Las fiscales de Anticorrupción encargadas de la investigación del caso Púnica, María Teresa Gálvez Díez y Carmen García Cerdá, han presentado un escrito en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), cuya Sala de lo Civil y Penal instruye la acusación contra el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, en el que confirman que los hechos en los que se basa la instrucción "tienen suficiente fuerza indiciaria para iniciar la fase intermedia", en clara referencia a enviar al diputado regional del PP al banquillo de los acusados.
En este escrito del 20 de junio, las fiscales se oponen al archivo de la acusación contra el empleado del Gobierno murciano David Conesa, al tiempo que valoran los hechos como presuntamente constitutivos de un delito de fraude del artículo 436 del Código Penal, según especifica el documento enviado al magistrado de Murcia Enrique Quiñonero, que ha dado los primeros pasos para procesar a Sánchez.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se amparó en informes de cuatro fiscales de la Sala del Tribunal Supremo para concluir que no procedía elevar una exposición razonada contra Pedro Antonio Sánchez porque pese a haber contratado a la Púnica, la detención del cabecilla de la trama, Francisco Granados, abortó la operación, por lo que a su juicio no hubo daño para las arcas públicas. La postura de Maza fue confirmada y despachada en sólo 12 líneas por la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez.
De esta forma, María Teresa Gálvez Díez y Carmen García Cerdá desafían las instrucciones del fiscal general del Estado y de la teniente fiscal de Anticorrupción, que en un escrito de 13 de febrero rechazaba que se pudiera atribuir a Pedro Antonio Sánchez el delito de fraude: "Las investigaciones entrañan dificultades de deslinde de la publicidad institucional de la reputacional, a lo que se suma el hecho de que ni siquiera existen los contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas", especificaba de forma concreta el escrito de Belén Suárez.
La teniente fiscal aseguraba, además, que la cuantificación del perjuicio futuro "tampoco puede establecerse a los efectos del delito de fraude del artículo del 436 del Código Penal, en la medida en la que sólo constan las condiciones propuestas por los responsables de las sociedades en un denominado informe preventa y no la aceptación de las mismas por el citado aforado", especificaba Belén Suárez, que concluía: "Se considera que no procedería elevar exposición razonada al respecto" de Pedro Antonio Sánchez.
Ataque de Catalá
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, consideró "anómalo" que las fiscales se negaran a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Anticorrupción. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", argumentó en una entrevista de la Cadena Ser.
También señaló que "la negativa" de las fiscales a seguir la orden de Maza "generará algún tipo de actuación interna", algo que llevó a las tres asociaciones de fiscales a reprochar a Catalá sus palabras.
El propio Sánchez ha aprovechado el apoyo recibido de la Fiscalía para, en un reciente escrito dirigido al juez Quiñonero, lamentar que el magistrado no hubiera aludido al documento de la fiscal Belén Suárez en el que aseguraba que Sánchez no había cometido el delito de fraude.
Sin embargo, con el escrito de 20 de junio al TSJ murciano, las fiscales secundan por el contrario la decisión del juez Eloy Velasco, el anterior instructor del caso Púnica, que siguió adelante y acordó elevar una exposición razonada contra el expresidente murciano ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ante el que está aforado Sánchez.
La pieza separada de la Púnica murciana, tras la renuncia del magistrado Julián Pérez-Templado tras ser sorprendido junto a uno de los principales imputados en la Púnica murciana, en concreto el exdiputado y exconsejero Juan Carlos Ruiz, acabó en manos del magistrado del TSJ Enrique Quiñonero. Este juez, al igual que Velasco, considera que Pedro Antonio Sánchez pudo haber cometido tres delitos por contratar con dinero público de los cursos de formación de la Consejería de Educación al informático de la Púnica, Alejandro de Pedro, para mejorar su imagen personal en internet.
El fraude es un delito de mera actividad al consistir la acción en concertarse con otros o en usar cualquier artificio para defraudar a un ente público"
El escrito de las fiscales de 20 de junio justifica su decisión de atribuir un delito de fraude a Sánchez, que coincide también con las conclusiones del juez Velasco. Y así recuerdan que el fraude "es un delito de mera actividad, al consistir la acción en concertarse con otros o en usar cualquier artificio para defraudar a un ente público. La mera maquinación para despatrimonializar al Estado realizado por un funcionario ya rellena la tipicidad".
María Teresa Gálvez Díez y Carmen García Cerdá también recuerdan que el artículo 436 del Código Penal, que su jefa Belén Suárez consideraba que no debía atribuirse a Pedro Antonio Sánchez, "describe un delito meramente tendencial o de mera actividad, que viene a castigar verdaderos actos preparatorios ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude. Basta la simple elaboración concordada del plan criminal o la puesta en marcha de ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo".
Las fiscales recuerdan que en su declaración el propio Pedro Antonio Sánchez dijo que "nunca una prestación o servicio de imagen personal, de gestión de redes sociales o de reputación podría ser objeto de un contrato de la Consejería de Educación", entonces encabezada por el propio Sánchez.
Facturas ficticias
"Por esta razón, los servicios que ofrecían Alejandro de Pedro, José Antonio Alonso Conesa y las mercantiles EICO Online y Madiva Editorial precisaban de la cobertura de facturas ficticias de publicidad institucional, o proyectos extravagantes sobre ofertas turísticas o de formación, etc. En ningún caso se han utilizado expedientes reglados de contratación pública", relatan las fiscales.
Las representantes del Ministerio Público sostienen, asimismo, que el modus operandi del informático Alejandro de Pedro y de sus empresas se desarrollaba "al margen" de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público: "Las facturas se abonaban sin formalizarse contratos menores, ni propuestas de gasto previo ni comprobación de existencia de crédito".
Por otra parte, las fiscales consideran que David Conesa, el empleado del Gobierno murciano imputado por ayudar a Sánchez a gestionar los contratos presuntamente fraudulentos, fue el que se encargó de gestionar los acuerdos: "Intervino, una vez que el consejero dio su conformidad, en una reunión de 21 de octubre de 2014. Recordemos que el 22 de octubre de 2014 Alejandro de Pedro confirma a su jefe de comercial que se han cerrado los asuntos de reputación de [la senadora del PP] Pilar Barreiro y de Pedro Antonio Sánchez. A partir del 23 de octubre fue David Conesa el que se encargó de los detalles para llevar a término el servicio de reputación", completan María Teresa Gálvez Díez y Carmen García Cerdá.
En un segundo escrito dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ murciano, las fiscales advierten que en el sumario murciano "faltan los testimonios de los escritos de petición de la Policía Judicial, las daciones en cuenta quincenales de la UCO de la Guardia Civil e informes del Ministerio Fiscal [...] que no se han remitido a las diligencias". Y por ello, reclaman que se incorpore esa documentación, vinculada con los trabajos realizados por Alejandro de Pedro para mejorar el posicionamiento online de Pedro Antonio Sánchez.
