La preocupación excede el perímetro de lo que es la propia lucha antiterrorista porque desde que ETA anunció en octubre el cese “definitivo” de la violencia se ha reducido prácticamente a la mitad el número de escoltas, quedando desprotegidas personas que anteriormente estaban amenazadas por la organización terrorista. En unos casos, los servicios de protección se han retirado por completo y en otros ha visto rebajado el número de sus efectivos. También se han reducido los operativos de contravigilancia que tenían asignados algunos ex altos cargos socialistas.
Un ex alto cargo de Interior que prefiere, como es lógico, el anonimato relata así su experiencia. “Me he quedado más desprotegido que antes al dejar el Ministerio y creo que no tiene razón de ser porque el fin del terrorismo, aunque está encauzado, no está ni mucho menos cerrado”.
Entre los ex altos responsables de Interior que tuvieron relación directa con la lucha antiterrorista se opina que el paréntesis abierto por el nuevo Gobierno en la política penitenciaria, un asunto que compete casi por igual a los departamentos de Interior y de Justicia, puede servir de excusa a los activistas de ETA más reticentes al abandono definitivo de la violencia para intentar que su cúpula reconsidere la decisión tomada en octubre y, en el peor de los escenarios, vuelvan a producirse atentados.
El problema de los presos es una de las principales asignaturas pendientes que ETA y el entorno abertzale tienen por resolver y ha llevado al PNV e, incluso, al lendakari Patxi López, a reclamar públicamente al Gobierno algunos gestos que demuestren que hay buena voluntad para afrontarlo. Mariano Rajoy siempre ha condicionado cualquier medida nueva de política penitenciaria a la disolución previa de la banda, extremo este que en ningún caso contemplaron los terroristas en su comunicado de cese de la violencia del pasado octubre.
La magnitud del problema se explica a partir de las siguientes cifras: las prisiones españolas encierran a 559 presos etarras, de los cuales 121 son preventivos (a la espera de juicio) y 438 penados. De este último colectivo, 181 están sujetos al régimen ordinario, uno al régimen abierto y el resto al régimen cerrado. Esta clasificación le corresponde al juez de vigilancia penitenciaria, a partir de las características de cada recluso.
La preocupación descansa, sobre todo, en que hay un 10% de presos, aproximadamente, considerados irreductibles y que apoyan la continuación de la violencia, un esquema que serviría también para extrapolarlo a los activistas que se encuentran en libertad. Dentro de las cárceles, las últimas tomas de temperatura indican que alrededor del 85% de los reclusos están a la espera de ver como acaba la nueva hoja de ruta abierta por la izquierda abertzale.
Las características de las últimas detenciones practicadas en Francia tampoco invitan a un optimismo inamovible. Después del comunicado de ETA donde anunció el cese de la violencia, se capturó en el país vecino a Julen Múgica Andonegui y a Eintza Othandabarach, gracias a la información recabada en diversos zulos. Más recientemente, a mediados de mes cayeron los presuntos terroristas Jon Etxeberria, Iñigo Sancho y Rubén Rivero, a los que se intervino material para fabricar bombas, placas de matrículas falsas y tarjetas de identificación de guardias civiles. De forma discreta, el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, deseó que se tratara de “elementos aislados” de ETA. Tanto él como Patxi López tienen pendientes sendas entrevistas con Rajoy para abordar cambios en la política penitenciaria que no den pretextos a los violentos. Este tema a buen seguro que también estuvo sobre la mesa en la reciente entrevista que mantuvieron Zapatero y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
