El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recusado a todos los magistrados que integran la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. El máximo representante del Ministerio Público pide que se aparten a la hora de resolver sobre el recurso de su nombramiento puesto que estos mismos togados son los que han tumbado los dos nombramientos de Dolores Delgado.

De hecho, en el primero de sus pronunciamientos sobre la nulidad del ascenso de Delgado, los magistrados expusieron que el fiscal general había actuado con desviación de poder al proponerla como fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en tanto que defendió una especie de promoción automática para su exjefa cuando este supuesto no lo contempla la ley.

El duro pronunciamiento de estos magistrados se adhiere al golpe asestado este martes cuando esta misma sección anuló el actual cargo de la que fuera fiscal general del Estado. A falta de conocer la sentencia, fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que los togados reprocharán a García Ortiz que no suspendiera el Consejo Fiscal en el que se propuso el nombramiento de Delgado puesto que así lo pidieron la mayoría de los vocales que lo integran y tienen competencia para ello.

Recusación previa al segundo varapalo del TS

En consecuencia, el fiscal general ha decidido recusar a todos los magistrados que integran esta Sección, tal y como adelanta el Independiente y confirman a Vozpópuli fuentes jurídicas. De hecho, según ha podido confirmar este medio, la recusación se planteó días antes de que el alto tribunal resolviera sobre este segundo recurso contra el nombramiento de Delgado.

García Ortiz alegó que como se le acusó de desviación de poder, estos magistrados están contaminados a la hora de decidir si esta falta de idoneidad viene afectada por la acusación de desviación. Fuentes fiscales consultadas por este medio consideran que se trata de un movimiento "insólito" y que abre ahora la vía a que una Sala Superior estudie si concurre o no causa de recusación.

De hecho, si los magistrados declinan atender la petición de García Ortiz, como se prevé que pueda ocurrir, el asunto pasaría a manos de una Sala formada por el presidente del Tribunal Supremo (cargo que ejerce Francisco Marín Castán) además de los presidentes de las cinco Salas y el magistrado más antiguo y más moderno de ella. Se la conoce como 'Sala 61' precisamente porque ese es el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula su formación para resolver, entre otros asuntos, los incidentes de recusación.

El nombramiento del fiscal general

A todos los frentes abiertos contra el fiscal general se suma el recurso que interpuso la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la reelección del fiscal general a finales del pasado mayo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La asociación llevó su designación ante el alto tribunal al considerar que el varapalo del Tribunal Supremo y el rechazo del CGPJ a avalarle le hacían ser no idóneo para el cargo.

Tras la admisión del recurso, la APIF formalizó su demanda contra García Ortiz y en la misma apuntó a su "línea progubernamental" y a la "reiterada sucesión de errores jurídicos" en su cargo como máxime representante del Ministerio Fiscal.

Del mismo modo, apelaron a las negativas de García Ortiz de que el Consejo Fiscal se pronunciase acerca de cuestiones como la ley de la amnistía o también a la oleada de quejas de fiscales que le reprocharon que se pusiera de lado cuando los socios del Gobierno de Pedro Sánchez iniciaron una campaña contra jueces y fiscales que han llevado causas catalanas, incluidos los del procés, por presunto 'lawfare'.

El fiscal general, por su parte, defendió su actuación durante una entrevista este martes en TVE. García Ortiz prefirió no pronunciarse sobre este segundo revés del Tribunal Supremo hasta que no haya sentencia aunque dejó caer que el Consejo Fiscal pidió retrasar el nombramiento de Delgado con intención de dilatarlo. Igualmente recordó que el cargo del fiscal general lo elige el Gobierno como así lo establece la Constitución y que va a intentar no meterse en asuntos mediáticos y políticos porque el trabajo de los fiscales se dirime en los tribunales.

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