Las asociaciones fiscales han empezado a estudiar con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) de cara a una futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que deje en manos de los fiscales las investigaciones penales. Tras una primera toma de contacto han acordado volver a reunirse el próximo 7 de mayo.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Asociación de Fiscales (AF), se han sentado a la mesa con el jefe del Ministerio Público después de que la semana pasada éste les convocara a un encuentro para crear un grupo de trabajo que desarrolle el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) ante una nueva LeCrim. Esta última asociación, a pesar de ver poco idóneo realizar la actualización en este momento, tal y como adelantó Vozpópuli.
Fuentes conocedoras del encuentro han precisado a Europa Press que la reunión ha versado en su mayoría en estudiar sobre cómo se puede generar una comisión de estudio para modificar el Estatuto, partiendo de estudios previos que ya existían al respecto en la carrera fiscal, como el impulsado por el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce.
Con todo, las fuentes consultas han señalado que desde la AF -la asociación mayoritaria de la carrera fiscal- han insistido en la necesidad de blindar la independencia de la institución; no solo del fiscal general, sino también de los propios fiscales con un sistema transparente de adjudicación de asuntos y con transparencia en la comunicación del Gobierno.
Esta es una propuesta que la AF ha defendido en varias ocasiones y que la semana pasada trasladó al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un encuentro de cara a la nueva LeCrim.
La APIF también se ha mostrado, de forma reiterada, a favor de blindar la independencia de los fiscales y ha planteado una reforma del Estatuto para que la responsabilidad disciplinaria de los fiscales acabe en el fiscal general y no en el Ministerio de Justicia.
Debate con "todos los fiscales"
Según las fuentes consultadas, en el marco de la reunión, el fiscal general ha propuesto una metodología de trabajo y un calendario para que sean las asociaciones, amparadas por la Fiscalía General, las que comiencen los trabajos de elaboración del nuevo Estatuto.
Fuentes fiscales han recalcado que García Ortiz pretende así que "todos los fiscales" participen en la reforma al entender que "solo desde el profundo conocimiento de la carrera fiscal y de sus estructuras se pueden hacer al legislador propuestas con garantías para un nuevo Estatuto Orgánico que responda a la futura LeCrim".
La reunión entre García Ortiz y las asociaciones tiene lugar después de que el Ministerio de Justicia haya anunciado su intención de recuperar este 2024 el proyecto de una nueva LeCrim. Según las fuentes fiscales consultadas por esta agencia de noticias, desde la Fiscalía General entienden que "esta nueva ley debe ir acompañada necesariamente" de un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, lo que ha impulsado al fiscal general a convocar a la AF, la UPF, y la APIF.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 26 de marzo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, apuntó que el objetivo del Ejecutivo era "adecuar las normas de enjuiciamiento criminal al siglo XXI".
"No podemos estar luchando y juzgando delitos del siglo XXI con una norma procesal del siglo XIX. Y, por tanto, creo que es fundamental que seamos capaces de impulsar y de aprobar una Ley de Enjuiciamiento Criminal", manifestó el ministro.
Preguntado sobre si la reforma contempla acortar los plazos de instrucción como el Gobierno ofreció a Junts en febrero en el marco de las negociaciones de la ley de amnistía, Bolaños incidió en que el texto estaba en una fase "muy inicial".
La nueva LeCrim, pendiente del CGPJ
"Una vez que conozcamos cuál es la opinión que tiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues volveremos a analizar la norma y tomaremos decisiones sobre distintas cuestiones como la que usted plantea", señaló.
El ministro insistió en que el texto aún estaba "en una fase muy inicial de trabajo" porque todavía está pendiente que el CGPJ presente su informe perceptivo, que -según recordó- lleva tres años pendiente "cuando el plazo legal es un mes".
Según fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, a mediados de marzo el Ministerio de Justicia remitió al órgano una misiva en la que le apremiaba a entregar el informe. Las mismas fuentes apuntaron que era "inviable" que el Consejo presentara sus conclusiones en un plazo de una semana, pero avisaron de que estaban trabajando en el texto.
La gran novedad que plantea el borrador de la LeCrim es que se pasa del juez instructor al fiscal instructor y serán los fiscales quienes dirijan la investigación cuando la reforma entre en vigor. Eso sí, con la intervención puntual de un juez de garantías para autorizar las medidas que afecten a derechos fundamentales.
