El exjefe de un comando de ETA acepta una pena de ocho años de cárcel por proporcionar armas

El exjefe del comando Imanol de la banda terrorista ETA Liher Rodríguez Aretxabaleta ha aceptado este jueves en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional ser condenado a ocho años de prisión por haber abastecido en 2005 a sus compañeros armas y explosivos para cometer atentados.

El acusado ha llegado a un acuerdo de conformidad con la fiscal por el que esta ha rebajado de diez a ocho su petición de cárcel por un delito de depósito de sustancias explosivas con fines terroristas al aplicar la circunstancia atenuante de confesión.

De esta forma la sentencia recogerá los hechos plasmados por la Fiscalía en su escrito de acusación que el acusado ha reconocido haber cometido.

Según relata la fiscal, Liher Rodríguez Aretxabaleta puso en contacto en el verano de 2005 a otros dos etarras para que conformaran el comando Imanol y ejecutaran las acciones que les indicara la organización terrorista. Añade que para ello les proporcionó armas y explosivos que los miembros del comando ocultaron en un sótano en Villabona (Guipúzcoa).

Condenado a 535 años de cárcel

En el registro practicado el 29 de septiembre de 2010 en dicho sótano fueron hallados 50 bolsas con casi dos kilos de nitrato amónico cada una y otras tantas con 300 gramos de polvo de aluminio, suficiente para fabricar cien kilos de explosivo amonal, destaca la fiscal.

Además, una pistola, dos cargadores, 50 cartuchos, cordón detonante, un kilo de pentrita, ocho detonadores y un dispositivo de grabación en vídeo oculto.

Liher Rodríguez Aretxabaleta ya fue condenado en 2017 a 535 años de cárcel como autor de un atentado en el distrito madrileño de San Blas con una furgoneta bomba el 25 de mayo de 2005 en el que resultaron heridas 45 personas, 14 de ellas policías.

El exjefe de un comando de ETA, detenido en 2007

Había sido detenido en julio de 2007 en la localidad francesa de Saint Thibault junto a otro etarra y, tras ser condenado en Francia a cinco años de cárcel por delitos de terrorismo y falsificación de documentos, fue entregado a España en 2012.