La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha contratado a Ana Bustinduy Amador por ocho meses para realizar cinco informes sobre la situación del colectivo LGTBI en los países donde está presente la cooperación española. El trabajo será rembolsado con 14.460 euros (sin IVA), según aparece en el Portal de Transparencia.
La beneficiaria de este contrato externo -asistencia técnica en la jerga de la Administración pública- es hermana del exsecretario de Relaciones Internacionales de Podemos, Pablo Bustinduy, e hija de la ministra de Sanidad en uno de los gobiernos socialistas de Felipe González, Ángeles Amador. El primero fue diputado morado hasta las elecciones de abril de 2019 y durante años fue el portavoz de la formación de Pablo Iglesias en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.
Precisamente, durante las negociaciones entre PSOE y Podemos para el Gobierno de coalición, el nombre de Pablo Bustinduy apareció en algunas quinielas como posible secretario de Estado de Cooperación Internacional o director de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) ya que su partido ambicionaba dirigir las ayudas al desarrollo.
Los puestos de asistencia técnica se utilizan en la Administración para contratar a alguien ajeno a la función pública. Por tanto, son una excepción y en cada caso se tiene que justificar el motivo de dicha contratación, incluyendo un certificado de que no hay ningún funcionario que pueda desarrollar esa tarea.
En el caso de Ana Bustinduy, el departamento de Arancha González Laya indica en el Portal de Transparencia que su cometido será "el refuerzo de acciones para la erradicación de la discriminación, la violencia y cualquier vulneración de derechos por razón de orientación e identidad sexual y el empoderamiento de las personas LGTBI en los países socios de la cooperación española".
Desde la Oficina de Información Diplomática (OID) se añadió a Vozpópuli que esta persona realizará cinco informes durante los ocho meses de contrato. El primero texto consistirá en "el inventario de las estrategias, los planes y las iniciativas y acciones impulsadas desde 2010 (...) con una mención especial a los marcos de referencia estatal e internacional y a las mejores prácticas identificadas en la actuación de la Cooperación Española". Es decir, un resumen de lo realizado en la última década.
El segundo informe será una "relación de medidas" que refuerce "la erradicación de la discriminación, la violencia y cualquier vulneración de derechos por razón de orientación e identidad sexual, y a la promoción del empoderamiento de las personas LGTBI" en estos países.
Mientras, el tercer documento deberá incluir una "propuesta de indicadores y criterios" que permitan "valorar y evaluar la incorporación del enfoque de diversidad sexual en los documentos estratégicos de la Cooperación Española y, eventualmente, en otros ámbitos, como por ejemplo en las convocatorias de subvenciones".
En cuarto lugar, se le exigirá un informe "con las propuestas de proyectos" en esta área. Y, por último, habrá un documento "con la relación de las necesidades identificadas para la correcta aplicación de las propuestas formuladas (recursos, herramientas, formación, gestión de conocimiento, etc.)". Un enunciado que parece redundante con el cometido del cuarto informe.
Ana Bustinduy se presenta en su perfil de Linkedin como asesora de políticas de género en su condición de técnica de proyectos de desarrollo e inclusión social de este área. Además, cuenta con un máster en Acción Solidaria Internacional de Europa por la Universidad Carlos III de Madrid y con grados en Derecho y Filología española por la Universidad Autónoma.
En la actualidad, trabaja en el área internacional de la Fundación Secretariado Gitano tras un breve paso por Save the Children. Antes de ello, dirigió durante casi seis años una librería en Lima (Perú) llamada 'La Libre de Barranco', "un proyecto vecinal, feminista, que acerque libros a lectores críticos y fomente espacios de encuentro y participación ciudadana".
"Falsos autónomos"
Las asistencias técnicas están en el punto de mira de los representantes sindicales del Ministerio de Asuntos Exteriores ya que crean, en su opinión, "falsos autónomos". La ley de Contratos del Sector Público fue modificada en noviembre de 2017 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien bajó de 18.000 a 15.000 euros (sin IVA) el tope máximo para este tipo de contratos menores que no requieren de publicidad.
También incluyó la obligatoriedad de que transcurriesen 12 meses entre uno y otro con un mismo objeto, para evitar así el abuso que se había detectado con la concatenación de asistencias técnicas. En el caso de Ana Bustinduy, no constan trabajos previos de este tipo para el Ministerio de Asuntos Exteriores.
