La Fiscalía Anticorrupción tiene en su punto de mira al embajador en el Reino Unido, Federico Trillo-Figueroa, en lo que se ha dado en llamar trama eólica, cuyas diligencias se abrieron en Castilla y León por el cobro de comisiones sin justificación por supuestos servicios de asesoramiento en la construcción de parques de energías renovables en la comunidad autónoma.
Junto al expresidente del Congreso y exministro de Defensa se hallan implicados el exdiputado Vicente Martínez-Pujalte y la exsenadora Ana María Tormé. El escándalo motivó la retirada de la política de Martínez Pujalte y que Tormé no concurriera a las elecciones del 20D. No tuvo el mismo impacto para Trillo, fervorosamente defendido por el Partido Popular en este asunto.
La Fiscalía Anticorrupción basa su investigación en un informe de la Agencia Tributaria
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción tiene su antecedente en un informe de la Agencia Tributaria que se extraña del pago de 110 millones de euros entre cargos de la Junta de Castilla y León, políticos y asesores, en estrecha colaboración con empresas de la región, por favorecer la concesión de autorizaciones de unos cincuenta parques eólicos en los últimos diez años.
Con el fiscal Tomás Herranz al mando, las pesquisas incluyen los negocios privados de Federico Trillo, Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Tormé, que cobraron por supuestos servicios de asesoramiento cuando eran parlamentarios, según ha informado Colpisa. La gestión era a través de sus despachos profesionales.
La instrucción de Anticorrupción maneja los datos de pagos recibidos sin justificación a través de sus despachos por parte del Grupo Collosa (Construcción y Obras Llorente, ahora Corporación Llorente), empresa constructora de Valladolid especializada en obra pública. La Agencia Tributaria señala a Collosa como una de las partes beneficiadas con el sistema de aprobación de los parques eólicos.
Estudios Jurídicos Labor es el nombre del despacho de la familia Trillo, que está inscrito a nombre de tres de sus cinco hijos. Este despacho percibió 354.560 euros entre los años 2006 a 2008 , a razón de 9.000 euros cada mes por «asesoramiento general y jurídico» a Collosa. El requerimiento de Hacienda obligó a Collosa a mostrar estas facturas, pero no pudo acreditar que correspondieran a los servicios descritos, porque los informes no existen. La compañía afirma que eran "verbales". Con la investigación todavía abierta, tanto Trillo como Martínez Pujalte se han personado con abogado en las diligencias para conocer de primera mano su situación.
Este despacho también prestó servicio al PP en una de las épocas más comprometidas del partido, en pleno caso Gürtel. Según documentación de la contabilidad oficial del PP a la que tuvo acceso Vozpópuli, la sociedad facturó a Génova dos trabajos de asesoría jurídica en 2009 por valor de casi 100.000 euros.
El blindaje a cargo del Partido Popular
Las informaciones sobre estos cobros en abril de 2015 provocaron una batería de iniciativas parlamentarias del PSOE, entre las que figuraban la petición de cese del embajador de España en Londres por haber percibido dinero de la constructora y una moción para establecer la dedicación exclusiva de parlamentarios.
El PSOE pidió la destitución de Federico Trillo como embajador en Londres
El Partido Popular protegió a Trillo en un debate parlamentario donde abundaron la sucesión de reproches al partido del Gobierno por su manera de reaccionar ante la corrupción propia. Fue el diputado popular Rafael Merino el encargado de defender a Trillo y Martínez Pujalte.
Los cobros de la constructora que contrataba con la administración se realizaron mientras Trillo y Martínez Pujalte eran diputados, algo que ellos confirmaron, pero que según sus palabras era absolutamente legal. Por eso el PSOE presentó una moción que estableciera un sistema de incompatibilidad mucho más estricto. El PP tumbó la propuesta para que diputados y senadores pudieran seguir simultaneando su actividad parlamentaria con los negocios privados.
