ETA dedicaba alrededor de un millón de euros anuales para sus presos, con dotaciones que se situaban en 150 euros al mes para los encarcelados en España y más de 170 para los que estaban en Francia, según una nota interna de 2004 presentada hoy ante el Tribunal de lo Criminal de París.
El comandante de la Subdirección Antiterrorista de la policía francesa (SDAT) Stéphane Durey indicó que de acuerdo con ese documento requisado a la banda, en ese momento había unos 550 presos en las prisiones de los dos países que entraban en dos de las seis categorías que daban derecho a recibir subsidios.
Las dos categorías eran los colaboradores y los miembros de los comandos, precisó Durey en el proceso en apelación contra los exdirigentes etarras Mikel Albisu y María Soledad Iparraguirre, capturados en una casa de Salies de Béarn en octubre de 2004 y condenados en primera instancia cada uno a 20 años de cárcel. El oficial de la SDAT, que estuvo comentando diferentes documentos incautados a la pareja en la vivienda que ocupaban en el suroeste de Francia cuando fueron capturados, señaló que las diferencias de las retribuciones en España y Francia se debían a la evaluación por la banda del coste de la vida en uno y otro país.
El impuesto revolucionario
En cuanto a la financiación, el presidente del tribunal, Pascal Lemoine, detalló otro documento en que se reflejaba que en 2002 ETA había ingresado 1,4 millones de euros por el llamado "impuesto revolucionario", 14.250 euros por contribuciones voluntarias y 100.000 euros de otras fuentes. Durey aludió a un documento atribuido a Iparraguirre -acusada de ser la responsable de la tesorería de la banda- en la que pedía a los jefes de los aparatos que se implicaran en la contabilidad porque "la situación financiera de ETA se iba deteriorando año tras año".
El presidente del tribunal leyó también varios documentos encontrados en Salies de Béarn sobre la demanda que ETA había hecho desde 2002 al exfutbolista Txiki Begiristain para que contribuyera a la financiación de la banda con 6.000 euros anuales. Lemoine se detuvo, en particular, en un cruce de cartas entre la estructura de la banda dedicada a la extorsión, Gezi, y la cuñada de Begiristain, Liarni Armendáriz González, una etarra que estaba entonces en prisión y que se quejaba en términos duros de que la banda estuviera chantajeando a su familia.
Gezi negaba, en un mensaje de mayo de 2003 de respuesta a Armendáriz, haber amenazado al exfutbolista y haberle exigido el "impuesto revolucionario". Según la versión de la organización terrorista, se habían dirigido a él "de abertzale a abertzale", le pedían colaboración para su causa de forma "voluntaria" y le indicaban que podía decidir la cantidad y la frecuencia que estaba dispuesto a pagar, pero al mismo tiempo le sugerían la cantidad de "6.000 euros anuales".
La etarra en prisión entendió en cambio que esos mensajes conllevaban "una amenaza implícita" e instó a ETA a que corrigiera e incluso pidiera perdón, porque no quería que su madre volviera a "llorar" por culpa de la banda. ETA se reafirmó en su posición, consideró que Armendáriz tenía las facultades mentales alteradas, que había una "manipulación" en la interpretación que la familia de ésta había hecho de sus procedimientos, y reiteraba a Begiristain que tenía que contactar con ETA formalmente.
Iparraguirre, acusada de ser entonces la responsable de finanzas de ETA y la que dirigía las operaciones de extorsión, se negó hoy a dar explicaciones al tribunal, como viene haciendo desde el principio del proceso, con su habitual "no tengo nada que decir".
