Alberto Núñez Feijóo inaugura este viernes en Barcelona las convenciones sectoriales que el PP celebrará por toda España en las próximas semanas, adelantadas por Vozpópuli y confirmadas el pasado lunes por Elías Bendodo. La primera de estas jornadas temáticas se centrará en el problema de la ocupación de viviendas, un asunto que, en opinión de Irene Montero, "es un problema inventado" y que, tal y como saben desde Génova, divide al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
Las diferencias entre socialistas y morados quedaron patentes a finales de septiembre, cuando el PSOE presentó en el Congreso una enmienda al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia que prevé que los jueces puedan acordar “en un máximo de 48 horas” el desalojo de viviendas ocupadas.
La reacción de Podemos no se hizo esperar: "Cuando estamos negociando la ley de vivienda, salen con esto. El PSOE no está gobernando con Mayor Oreja, que se centre y sepa con la mayoría con la que cuenta. Están buscando el titular del día, pero se tienen que centrar", afirmó el diputado Rafa Mayoral.
La moción del PP
Conscientes de estas divisiones en el Gobierno de coalición, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado este mes de octubre una moción consecuencia de interpelación urgente al Ejecutivo sobre las medidas que piensa llevar a cabo ante el aumento de ocupaciones ilegales de viviendas.
En la exposición de motivos, el PP destaca que "es difícil saber cuál es exactamente la postura del Ejecutivo en esta materia, dado que algunos de sus miembros -en referencia a Podemos- amparan la ocupación ilegal, otros reconocen el problema y otros niegan la existencia del mismo". En este punto, los populares recuerdan las palabras de Irene Montero afirmando que la ocupación "es un problema inventado" en la "agenda de la derecha".
El Grupo Parlamentario que dirige Cuca Gamarra destaca que la ciudadanía reclama "justos cambios legales" en materia de ocupación ilegal y que esas reformas no restan protección a los más vulnerables: "No deben confundirse las necesidades de vivienda y su cobertura con la lucha contra la delincuencia, las actividades incívicas y las conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas y las cosas".
Desalojo en 24 horas
Por todo ello, el PP reclama, en primer lugar, el desalojo en el plazo máximo de 24 horas desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble. Además, los populares piden el "desalojo inmediato" si se está produciendo en ese momento la ocupación. Es decir, "en flagrante delito". Ese allanamiento de morada, además, debería quedar fuera de la competencia del Tribunal del Jurado.
Por otra parte, los populares apuestan por reforzar las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de cárcel; mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias; considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal; y prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de morada o domicilio, para que los ocupante no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso de alquiler.
El PP, además, pide al Gobierno que legitime a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas en contra de la ocupación y poder acudir a las autoridades cuando en ausencia del propietario los ocupantes realicen actividades prohibidas, molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
Finalmente, y para proteger a la víctima de la ocupación, el PP apuesta por devolverle las cantidades abonadas en concepto de IBI e impuesto de Patrimonio durante el tiempo que haya durado la ocupación; y considerar la vivienda ocupada ilegalmente como residencia habitual de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión, de manera que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales.
Antiprogre
El tema de los okupas es muy llamativo y sensacionalista, pero los okupas que fuerzan las puertas están enmascarando el fenómeno verdaderamente preocupante y grave que se ha generalizado como práctica habitual, alcanzando proporciones gigantescas. Me refiero a la gente que alquila una vivienda y no la paga, arruinando al propietario económica y psicológicamente. Estos parásitos gozan de la protección de los actuales legisladores socialcomunistas y sus jueces cómplices, que no hacen algo tan simple y evidente como es sacar del domicilio al morador ilegal para proteger al propietario legal y legítimo, que se ha matado a trabajar toda su vida para pagar su casa, con enorme sacrificio, sudando y pasando privaciones, y que en muchos casos es lo único que tiene.
Fernandoo
Que permitan cortar el suministro de luz y agua si esta ocupada.
lersserp
Nada hicieron cuando tuvieron mayoría absoluta, ¿ Y quién se cree que ahora, este nacionalista camuflado, hará algo ? Si hacen algo será algún maquillaje y vale, no sea que les llamen fachas.
conakri21
"Feijóo desembarca en Barcelona con una moción anti-okupa para dividir al Gobierno" ¡¡Ostras Pedrín!! Y yo, torpe de mí, que creía que lo hacía para imponer el respeto al derecho a la propiedad privada y no lo que le importe al Gobierno.
Beeblebrox
Aquí lo que hace falta es ser consecuente. Si una gente adquiere el uso de una vivienda de un delincuente que ha forzado su cerradura porque dice que no tiene medios para permitirse una de las miles de viviendas legales de todo precio y tamaño que hay en el mercado es que esa gente tiene problemas serios de todo tipo. Inmediatamente tiene que ser objeto de una intervención integral de servicios sociales para que los adultos se reinserten en el mercado laboral y los niños tengan plaza con o sin sus padres en un lugar de acogida donde se les haga un seguimiento para garantizar que comen, estudian y están sanos. Dejarlos desamparados en un piso que van a devastar en unos meses porque no tienen capacidad de hacer sostenible su estancia es una dejación de responsabiidad