La asociación Facua-Consumidores en Acción ha manifestado su rechazo a la propuesta del Gobierno de cobrar a los usuarios de todas las carreteras estatales y regionales a partir de 2024, porque "terminará perjudicando a los usuarios que tienen menor poder adquisitivo".
La medida consta en el plan presentado a Bruselas para el acceso a los fondos del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación para paliar los efectos de la crisis económica provocada por el coronavirus.
De acuerdo con el texto que ha enviado el Ejecutivo a Bruselas, se plantea un "mecanismo de pago" para avanzar hacia "la internalización de los costes internos" bajo el principio del "usuario pagador" y de que "quien contamina, paga". El Gobierno también indica que pretende la implantación de este pago primero en la red de alta capacidad (autopistas y autovías) y posteriormente a otras redes "de forma progresiva".
Financiación del mantenimiento
Facua considera que el mantenimiento de las carreteras estatales debe estar financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que salen de los impuestos directos de los ciudadanos. Así, alerta de que la medida afectará más a los usuarios con menor poder adquisitivo, que sufrirán un "perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública".
Asimismo, valora que la medida supondrá también un "claro perjuicio" para los usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos y tienen que utilizar estas vías de manera habitual para desplazarse a centros de trabajo, colegios, hospitales, etcétera.
La organización critica también la solución del Gobierno porque considera que consistirá en un "auténtico copago o repago", al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos.
Igualmente, la asociación critica también el "momento" en el que se plantea la medida y denuncia que no existe una apuesta "clara" por fomentar un transporte colectivo "eficaz y eficiente", de manera que represente en la práctica una auténtica alternativa al uso del automóvil para los desplazamientos de los usuarios.
Ante el argumento esgrimido por el Gobierno a la Comisión Europea de que este peaje puede "generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero", Facua insta al Gobierno a que si el impacto ambiental es un motivo garantice un transporte público colectivo con infraestructuras suficientes y a un precio asequible como alternativa real al vehículo privado.
