La tregua perjudica gravemente la salud... al menos la de los presos de ETA. Un informe hecho público el pasado mes de noviembre por el colectivo de médicos 'Jaiki Hadi', cercano a la izquierda abertzale, afirmaba que entonces, con el anuncio de fin de los atentados aún reciente, eran siete los reclusos de la organización terrorista que sufrían graves problemas de salud. Los facultativos aseguraban, además, que de todos ellos sólo uno necesitaba urgentemente ser excarcelado, mientras que para los otros seis reclamaban su acercamiento a cárceles del País Vasco y Navarra para "garantizar un seguimiento estricto y continuado de su enfermedad". Nueve meses después, y con la banda armada aún sin actividad terrorista, este número se ha multiplicado por dos. Ahora, la izquierda abertzale reclama la puesta en libertad de catorce presos, entre ellos Josu Uribetxebarria Bolinaga, el etarra que sufre un cárcel terminal y que fue condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Curiosamente, en la lista de noviembre no aparecía el nombre de Uribetxeberria, al que el viernes pasado Interior concedió el tecer grado penitenciario como paso previo a su excarcelación por razones humanitarias.
En la lista de noviembre no aparecía Uribetxebarria, el etarra cuya excarcelación está próxima por sufrir un cáncer terminal
En concreto, en el informe de noviembre, el grupo de médicos pedía únicamente la puesta en libertad de Jesús María Martín Hernando y el acercamiento a cárceles próximas al País Vasco y Navarra de Gotzone López de Luzuriaga Fernández, Inmaculada Berriozabal Bernas, José Ángel Biguri Camino, Iñaki Etxeberria Martín, Jesús María Mendinueta Flores y el dirigente de ETA Jose Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri. Del primero, en concreto, aseguraban que había sido diagnosticado de un "trastorno esquizo-afectivo con componente delirante". Recluido actualmente en la cárcel madrileña de Soto de Real, tras pasar ocho años en prisiones francesas, el informe recalcaba que Martín Hernando protagonizó en 2010 un intento de suicidio que le produjo lesiones graves y que desde hace tiempo venía sufriendo episodios de paranoia grave. Para los médicos de 'Jaiki Hadi', su permanencia en prisión había "perjudicado" la evolución de su enfermedad y, por tanto, era urgente ya entonces su "puesta en libertad total".
De los otros seis reclusos incluidos en la lista de noviembre, dos de ellos alegaban sufrir cáncer. En concreto, a Gotzone López de Luzuriaga le habían diagnosticado en 2007 un tumor de mama que le fue extirpado ese mismo año, y a José Ángel Biguri se le había detectado un cáncer de prostata del que fue operado en octubre de 2011. De los otros cuatro reclusos, el informe del colectivo médico recogía dolencia diversas. Así, de Iñaki Etxeberría afirmaba que padecía una "miopía magna" que ya le había ocasionada ceguera en su ojo derecho. A Jesús María Mendinueta los médicos de la izquierda abertzale le detectaron varias hernias discales que le provocaban migrañas e insominio crónico. De Arizkuren Ruiz, aseguraban que sufría problemas cardiacos, además de hernia de hiato y espasmos esofágicos. Inmaculada Berriozabal, de 61 años de edad y condenada a 8 años y medio de cárcel, era la que presentaba ya hace nueve meses un historial médico más amplio: diabetes, hepatitis B, asma bronquial, artropatía psoriásica, hipertensión, sinusitis, insomnio crónico y obesidad, además de tener una protesis en la rodilla izquierda.
En los últimos meses, se han sumado a ellos otros siete reclusos de la banda armada hasta completar la lista de catorce cuya excarcelación reclama en las últimas semanas la izquierda abertzale. Entre ellos está Uribetxebarria, a quien los médicos han diagnosticado un cáncer terminal que con un 90% de probabilidad le ocasionará la muerte antes de un año. Junto a él se han incorporado a la lista tres reclusos que sufren dolencias cardiacas: Iñaki Erro Zazu, José Ramón López de Abetxuko y el que fuera dirigente de la banda Isidro Garalde, Mamarru. De este último, las asociaciones de apoyo a los reclusos etarras destacan que también sufre problemas de próstata y cataratas. A otros dos, Aitzol Gogorza Otaegi y José Miguel Etxeandia Meabe, se les ha diagnosticado trastornos obsesivos compulsivos. Exteandía suma a su expediente médico una hepatitis C. Por último, Gari Arruarte Santa Cruz padece diferentes problemas oseos, uno de los cuales le ha llevado ya a un quirófano.
Críticas a la política penitenciaria francesa
El informe del colectivo 'Jaiki Hadi' no incluye a ningún etarra recluido en cárceles francesas, donde en la actualidad hay más de 130 etarras encarcelados y pese a que los propios autores del documento consideraban ya en noviembre que las condiciones sanitarias en las mismas son en muchos casos "muy deficitarias" y peores que en las españolas. En este sentido, la izquierda abertzale reconoce que la legislación penitenciaria del país vecino con los reclusos enfermos es mucho más restrictiva que la de nuestro país y que, al contrario de lo que ocurre en España, ni siquiera admite la atención de lo internos por parte de médicos distintos a los de las propias cárceles. El colectivo también destaca que "en el estado francés no hay un artículo o una ley espicífica que permita la excarcelación de presos con patologías graves e incurables", como si ocurre en la legislación española, que ha permitido en los últimos años la puesta en libertad de 23 miembros de la banda terrorista.
A pesar de ello, el informe destaca que "en los últimos años se han conseguido [en Francia] la puesta en libertad provisional de algunos presos políticos vascos para los que la situación de encarcelamiento era incompatible con su estado de salud o requiremientos médicos. No obstante, el documento de noviembre recalca que para lograrlo los colectivos de apoyo han tenido que hacer "un esfuerzo ímprobo" y, además, con el resultado de una excarcelaciones en condiciones que califica de "draconianas". De hecho, destacan que aquellos presos que han salido en libertad en el país vecino por motivos de salud deben residir en el domicilio de algún ciudadano francés que se ofrezca voluntario a hacerlo y, además, las autoridades de París no les facilitan ningún documento de identidad, lo que les impide recibir ayudas económicas para su manutención o comprar medicinas. "Van acumulando las facturas del hospital", se lamentan.
