La Justicia británica autorizó la extradición del etarra convicto Antonio Troitiño a España, que le reclama por presunta falsificación de documentos y pertenencia a ETA.
Al pronunciar su dictamen, el juez Howard Riddle de la Corte de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres, consideró que "no existen impedimentos" para que el sospechoso sea entregado a las autoridades españolas.
Troitiño fue detenido por última en el Reino Unido el pasado 5 de febrero, en virtud de una nueva euroorden emitida por España, lo que dio inicio a su cuarto juicio de extradición en este país. Troitiño, de 58 años, fue detenido por última vez en el Reino Unido el pasado 5 de febrero, en virtud de una nueva euroorden dictada por España, lo que dio inicio a su cuarto juicio de extradición en este país.
Riddle autorizó la entrega solamente por el cargo de pertenencia a ETA, ya que el otro de falsificación de documentos oficiales fue anulado
Riddle dijo al procesado, que estuvo presente en la breve vista de hoy, que tiene siete días para recurrir ante el Tribunal Superior londinense, algo que el equipo de la defensa hará lo antes posible, según indicó a Efe.
En su dictamen, el juez rechaza uno a uno los argumentos de la defensa y concluye que "no hubo abuso de proceso" ni "mala fe" por parte de la Audiencia Nacional española, que fracasó en otros tres intentos previos de solicitar la extradición.
Riddle autorizó la entrega solamente por el cargo de pertenencia a ETA, ya que el otro de falsificación de documentos oficiales fue anulado por él mismo en un proceso anterior, lo que significa que España no podrá procesarle por este delito.
En uno de los puntos más disputados de este juicio, Riddle dio la razón al fiscal, Ben Lloyd (que representa a la Justicia española), al aseverar que la ausencia de Troitiño del territorio español es "la única razón" por la que no se puede fijar una fecha para su juicio ni impulsar las diligencias judiciales en España.
El abogado defensor, Mark Summers, había argumentado que la Audiencia había incumplido la cláusula 12A de la Ley británica de extradición al no haber intentado entrevistar al sospechoso mediante los mecanismos disponibles de Asistencia Legal Mutua antes de pedir su entrega, que debería ser el último recurso. Sin embargo, el magistrado se dio por "satisfecho" de que la Justicia española haya argumentado de manera suficiente su manera de proceder en este caso.
