El fiscal del ‘caso Pagarés’ del Grupo Nueva Rumasa pide para seis de los hijos del fallecido José María Ruiz-Mateos un total de 16 años de prisión por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y delitos contra la Hacienda Pública.
El Ministerio fiscal solicita para otros nueve colaboradores de la familia un total de setenta y siete años de cárcel por delitos similares. Solicita que se indemnice a las personas que invirtieron en los pagarés y a los afectados por los concursos.
El fiscal en el escrito que da apertura al juicio oral señala que Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Javier y Alfonso Ruiz-Mateos, en colaboración con otras personas, venían trabajando en el Grupo Nueva Rumasa, con el fin de presentarlo ante la opinión pública como un sólido holding empresarial.
Cometieron continuos delitos societarios y de estafa por lo que pide para seis de los hijos de Ruiz-Mateos 16 años para cada uno de ellos. Solicita 9 años de prisión por los delitos continuados de estafa, 4 años por blanqueo de capitales y 3 por alzamiento de bienes, además de otras penas accesorias.
Aunque la dirección última era del padre, José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada, cada uno de los hijos tenía poder de decisión en sus respectivos ámbitos de actuación. El fiscal considera que aunque se daban a conocer como ‘Grupo Nueva Rumasa’ lo que se había creado era un complejo conglomerado de sociedades, que si bien tenía una gestión común, no conformaban en el sentido que define la legislación mercantil un grupo consolidado. Carecían de una matriz común.
El patrimonio y la tesorería de las sociedades se ponían al servicio de todo el grupo, que funcionaba como una sola empresa a efectos financieros y de responsabilidad patrimonial.
El grupo era en última instancia a la familia Ruiz-Mateos, pero la mayoría de esas sociedades –según el fiscal- pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras, generalmente radicadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación. Estaban datadas en Belice, Panamá y Holanda, “lo que unido al empleo de testaferros y de despachos fiduciarios permitió durante años dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad”.
4.067 cuentas en entidades bancarias
El Ministerio Fiscal considera que el número de sociedades no puede fijarse con exactitud, pues, aunque en su propia publicidad aludían en unas ocasiones a 107 empresas y en otras a 117, sus responsables elaboraron diversos listados internos en los que figuraban hasta 164 sociedades españolas y 48 sociedades extranjeras. Los administradores concursales han podido relacionar con dicho grupo un total de 171 empresas.
La maraña de sociedades operaba con, al menos, 4.067 cuentas en entidades bancarias, especialmente del Grupo Santander Banesto, donde estaban radicadas 724 cuentas. En el Banco Etcheverría tenían 130 cuentas.
La familia tenía un reducido grupo de fieles colaboradores. Otros muchos ejercían diversos cargos puramente nominales de administración y representación en diferentes sociedades sin que tuvieron capacidad decisoria ni conocieran la situación económica ni las emisiones de pagarés.
En el año 2009, la situación del Grupo Nueva Rumasa era grave pues tenía deudas acumuladas de 577 millones y carecía de liquidez. Necesitaba 52 millones para atender sus pagos más inmediatos. Un total de 197 millones de euros vencían al año siguiente y 194,6 millones en el año 2010.
Descuento en bancos
Para paliar, en parte, esta situación recurrían al descuento bancario lo que les permitía financiación a corto plazo. Para ello utilizaban 25 sociedades instrumentales carentes de actividad y personal cuyo único objetivo era emitir facturas por operaciones inexistentes para presentar descuento en los bancos. Una de las sociedades Factoring Occidental llegó a obtener mediante este descuento en el Banco de Santander 540 millones de euros.
Además de intentar buscar un sistema para tapar este fraude, la familia tenía un presupuesto para mantener su ritmo de vida, con numerosas y costosas viviendas, de 18 millones de euros anuales. Cuando se agravó la situación de insolvencia de las empresas, y cuando los gestores comprendieron que no podían acudir a la financiación bancaria, pusieron en marcha pagarés.
Los Ruiz-Mateos lanzaron una agresiva campaña en los medios de comunicación en los que bajo la supuesta solvencia del grupo ofrecían “pagarés de empresa” en los que se prometían unos intereses superiores a los del mercado.
La publicidad se acompañaba de fotos de las bodegas, naves, centros de producción… Para escapar del control de la CNMV exigían que la inversión mínima fuera de 50.000 euros, ya que al no cotizar en ningún mercado no era necesaria la autorización de la CNMV. No se conoce el número exacto de personas que adquirieron esos pagarés, pero se calcula que fueron unas 4.110 por un importe de 337 millones de euros.
Parte de los fondos captados fue destinado a la adquisición de bienes para la familia Ruiz-Mateos. En octubre de 2010 los hijos ya habían dado órdenes de que no se pagaran los intereses. A pesar de ello, alguno de los colaboradores continuaba captando dinero o renovando las inversiones. “Se desconoce el destino último de los cuantiosos fondos en efectivo que los inversores entregaron en mano en las oficinas de Jerez”, señala el fiscal en su escrito.
En 2011 se comenzaron a presentar solicitudes de concurso de acreedores de las principales empresas productivas y para evitar los embargos judiciales los acusados transmitieron el patrimonio de esas sociedades a terceras personas.
La familia llegó a un acuerdo con Ángel Cabo y le vendió Nueva Rumasa. El acuerdo incluía que el 80% del patrimonio quedaría en manos de los Ruiz-Mateos y el 20% era para Ángel Cabo, además de otros flecos beneficiarios para ambas partes.