Una embajada polémica
Aunque el ministro del ramo, José Manuel García-Margallo, había verbalizado que los cargos en las embajadas se destinarían únicamente a personal del cuerpo diplomático, con Federico Trillo se hizo una excepción. El 30 de marzo de 2012 era designado para representar a España en el Reino Unido. Este nombramiento generó varias polémicas añadidas. Al supuesto trato de favor hubo que sumarle la presunta idoneidad de alguien que no dominaba hasta entonces la lengua de Shakespeare.
Pero no acaban aquí las irregularidades. Julia de Micheo Carrillo, su más estrecha colaboradora, le sustituyó como diputada por Alicante. Después, sin tener en cuenta la normativa, logró que Julia de Micheo trabajara para él en Londres como asistente. No importó que dejara de asistir a los plenos del Congreso.
En su estancia en Londres a Trillo le crecen los problemas. En abril del año pasado el Juzgado de lo Social número 5 de Madrid le absolvió del delito de acoso laboral, demanda interpuesta por su exsecretaria Teresa Hernández. Sin embargo se declaró improcedente su despido disciplinario.
El Tribunal de Cuentas ha investigado el desvío de 83.000 euros a cargo de una empleada de la embajada en Londres
No es este el único asunto espinoso al que se ha tenido que enfrentar Trillo desde que ejerce como embajador en el Reino Unido. El pasado mes de noviembre se conoció que el Tribunal de Cuentas se hallaba investigando una malversación en la citada legación diplomática. Los gastos irregulares corresponden a los años 2013 y 2014. La sospecha es que una empleada ha desviado, como poco, 83.000 euros.
Entre las facturas giradas con cargo a la embajada se encuentran gastos sobre muebles, neveras, bicicletas plegables, una máquina de helados, un iPad… La acusada es una trabajadora que gestionaba la contabilidad de la consejería de información. Al Tribunal de Cuentas le llama la atención que los gastos irregulares no alertaran a su superior jerárquico, el consejero de Información. La empleada ha sido denunciada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, proceso que sigue su curso al margen del Tribunal de Cuentas.
Se da la circunstancia de que la mujer de Trillo, Amparo Molinuevo, es abogada en excedencia del Tribunal de Cuentas, organismo al que llegó en 1993 con cargo de subdirectora.
El accidente del Yak y Bárcenas
Como ministro de Defensa de José María Aznar tuvo que hacer frente a la crisis que se produjo tras el accidente del Yakolev 42 en la localidad turca de Trebzon, donde murieron 62 militares que volvían de Afganistán, el 26 de mayo de 2003. Tres de sus subordinados fueron condenados por falsificar la identificación de cadáveres. Pero Trillo no aceptó nunca su responsabilidad política.
El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas reveló durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que Trillo sufragó con dinero extraído de la 'caja B' del partido la defensa de los militares procesados por el accidente del avión Yakolev 42.
EL CASO ARÍSTEGUI
El presunto cobro de comisiones a cambio de interceder a favor de empresas españolas en la obtención de contratos en el extranjero le supuso a Gustavo de Arístegui su cese como embajador en la India. Arístegui comenzó esta labor cuando era diputado y se le acusa de haberla continuado ya como embajador en la India. La Audiencia Nacional le está investigando junto al diputado del Partido Popular Pedro Gómez de la Serna.
Tras incorporarse a los servicios centrales del Ministerio de Exteriores en Madrid, el diplomático ha pedido la excedencia voluntaria, como informó Vozpópuli. Su destitución, el pasado 18 de diciembre, se produjo tras su petición de abandonar el puesto para no perjudicar a su partido, que se encontraba en plena campaña electoral.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no empezó investigación interna alguna, en la creencia de que era responsabilidad de Hacienda. Fue la Oficina de Conflicto de Intereses de este Ministerio quien abrió expediente para investigar la posible vulneración de la ley de incompatibilidades, porque el cargo de embajador exige dedicación exclusiva. Este procedimiento se paralizó tras la apertura de un proceso en la Audiencia Nacional, dirigido por el juez José de la Mata al admitir a trámite la querella por presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
