El último Consejo Fiscal de este 2023 culminó con un apoyo unánime a los fiscales del procés ante la escalada de ataques desde las formaciones independentistas al Poder Judicial. Sin embargo, del texto final aprobado se han recortado menciones que dotaban de una mayor contundencia al respaldo a los compañeros de la carrera fiscal; un gesto que no gustó a la mayoría de vocales del Consejo pero al que cedieron para sacar adelante el pronunciamiento conjunto de amparo.
Fuentes presentes en el Consejo consultadas por Vozpópuli aseguran que se vivieron ciertos momentos de tensión, especialmente en lo relativo a la solicitud de amparo a los fiscales de Sala del Tribunal Supremo que han liderado la causa del procés. Este era uno de los puntos del día de la reunión, en el marco de la cual se pidió un respaldo claro del órgano ante los ataques de guerra judicial (lawfare) contra el independentismo catalán.
En este contexto, los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) solicitaron al fiscal general "la aprobación del expreso amparo, reconocimiento y respaldo del Consejo Fiscal a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del procés, realizadas sin excepción conforme a la legalidad vigente".
Respuesta edulcorada
Sin embargo, durante el debate de este asunto se rebajó la contundencia del pronunciamiento eliminando del mismo alusiones como "reconocimiento y respaldo". El motivo aducido por el fiscal general fue que el Consejo Fiscal, que ejerce las funciones de su órgano asesor, solo tiene competencias para pronunciarse sobre el amparo, a tenor de lo recogido en el artículo 118 apartado q del Reglamento del Ministerio Fiscal.
Tanto los vocales de la AF como el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se mostraron disconformes con la respuesta del fiscal general ya que buscaban una reacción más enérgica tras los últimos ataques de Junts vertidos por boca de Miriam Nogueras desde la tribunal del Congreso de los Diputados. Pese a ello, accedieron para ofrecer una respuesta conjunta.
Tras la aprobación de la concesión de amparo, el fiscal general hizo una declaración institucional, que ya llevó redactada, y a la que ofreció suscribirse a todos los vocales del Consejo. Las voces consultadas explican sobre este punto que desconocían lo relativo a la declaración y que García Ortiz les trasladó su intención de que la respaldaran en su integridad, sin posibilidad de modificarla.
Esta respuesta se produjo a tenor de la petición de algunos de los allí presentes que le solicitaron que incluyera alguna alusión expresa al 'lawfare', término con el que se empezó a señalar a jueces y a fiscales tras incluirlo expresamente el acuerdo de investidura que el PSOE y Junts rubricaron a comienzos de noviembre.
Sin embargo, el fiscal general rechazó cualquier modificación de su declaración, lo que propició que los fiscales de estas dos asociaciones, que participan en el Consejo junto con los de la progresista UPF, se negaran a respaldarlo. En su declaración, el fiscal general sostuvo que, como venía reiterando en sucesivas comparecencias institucionales, manifestaba su "apoyo y defensa" de manera inequívoca a cualquier fiscal que pudiera verse "perturbado en sus funciones", con especial referencia a los fiscales del procés.
Sin alusiones al 'lawfare'
"La defensa del Estado de derecho es una función prioritaria de los y las fiscales en nuestra labor diaria ante los tribunales de justicia. El sometimiento al ordenamiento jurídico y al respeto de las instituciones públicas son la base de nuestra convivencia y del sistema democrático. De ahí la importancia de la lealtad institucional como elemento vertebrador de quienes entendemos que el Estado social y democrático de derecho es el mejor modelo de convivencia", manifestó en su declaración.
El fiscal general del Estado se atuvo a lo recogido en el orden del día y rechazó pronunciarse sobre la ley de amnistía o sobre la petición que formuló el vocal Viada tras los ataques concretos de Miriam Nogueras. En relación al primero de los asuntos, fuentes fiscales explicaron que algunos de los vocales le pidieron un pronunciamiento expreso sobre la proposición de ley que se tramita ahora en el Congreso de los Diputados.
Sin embargo, García Ortiz respondió en sintonía con lo defendido hace unas semanas cuando dijo que debía ser neutral en relación a la norma hasta su aprobación definitiva. En este caso trasladó a los vocales que un pronunciamiento sobre la amnistía excedería las competencias del Consejo Fiscal, puesto que el texto todavía no es ley, y supondría "interferir" en las facultades del poder legislativo.
Sobre los señalamientos con nombres y apellidos a jueces y las acusaciones desde Junts de "indecentes", el fiscal general instó a los jueces que se sientan damnificados a pedir amparo al CGPJ. En relación al Ministerio Fiscal dijo que lo que se le encomienda es "promover por sí o a petición de aquéllos, las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial".
Malestar entre los fiscales
Precisamente el vocal que le pidió a comienzos de semana que incluyera este asunto en el orden del día del Pleno, apeló al artículo 124 de la Constitución que determina que el Ministerio Público debe "velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción de interés social". Ante ello aludió al mandato legal que recoge la Carta Magna en aras a defender a los fiscales agraviados con los ataques de 'lawfare'.
En las últimas semanas han sido muchos los fiscales que han mostrado su malestar con el máximo representante de la institución al considerar que no ha habido un rechazo en condiciones contra los ataques de falta de imparcialidad a los fiscales que han actuado en la causa del procés.
A los reclamos de los cuatro fiscales del alto tribunal -que le pidieron amparo expreso- se han ido sumando el de otros fiscales de toda España que por carta le afearon que les "ignorara deliberadamente".
Este mismo martes los fiscales de Sala del Tribunal Supremo le remitieron otra misiva en la que le instaron a pronunciarse tras los señalamientos sin precedentes desde la tribuna del Congreso a magistrados como Pablo Llarena, Manuel Marchena, Carmen Lamela o Concepción Espejel, además de policías y periodistas.
Con todo, además del Consejo Fiscal celebrado este miércoles, el fiscal general tiene una nueva cita en la cámara baja este jueves. García Ortiz comparecerá en la Comisión de Justicia para pasar el trámite de idoneidad antes de que el Consejo de Ministros le vuelva a nombrar fiscal general del Estado.
KVLT
En Portugal la fiscalía ha hecho caer recientemente a un gobierno por mucho menos de lo que sufrimos aquí. En la Colombia de Petro (al que Feijóo aplaudía, puesto en pie), los fiscales son el azote de un gobierno corrupto medio encamado con terroristas "gorileros". Incluso en lo más siniestro del kirchnerismo, los fiscales argentinos dieron siempre una lección, en ocasiones trágica, de valentía y compromiso. Lo más desalentador es la certeza de que a este esbirro mequetrefe no sólo no se le va a exigir responsabilidad alguna por sus prevaricaciones, sino que lo más probable es que sus salivales servicios sean recompensados eventualmente con algún cargo inane con sueldo grotesco a cargo del erario público -- sin duda con el voto a favor de nuestra moderadérrima oposición.
Discobolo-60
De este mequetrefe que se podía esperar ?, Pues nada. Otro parásito más, a las órdenes del Dictador de Moncloa.