El pasado lunes, la Policía Nacional arrestó a varios trabajadores de una funeraria valenciana por traficar de manera ilegal con los cadáveres de personas difuntas. Una situación que ha sido objeto de debate durante toda la semana y que refleja un gran problema de fondo: no existe una ley que regule los cuerpos donados a la ciencia.
Fuentes consultadas por Vozpópuli cuentan a este diario que tan solo se regula quien transporta los cuerpos, en este caso una empresa funeraria, pero que no hay legislación para nada más. El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sí fija unos criterios para las incineraciones o los entierros en cementerios, pero en el caso de los cuerpos donados a la ciencia no existe una base legal.
"Hay una falta de regulación tremenda", cuenta Teresa Vázquez, directora del Centro de Donación de Cuerpos y Salas de Disección de la Universidad Complutense de Madrid. Señala en conversación con este periódico que es la sociedad científica quien se encarga de seguir unos estándares para la recepción y cuidado de los cuerpos en base a reglamentos de otros países europeos.
Según relata a este diario, lo habitual es que la universidad tenga un convenio cerrado con una funeraria, al cual la empresa ha accedido a través de un concurso público. Apunta que estas compañías se encargan de recoger los cuerpos que la universidad ordena y que solo se aceptan donaciones. "El método más común es que el donante en vida rellene la solicitud junto a dos testigos y sus DNI. Una vez el donante fallece, la familia se lo notifica a la universidad y esta tiene 48 horas para hacerse cargo, realizar un estudio clínico y valorar si acepta la donación", señala Vázquez. Cuenta que también es posible donar el cuerpo postmortem: si el fallecido expresó la voluntad de que su cuerpo fuese donado a la ciencia, pero no tramitó la documentación, esta puede ser rellenada por sus familiares directos junto a dos testigos.
La falta de legislación es compensada con la profesionalidad del sector funerario en España. Según Alejandro Quinzán, secretario general de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF), sería injusto castigar a un sector con 12.000 profesionales y más de 460.000 servicios anuales que actúa con "respeto, discreción y profesionalidad" porque haya unos "garbanzos negros". Señala que es un "caso aislado" y que desde su organismo "se persigue y condena" a quien utiliza su sector para delinquir.
Cuenta que la funeraria siempre sabe cuando un cuerpo va a ser donado a la ciencia, ya que se les comunica que este será utilizado "para estudios científicos". Señala que la universidad se encarga de los gastos del traslado hasta el centro y su posterior entierro o incineración una vez estos han sido utilizados. "No comercializamos con los cuerpos, ya que estos son donados. Lo que se fija es un precio por traslado y la incineración", cuenta Quinzán a este diario.
Según Teresa Vázquez, en Valencia se han hecho mal dos cosas: "Por un lado, la presunta falsificación documental, ya que es el donante quien elige donar su cuerpo y a qué universidad. Por otro lado, el centro, privado en este caso, no tiene que recurrir a este circuito alternativo, ya que las universidades públicas suelen tener cuerpos disponibles obtenidos de forma regulada y ética".
Cuenta que en muchas ocasiones, las universidades de las grandes capitales suelen tener más solicitudes de las que pueden atender, de modo que estos cuerpos se trasladan a universidades de municipios más pequeños y que, por tanto, no tienen tan fácil acceder a ellos. En esto coincide Quinzán: "Hay provincias donde hay overbooking, mientras que en otros casos ocurre lo contrario, es la universidad quien solicita recursos".
