Varapalo de los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli, los letrados de la Cámara avalan que la Mesa pueda no recabar la opinión del órgano de gobierno de los jueces sobre la iniciativa legislativa que pretende su reforma.
El pasado 17 de diciembre, el CGPJ instó al Congreso a enviar la propuesta que se estaba tramitando con el fin de elaborar un informe, así como a escuchar al Consejo de Europa y a las asociaciones de jueces y fiscales antes de avanzar en los trámites.
La iniciativa de los magistrados contó con el apoyo de 16 de los 21 vocales que conforman el Pleno del Consejo y escenificó el rechazo a los planes que emanan del Gobierno para la institución, tal y como publicó Vozpópuli. Entre otros aspectos, el Ejecutivo pretende que el Consejo no pueda seguir nombrando nuevos jueces mientras esté en funciones.
Ahora, los servicios jurídicos de la Cámara dejan claro que la decisión de solicitar la remisión de un informe al CGPJ es potestad de la Mesa del Congreso y destacan un precedente inmediato desfavorable para los jueces.
"La remisión por parte de la Cámara de una iniciativa legislativa al CGPJ a efectos de informe es, en definitiva, una decisión potestativa de la Mesa, siendo así que ha habido peticiones de los Grupos Parlamentarios respecto de los que la Mesa ha resuelto tanto en sentido positivo como negativo", advierten en un escrito que este miércoles será estudiado por la Mesa.
Precedente inmediato desfavorable
Los letrados destacan un precedente inmediato en el que la Mesa acordó no proceder a remitir otra proposición al CGPJ, tal y como este órgano pedía, abriendo la puerta a que los miembros de la Mesa hagan lo mismo en esta ocasión.
En lo que respecta a solicitudes cursadas por el CGPJ -explican los letrados del Congreso- ha de tenerse en cuenta que, en relación con el precedente más inmediato, la Mesa de la Cámara acordó: "Comunicar al Consejo General del Poder Judicial que no procede acceder a la solicitud de remisión de la citada Proposición de Ley".
En este caso se trataba de responder a un requerimiento para remitir un escrito sobre la Proposición de Ley de modificación del Código Penal
En este último caso se trataba de dar respuesta a una comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno del citado Consejo para que la Mesa del Congreso remitiese a dicho órgano constitucional un escrito sobre la Proposición de Ley de modificación del Código Penal en materia de convocatoria ilegal de referendos y consultas electorales. El CGPJ entendía que esta iniciativa versaba sobre materias comprendidas en el apartado primero, del artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Además de decidir cómo responde al requerimiento que le hizo el órgano de gobierno de los jueces el pasado 17 de diciembre, la Mesa estudiará este miércoles si finalmente se opta por la vía de urgencia para tramitar la mencionada reforma.
Recabar opinión de la Comisión de Venecia
En su acuerdo para instar a la Cámara a escuchar su opinión, el CGPJ ya reconoció que la decisión era potestad de la Mesa en el caso de las proposiciones de ley, pero incidió en que no podía obviarse su opinión porque se trataba de una modificación que afecta "al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial".
A juicio del órgano constitucional, con independencia de su origen, cualquier iniciativa que delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros de su órgano de gobierno debe tramitarse "dando audiencia a todos los sectores implicados".
Además de pedir al Congreso que enviase la propuesta al CGPJ y a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa para elaborar un informe, los magistrados pusieron de manifiesto la necesidad de que se diese audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta y, en particular, las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia.
