Vox formará parte del Gobierno de Extremadura de la mano del PP. Así lo han confirmado a primera hora de este viernes y finalmente han sellado a través de su firma la líder 'popular' en la región, María Guardiola, y el portavoz del partido de Santiago Abascal en el territorio, Ángel Pelayo Gordillo. El acuerdo entre ambas formaciones se ha hecho público, un pacto que consta de nueve puntos principales y un total de 60 medidas.

Ambos partidos se han comprometido a "garantizar el cambio que los extremeños" han pedido "a través de las urnas", así como "situar el interés general de los ciudadanos extremeños por encima de las diferencias
ideológicas y programáticas de ambas formaciones". Este punto hace alusión a las palabras de la propia Guardiola, que ha señalado que "todo" lo que les "separa", ha quedado "fuera del acuerdo", incluida la violencia machista.

También prometen "dotar a la región de un gobierno estable y eficiente", un Ejecutivo que, según ha defendido la 'popular', será además "sensato y moderado".

Pero entre lo más destacado se encuentra la fórmula pactada para "modificar el Reglamento de la Asamblea" y así "garantizar que la composición de la Mesa sea proporcional al número de integrantes de cada grupo parlamentario".

Acuerdo de PP y Vox en Extremadura by Vozpopuli on Scribd

Dando por sentado que Vox promete apoyar la investidura de Guardiola y que, como se ha conocido a primera hora de la mañana, el partido dirigirá la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, el acuerdo indica que
"el senador por designación autonómica que corresponde proponer al Grupo Parlamentario Popular (PP) recaerá en un diputado de Vox".

Puntos más polémicos del acuerdo

Las formaciones han dividido el documento en varios apartados: economía, fiscalidad y empleo; mundo rural, agua y patrimonio natural; educación y cultura; sanidad; políticas sociales, familias y vivienda; libertad, desarrollo social y económico; reducción de gasto público; y seguridad.

Protección de la caza y la tauromaquia

Respecto al mundo rural, de cuyas políticas se hará cargo Vox, aseguran que defenderán "sus tradiciones, fiestas, modo de vida y actividad económica esencial" para el desarrollo de Extremadura y de toda España", así como uno de los puntos clave, se comprometen "a cumplir con el acuerdo de 'Responsabilidad Política por la caza' para "el fomento de la actividad cinegética".

Garantizaremos la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura (...)

El pacto asegura que las formaciones protegerán "la tauromaquia como fuente de cultura, riqueza y sostenimiento de la dehesa". "Acometeremos y defenderemos las reformas necesarias para contrarrestar los perjuicios de la Ley de bienestar animal y preservar los derechos de los cazadores", añaden.

Neutralidad ideológica de la enseñanza

"Garantizaremos la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura y fomentaremos la igualdad de oportunidades asegurando la libre elección de centro en todas las etapas educativas", señala el texto. Además, en cuanto a las familias, aprobarán una "Ley integral de protección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad, con deducciones fiscales para el nacimiento". Así, aseguran que defenderán "los derechos de las familias".

En este punto es en el único en el que se hace alusión al machismo. Tal y como ha reconocido la líder del PP, "la violencia explícita no aparece como tal", pero afirman que trabajarán "para erradicar de la comunidad los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer".

Derogación de la Ley de Memoria Histórica

En cuanto a la Ley de Memoria Histórica, que también ha sido protagonista de momentos controvertidos, aseguran que promoverán "la concordia y el respeto a la memoria de todos los extremeños y españoles". Ambas formaciones se comprometen a "impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real, y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura aprobada en 2018".

Aseveran que revisarán "la política de subvenciones con el fin de acabar con el despilfarro político e ideológico".

"La sociedad necesita acuerdos y normas de consenso, que no dividan en bandos, que no propicien la ruptura del pacto constitucional ni traten de moldear la historia para imponer una memoria parcial y sesgada", defienden ambos partidos.

Revisión de las subvenciones y okupación

Finalmente, aseveran que revisarán "la política de subvenciones con el fin de acabar con el despilfarro político e ideológico" y que, en caso de que se produzca una ocupación ilegal de un inmueble, "los poderes públicos garantizarán, dentro de sus competencias, el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado".

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