pueblo
En cuanto a la decisión de la Defensora del Pueblo de abrir una investigación sobre los trámites que se han seguido para aplicar la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anula la doctrina Parot, el ministro ha expresado su respeto a esa decisión y ha subrayado que el Gobierno ya dijo en su momento que la valoración jurídica del fallo correspondía a los tribunales competentes.
Así, ha recordado que un informe de la Abogacía del Estado les informó de que "no había margen" para que el Gobierno pudiera actuar. Según ha añadido, el Poder Judicial es "independiente", ha valorado jurídicamente ese fallo de Estrasburgo y lo ha ejecutado.
